El Negociado de Telecomunicaciones (NET) de la Junta Reglamentadora de Servicio Público, junto a la Policía de Puerto Rico y las agencias que componen el Comité Interagencial contra el Hurto de Metales, inspeccionaron centros de acopio como parte de los esfuerzos para atajar la venta ilegal de metales como el cobre.
Las intervenciones se llevaron a cabo en tres centros de acopio en el área metropolitana. “Esta práctica ilegal afecta a la industria de las telecomunicaciones y a los ciudadanos que experimentan la pérdida de servicios como las comunicaciones, energía, agua, a causa del hurto de cobre, y otros metales”, dijo el presidente del NET, Ing. Ian Carlo Serna.
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El funcionario informó que como resultado de las inspecciones se encontró que uno de los centros intervenidos no contaba con el permiso de almacenamiento de desperdicios sólidos no peligrosos. El Departamento de Recursos Naturales le dio 15 días a JR Recycling, en Caimito, para gestionar el permiso. De no cumplir, se expone al cierre de la facilidad.
Otros dos centros de acopio inspeccionados incumplían con ciertas regulaciones. Estos son Caimito Metal y Primo Metal, ambos operan en el mismo local. Los inspectores advirtieron que de no cumplir con los requerimientos se exponen a multas, o el cierre de los centro de acopio.
Las agencias del Comité Interagencial que participaron fueron la Policía de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Negociado del Cuerpo de Bomberos, Junta de Planificación, Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y el Departamento de Hacienda. También participaron empresas de telecomunicaciones.
El presidente del NET, afirmó, que continuarán realizando inspecciones en otros municipios de la Isla y ejecutarán iniciativas adicionales dirigidas a detener la práctica ilegal del hurto de metales. “Esta situación afecta la calidad de los servicios que reciben los consumidores y puede, además, encarecer esos servicios, lo que resultará en un problema para todos”, insistió el funcionario.
La Ley 41 prohíbe el robo de metales como cobre, aluminio, estaño o plomo.
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