Los préstamos de emergencia otorgados a pequeños negocios durante la pandemia en Estados Unidos han sido añadidos a la lista de programas públicos altamente susceptibles al despilfarro, el fraude o la malversación.
El tipo más común de esos créditos, el PPP —también conocido como el Paycheck Protection Program— se otorga con intereses bajos y se puede cancelar bajo ciertas condiciones, como por ejemplo que cierto porcentaje vaya al pago de nómina. Fue el Congreso el que creó esos préstamos, que se han vuelto sumamente populares entre tiendas y restaurantes y otras pequeñas empresas que tratan de sobrevivir a la pandemia.
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La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO por sus siglas en inglés) informó el martes que millones de pequeños negocios se han beneficiado de esos créditos, pero que fueron elaborados a una velocidad que limitó la posibilidad de equiparlos con salvaguardas contra riesgos, “incluyendo la susceptibilidad de pagos impropios y el potencial de fraude”.
La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa hizo o garantizó más de 14,7 millones de préstamos y subsidios por valor de unos 744.000 millones de dólares entre marzo y diciembre. El Congreso aprobó otros préstamos de emergencia por valor de 304.000 millones en diciembre.
La GAO indicó en su reporte que para enero seguía sufriendo demoras en la obtención de información clave sobre esos préstamos, como planes de supervisión o documentos para el cálculo de pagos inapropiados.
“No cabe duda de que tuvieron un impacto positivo, pero la gerencia de estos programas tiene que mejorar”, expresó el contralor general Gene L. Dodaro a reporteros que examinaron el documento.
Las agencias de auditoría del gobierno emiten una lista de créditos de alto riesgo al inicio de toda sesión del Congreso. La idea es llamar la atención sobre deficiencias identificadas por la GAO y provocar medidas que le ahorren dinero al contribuyente o que mejoren la administración pública.
Otro artículo en la lista son los programas públicos para evitar el uso indebido de fármacos. Al inicio de la pandemia, la GAO advirtió que incluiría ese renglón en la lista, ya que la crisis había agravado las condiciones que contribuyen al consumo de drogas, como el desempleo.
