Algunos funcionarios republicanos de todos los niveles están promoviendo mentiras, desinformación y teorías conspirativas similares a las que inspiraron la violenta toma del Congreso y su prédica a través de la internet se propaga rápidamente.
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La Associated Press revisó las cuentas en las redes sociales públicas y privadas de casi mil funcionarios de nivel nacional, estatal y municipal de todo el país, muchos de los cuales expresaron su apoyo a la insurrección del 6 de enero o exigieron que se desconociesen los resultados de las elecciones de noviembre. A menudo sus comentarios fueron retirados posteriormente.
“Sham-peachment”, dicen, haciendo juego con las palabras “vergüenza” (sham) e “impeachment”, y se quejan de que “las empresas de Estados Unidos ayudaron a arreglar las elecciones”. Describen a Donald Trump como un “salvador” al que le robaron un segundo mandato —algo de lo que no hay evidencia alguna— y a Joe Biden como un “ladrón”. Dicen que “los patriotas quieren respuestas”.
El discurso amargo, combativo, ayuda a estos funcionarios a ganar adeptos en las redes sociales e influencia en sus comunidades, en los concejos municipales, las juntas de condado y las asambleas legislativas estatales. Y saca a la luz la batalla interna del Partido Republicano sobre la admisión o no de los políticos conservadores tradicionales, los propulsores de teorías conspirativas y de milicias, mientras se prepara para las elecciones de mitad de término del 2022.
En febrero, agentes del FBI visitaron a la vicepresidenta de la Federación de Mujeres Republicanas de Michigan Londa Gatt para preguntarle dónde estaba el día de la toma del Congreso.
Gatt, coordinadora de Bikers por Trump —los motociclistas que con chaquetas de cuero y motos Harley Davinson van a los actos políticos—, había ayudado a organizar a partidarios del expresidente que fueron con ella en autobuses a la concentración del 6 de enero. Dice que ese día se subió a unos andamios afuera del Congreso “para tomar una panorámica de lo que pasaba”. Asegura que no hizo nada ilegal y que se fue del lugar cuando el ambiente se caldeó.
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Desde entonces, Gatt ha compartido en las redes sociales hashtags vinculados con teorías conspirativas de QAnon y les ha pedido a amigos que participaron en la toma del Congreso que le envíen a Trump mensajes diciéndole que no habían seguido sus órdenes. “Los abogados necesitan de nuestra ayuda”, dijo en un post.
Gatt es una de numerosos conservadores activos en Twitter, Facebook, Parler, Gab y Telegram, y promueve una estrategia digital bajo distintos apodos.
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“Nos robaron a nuestro presidente legítimo y nos quedamos sin voz porque nuestro voto no contó”, declaró a la Associated Press. “Estoy lista para abrir nuevas páginas, para expulsar a quienes votaron en contra de Trump y reemplazarlos con republicanos conservadores”.
Si bien algunos demócratas también han empleado un lenguaje incendiario y agresivo en las redes sociales, la AP concentró su investigación en los republicanos porque documentos legales indican que la gran mayoría de los detenidos el 6 de enero son partidarios de Trump, quien sigue contando con fuerte apoyo entre los republicanos.
En colaboración con la firma de inteligencia artificial Deep Discovery, la AP creó un algoritmo que relacionó a funcionarios con cuentas en la aplicación Parler usada por la derecha. Periodistas de AP verificaron a mano cada entrada usando un banco de datos de Parler suministrado por el investigador de la Universidad de Nueva York Mart Aliapoulios, que tuvo 13 millones de perfiles de usuarios y 183 millones de posts entre agosto del 2018 y el 10 de enero del 2021, en que Parler fue inhabilitado por varias semanas. La AP también analizó el uso de sitios alternativos por parte de funcionarios, como Gab y Telegram, cuyos usuarios aumentaron significativamente en las últimas semanas, desde que Twitter y Facebook prohibieron la publicación de desinformación y contenido extremista.
El portavoz del Comité Nacional Republicano Mandi Merritt no respondió a preguntas específicas sobre la retórica de los funcionarios republicanos y recordó a la AP un pronunciamiento de la presidenta del Comité, Ronna McDaniel, del 13 de enero, en el que dijo que “la violencia no tiene cabida en nuestro partido”.
A principios de diciembre, el presidente del Comité Central Republicano del condado de Kootenai, en Idaho, Brent Regan, dijo en un post en Parler: “¡EL ‘KARAKEN’ DE SIDNEY POWELL ES EL PROGRAMA DE GUERRA CIBERNÉTICA DEL DOD (Departamento de Defensa)! ¡ESTAMOS EN GUERRA!”. Powell es una abogada que apoyó a Trump en los tribunales y que definió su estrategia como “el karaken”. Dijo que podía destruir la presidencia de Biden. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó varios casos relacionados con las elecciones del 2020 presentados por Trump y sus aliados.
Regan siguió publicando cosas en Facebook, incluida un comentario del 16 de enero: “Lo que más objeto a los demócratas es que alientan mis bajos instintos para que responda de la misma manera”.
Cuando la AP le preguntó sobre sus comentarios, Regan dijo: “Mi prédica en las redes sociales, los medios impresos y en persona es consistente. ‘Recen pidiendo serenidad. Colóquense en el ojo de la tormenta. Piensen con claridad. No caigan presas del pánico. Permanezcan en paz mientras exigen integridad y honestidad’”.
Algunos funcionarios republicanos publican teorías relacionadas con QAnon, que el FBI considera una amenaza terrorista. Y el Departamento de Seguridad Nacional advirtió acerca de la posibilidad de nuevos actos de violencia de parte de sectores extremistas furiosos por la elección de Biden y envalentonados por el ataque al Congreso. El jueves pasado Seguridad Nacional dijo que el extremismo interno es por primera vez la mayor prioridad y asignó por lo menos 77 millones de dólares al estudio del uso de las redes sociales por parte de los extremistas, con el fin de reclutar y radicalizar a la gente.
Dos días después de participar en el ataque el Capitolio, el presidente de la Asamblea Republicana de Sacramento, California, Jorge Riley, dijo en Facebook: “No me voy a quedar cruzado de brazos. Vengan a matarme. Estoy aquí”. Luego publicó la dirección de su casa, con la advertencia, “van a morir todos”, según documentos legales.
Fue detenido por su papel en la insurrección y obligado a renunciar. Ni Riley ni su abogado respondieron a pedidos de comentario.
Después de que Trump fue absuelto en su segundo juicio político, el líder republicano en el Senado Mitch McConnell dijo que las denuncias de que el expresidente había ganado las elecciones eran “mitos locos”. Dos tercios de los republicanos, no obstante, en contra de toda evidencia, insisten en que Biden no fue elegido presidente, de acuerdo con una reciente encuesta de AP-NORC Center for Public Affairs Research.
Promotores de la libertad de expresión dicen que la definición legal de la expresión incitar a la violencia es muy estrecha y que los comentarios online pueden socavar la democracia.
“Debemos tener mucho cuidado al definir lo que constituye incitar a la violencia”, señaló Nora Pelizzari, portavoz de la Coalición Nacional contra la Censura. “No podemos permitir que el malestar con aquellos en el poder sea algo castigable”.
En Arizona e Illinois, prominentes republicanos que se negaron a apoyar los esfuerzos de Trump por anular los resultados de las elecciones fueron criticados por el Partido Republicano estatal y por un comité central, respectivamente.
En febrero, la presidenta del Partido Republicano de Manhattan, Andrea Catsimatidis, retuiteó lo siguiente: “Las empresas de Estados Unidos ayudaron a arreglar las elecciones”.
Catsimatidis dijo a la AP que cree los funcionarios políticos tienen el deber de llegar a la mayor cantidad de gente posible.
“Los líderes políticos tienen influencia y el hecho de que tengo seguidores en una red social es exactamente lo que debo hacer”, expresó. “Tengo que asegurarme de que transmito la información”.
