Arcadia Zorrilla Hernández, Oficial Correccional del Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Guaynabo, fue acusada y arrestada por supuestamente proporcionar contrabando en prisión, anunció el lunes, el fiscal federal, W. Stephen Muldrow.
“Se suponía que la acusada supervisaba a los reclusos y hacía cumplir las normas y reglamentos que rigen el MDC y la conducta de los reclusos. En cambio, violó la ley federal”, dijo Muldrow en declaraciones escritas.
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“No toleraremos este tipo de mala conducta y procesaremos estos delitos con todo el peso de la ley”, añadió.
El FBI está a cargo de la investigación en colaboración con el Departamento de Justicia – Oficina del Inspector General (DOJ-OIG).
Zorrilla Hernández enfrenta dos cargos por supuestamente proporcionar contrabando en prisión y un cargo por hacer declaraciones falsas. Según la acusación formal, en mayo de 2019 o alrededor de esa fecha, hasta junio de 2019 o alrededor de esa fecha, Zorrilla Hernández proporcionó e intentó proporcionar, a sabiendas e intencionalmente, un teléfono celular y Suboxone, un estupefaciente, a un recluso alojado en el MDC.
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La acusación formal alega además que, el 14 de agosto de 2019, Zorrilla Hernández accedió a una entrevista con agentes especiales del FBI y el DOJ-OIG, y deliberada y conscientemente proporcionó declaraciones falsas, ficticias y fraudulentas a los agentes. Zorrilla Hernández les dijo a los agentes que no había hablado ni comunicado con los familiares de la reclusa mientras la reclusa se encontraba bajo custodia del Negociado Federal de Prisiones. Las declaraciones y representaciones fueron falsas porque, como sabía el acusado en ese momento, ella sí habló y se comunicó, y había hablado y se había comunicado con los familiares del recluso mientras estaba bajo la custodia del Buró Federal de Prisiones.
Este caso fue investigado por el FBI con la colaboración de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y procesado por la Fiscal Federal Auxiliar Marie Christine Amy.
Las penas máximas por estos delitos son: 20 años por proporcionar contrabando a los reclusos y hasta cinco años de prisión por mentir a los agentes federales.
