La Contraloría de Puerto Rico informó este jueves que emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Negociado de Ciencias Forenses (NCF) del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico.
Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados, se indicó en una comunicación escrita.
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El informe revela que han transcurrido hasta 36 años sin que el Laboratorio de Criminalística examinara unos 76,128 casos. Los auditores de la Contraloría hallaron que la sección de Armas de Fuego tenía 41,918 casos de armas de fuego y proyectiles sin analizar, el laboratorio forense de ADN/Serología tenía 2,245 casos por agresión sexual sin analizar, y la sección de sustancias controladas tenía 16,243 casos sin analizar, entre otros.
Esta situación contraria a la Ley 20-2017, del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, ha privado a las agencias de ley y orden, del resultado de los exámenes de ciencias forenses y criminología, en las investigaciones, esclarecimientos y radicación de casos criminales.
La auditoría de 10 hallazgos señala que el Negociado tenía 2,156 casos pendientes de determinar la causa, manera y circunstancias de la muerte.
Además, el Laboratorio de Toxicología, tenía 1,848 muestras de tejidos y fluidos biológicos pendientes de analizar, según el Informe de casos pendientes de toxicología al 15 de octubre de 2018. Esta situación puede propiciar que, en los casos de personas sospechosas de un delito, no se puedan procesar criminalmente por falta de evidencia.
El informe devela el hallazgo de 13,382 muestras de ADN sin analizar desde diciembre de 2013. Esta situación propicia que el Banco de Datos no esté actualizado y priva a las entidades federales y estatales, de información actualizada que pueda ayudar al esclarecimiento de un crimen.
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La Junta Directora no preparó ni remitió al gobernador ni a la Asamblea Legislativa del 2015 al 2017, los informes anuales sobre las operaciones del Instituto. El entonces comisionado ni los comisionados interinos tampoco remitieron al secretario de Seguridad Pública, el informe anual de 2018 sobre las operaciones del Negociado.
La auditoría revela la falta de gestiones de cobro, deficiencias con las cuentas por cobrar y funciones conflictivas por el encargado de cobrar. Al 14 de mayo de 2018, quedaban 762 cuentas por 542,501 dólares pendientes de cobro, pero el oficinista 1 no realizaba las gestiones correspondientes.
De hecho, del 2016 al 2017, un oficinista 1 realizó las funciones conflictivas de recaudación auxiliar, preintervención, preparación de facturas y registro al cobro. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría DB-08-22 del 15 de mayo de 2008.
El informe identifica múltiples fallas de control en el área de recaudaciones como: la ausencia de un inventario físico de los libros de recibos oficiales en blanco, el que estos libros no sean custodiados por un funcionario ajeno a la función de recaudación, y el que una oficinista 1, no complete el formulario que indica el Reglamento de Recaudaciones.
Además, el último informe físico anual que se realizó, data del 2008, y una certificación de disposición de emergencia de 573 unidades de propiedad afectadas por un derrame de diésel, no contaba con las firmas autorizadas.
Otras fallas de control se registraron en el uso de los vehículos de motor en los cuales no se realizó el cuadre de millaje vs consumo de combustible, ni se estableció un itinerario para el mantenimiento mensual de los vehículos. Además, los documentos para decomisar pertenencias (dinero, relojes, pantallas, celulares o carteras), de los cadáveres reclamados, carecía de información como: el nombre del fallecido, fecha de recibo o el valor de las pertenencias.
Este Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2019, y está disponible en www.ocpr.gov.pr
