Menos de un año después de que la jueza federal Laura Taylor Swain anulara la ley que eximía a los municipios de las aportaciones al plan Vital, el gobernador Pedro Pierluisi anunció que el gobierno impulsará nuevamente un estatuto similar, al sostener que la reforma de salud es un programa estatal.
Contrario a lo que ocurrió con la Ley 29-2017 –que igualmente eximía a los ayuntamientos de aportaciones al sistema de retiro–, Pierluisi aseguró que se buscará el aval de la Junta de Control Fiscal (JCF), organismo que impugnó el estatuto bajo la premisa de que era incompatible con los objetivos de la ley Promesa.
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El esfuerzo para eximir a los municipios de aportar al plan de salud, sin embargo, probablemente se llevará a cabo durante el próximo año fiscal, ya que no será hasta entonces que el gobierno central podría tener certeza de la cuantía de las asignaciones federales a Puerto Rico para financiar el programa de Medicaid.
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Puerto Rico, al momento, recibe una asignación de unos $2,800 millones anuales que expira al concluir este año fiscal federal, el 30 de septiembre.
“Vamos a estar haciendo las gestiones necesarias ante la Junta de Supervisión Fiscal para que el gobierno central deje de estar exigiendo a los municipios que hagan aportaciones al plan de salud del gobierno de Puerto Rico. Ese plan de salud, que ahora se llama Vital, es un programa de salud estatal, no es municipal. Siempre he sido de la opinión de que quien debe financiarlo es el gobierno estatal, utilizando fondos federales y, en la medida en que los fondos federales no den abasto, entonces con recursos propios”, manifestó Pierluisi.
El mandatario hizo sus expresiones en una rueda de prensa junto a los presidentes de la Federación y la Asociación de Alcaldes, Ángel Pérez y Luis Javier Hernández, respectivamente, luego de suscribir con ambas organizaciones una especie de acuerdo en el que se delinea una agenda común para los asuntos municipales.
Según Pierluisi, las aportaciones de los ayuntamientos al plan Vital tienen un costo que ronda los $160 millones anuales para las arcas de los municipios.
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“Tan pronto el gobierno federal extienda o aumente los fondos federales que tenemos disponibles para el plan Vital, que eso debe ocurrir en algún momento este año, antes del 1 de octubre […] cuando sepamos y tengamos claridad de cuál es la cantidad de fondos federales que viene a Puerto Rico, es ahí que voy a plantar bandera, aunque ya la Junta lo sabe, para que los municipios no tengan que continuar haciendo esas aportaciones”, sostuvo el gobernador.
Pierluisi precisó que, al momento, las aportaciones de los municipios se calculan a base de la cantidad de beneficiarios del plan Vital que viven en cada pueblo.
Pese a que la Ley 29 también incluía una exención de la aportación a las pensiones de empleados municipales, Pierluisi aclaró que no impulsará ese elemento ante la JCF.
“Eso es distinto. No incluí ese compromiso en el acuerdo que suscribí. Los municipios reclaman también que se les exima del ‘pay-go’ (retiro), pero no he hecho compromiso a esos efectos. Por un lado, el impacto fiscal qe tiene, y sé que la Junta tiene gran objeción a eso. Desde mi punto de vista, el patrono siempre asume el cargo de la pensión de su personal, pasado y presente”, expresó el primer ejecutivo.
“Los municipios históricamente han reclamado que las fallas en el sistema de pensiones del gobierno central no tienen nada que ver con los municipios, que no fueron partícipes de la mala administración del gobierno y no deben pagar las consecuencias, pero no he hecho compromiso en esa área”, subrayó Pierluisi.
Delegarán tareas
De otro lado, el mandatario y los alcaldes acordaron la creación de un comité que, en 60 días, deberá entregar un informe que trazaría el camino para la transferencia de responsabilidades a los municipios.
En la rueda de prensa, se indicó que la delegación de competencias podría concretarse mediante diversos mecanismos, como memorandos de entendimiento o convenios, entre otras alternativas.
“Yo veo esto con muy buenos ojos, aquí todos estamos en el mismo barco”, resumió Pierluisi.
El comité estaría compuesto por un representante de la Federación de Alcaldes, otro de la Asociación de Alcaldes y Javier Carrasquillo, exalcalde de Cidra y asesor de Pierluisi en asuntos municipales.
Al igual que ocurre con la propuesta relacionada a los pagos al plan de salud gubernamental, el gobernador recalcó que será necesario obtener el aval de la JCF, particularmente si se pretende realizar unas delegaciones a plazos multianuales o mediante legislación.
Algunas de las tareas que los ejecutivos municipales han impulsado que se le deleguen incluyen el mantenimiento de carreteras, áreas recreativas y planteles escolares, pero Pierluisi planteó que el listado total contiene de 25 a 30 funciones.
“La decisión del alcalde sería si asume la tarea, Si está presto, si tiene la capacidad y entiende que hace sentido… entonces se firma el convenio entre el Departamento de Transportación y Obras Públicas y el municipio. Eso sería un acuerdo por ese año fiscal en particular. Lo que pudiéramos considerar es llevar a cabo acuerdos multianuales. Si es así, con toda probabilidad, necesitaríamos el aval de la Junta de Supervisión, pero esas son las gestiones que podemos hacer. Hasta si se legisla, tendría que ser de forma tal que sea consistente con el plan fiscal de la Junta”, manifestó el gobernador.
De momento, el mandatario no pudo precisar cuánto dinero se estaría transfiriendo a los municipios, toda vez que serían acuerdos individuales entre agencias y ayuntamientos, en lugar de una fórmula uniforme que aplicara a los 78 pueblos.
Sin embargo, sí anticipó que la delegación de funciones podría contemplarse para el presupuesto del año fiscal 2022.
Hace dos semanas, Hernández, de la Asociación de Alcaldes, propuso que se transfirieran $922 millones a los municipios, específicamente para trabajos en escuelas, carreteras y parques.
“En un momento dado se transfirieron unas facilidades del Departamento de Recreación y Deportes, se le dieron a los municipios por un año, y de ahí en adelante (la asignación de fondos) fue cero. Ese no es el compromiso que el señor gobernador ha hecho, sino poderlo plasmar a través del plan fiscal, legislación, Cámara y Senado, y debidamente aceptado también por los diferentes alcaldes”, dijo Pérez, alcalde de Guaynabo, quien al igual que Hernández tildó de “histórico” el acuerdo alcanzado entre el ejecutivo y los municipios.
En la tarde de hoy, igualmente, se anunció que el gobierno asignaría a los municipios $100 millones de un remanente de la ley federal Cares. Cada pueblo recibiría al menos $1 millón, mientras los restantes $22 millones se distribuirían a base de criterios de necesidad.
Pierluisi, al indicar que próximamente se emitirían las guías de uso, señaló que los gastos elegibles con este dinero serían muy similares al que se estableció para una ayuda de $200 millones que se otorgó el pasado año, y que incluía la compra de equipos, vehículos y distribución de artículos de protección personal a la ciudadanía.
“Es bastante flexible”, resaltó el gobernador.
