Un análisis realizado por economistas para la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) detallaron a base de datos lo que conllevaría el aumento al salario mínimo, y expresaron reconocer y compartir el deseo de toda la sociedad de que los sueldos aumenten y la economía mejore. Sin embargo, explicaron no se puede dar una a costa de la otra.
Los economistas Gustavo Vélez y Chantal Benet de la firma Inteligencia Económica, quien realizó un análisis sobre el tema, explicaron que los incrementos en sueldos típicamente están atados al crecimiento económico y que nuestra economía lleva 15 años en recesión. Esto explica por qué en la Isla los sueldos se han mantenido bajos, mientras en los Estados Unidos han ido subiendo aun sin legislación.
“Sin crecimiento económico sostenido no es razonable hablar de aumentos y mucho menos de la magnitud que se está planteando. Simplemente, los números no lo sostienen. Los aumentos hay que pagarlos de algún lado y a falta de crecimiento económico habría que evaluar si al menos ha incrementado la productividad o la ganancia de las empresas”, expresó Vélez.
El informe rendido por los economistas mostró sin embargo que la productividad en la Isla ha bajado en la pasada década, y las ganancias empresariales es otro factor que ha estado menguando ante los incrementos en costos de hacer negocio en la isla, la recesión y la pandemia.
“Del mismo modo que a los ciudadanos les ha subido el costo de vida, a las empresas les han aumentado los costos de hacer negocio. Entonces, ante un escenario de falta de crecimiento, de productividad y de ganancias menguantes, los aumentos en salarios provendrían de subir precios, si el mercado se lo permite, o de reducir gastos en nómina tanto en el número de empleos como en sus beneficios. Aquellas empresas que no tengan estas opciones tendrían que cerrar. Todas las alternativas son negativas”, añadió Vélez.
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“Aunque la intención de los propulsores de estas medidas es ayudar a los trabajadores, la literatura económica explica que se afecta particularmente a las PYMES y a los trabajadores menos diestros que son precisamente los que más ayuda necesitan encontrando empleos”, indicó el doctor Ferdysac Márquez, presidente de MIDA.
Los participantes expresaron que la mayor preocupación es la magnitud de los aumentos que se están discutiendo al pretender aplicar la realidad de los Estados Unidos (EE. UU) a Puerto Rico. “La diferencia entre ambas economías es tan abismal que no puede ignorarse. Y lejos de estar acercándonos, nos hemos estado alejando. Mientras la economía de Estados Unidos antes de la pandemia llevaba uno de los períodos de crecimiento más largos de su historia, Puerto Rico lleva 15 años en recesión. El salario promedio de EE. UU es sobre $28 la hora y el de Puerto Rico ronda entre los $10 a $13 la hora. La tasa de participación en EE. UU. es 60%, mientras la de Puerto Rico es menos de 40%”, explicó Manuel Reyes Alfonso, vicepresidente de MIDA.
Los empresarios expresaron que la determinación del salario mínimo no debe ser arbitraria, sino que tiene que basarse en la estructura de sueldos de cada economía, lo cual explica por qué no todos los países tienen el mismo salario mínimo. Estos añadieron que, para la mayoría de los países, el salario mínimo se establece en alrededor de la mitad del salario medio, pero esto varía de un país a otro. “Por ejemplo, en los EE. UU., el salario mínimo es el 37.9% de la media salarial, mientras que en Francia y Nueva Zelanda es del 60%, y en el Reino Unido es del 46%. En los EE. UU. también varía de un estado a otro, con un 29% en Massachusetts y un 42% en Ohio. En Puerto Rico, la media salarial por hora para todas las ocupaciones fue de $10.13 en 2019. Esto representa el 71.6% de la mediana del salario por hora. Entonces, técnicamente, Puerto Rico ya está muy por encima del promedio de otros países, incluyendo a los EE. UU. Si se utiliza la media salarial por hora de EE. UU. de $19.14 en 2019, y un enfoque de “mordida” similar del 37% al de los EE. UU., en Puerto Rico sería $3.84. Nadie propone esto, pero es fundamental que reconozcamos lo dispar de ambas realidades”, añadió Márquez.
“Para que Puerto Rico alcance a los Estados Unidos necesitaría crear sobre 580,000. Esto es equivalente a incrementar la fuerza trabajadora actual en más de 50%, algo que parece imposible sin un plan concreto y agresivo de desarrollo económico. Aplicar el aumento del salario mínimo federal a la Isla puede ser una gran aspiración, pero hay que presentar el plan para equipararnos en los factores que lo harían viable” expuso Reyes.
“Todos queremos acercarnos a los números de los EE. UU. pero eso no se logra ignorando nuestra realidad sino enfrentándola. Por más buenas intenciones, no es posible cambiar el orden de las cosas, primero tenemos que crear la riqueza para luego repartirla. Pretender vivir por encima de nuestra realidad fue lo que causó la quiebra del gobierno. Debemos evitar hacer lo mismo con el sector privado”, concluyó el Vicepresidente Ejecutivo de MIDA.
“Otro análisis que se presentó basado en cálculos de la Junta de Planificación de 2018 es que el impacto de $15 por hora equivale a aproximadamente $5.3 billones de dólares adicionales en nómina sin contar el impacto indirecto que provoca en las escalas de otros puestos y los beneficios marginales. El último dato disponible sobre la ganancia corporativa neta en la Isla fue de $2.8 billones en 2012. Aunque ese dato debe actualizarse, permite aquilatar que el aumento que se propone con mucha probabilidad borraría la totalidad de las ganancias corporativas para toda una economía”, informó Vélez.
Este añadió que, en contraste, para la economía de los Estados Unidos los aumentos propuestos representan un impacto menor al tener solo al 2% de su fuerza trabajadora por hora en el salario mínimo vigente y un promedio que sobrepasa los $28 por hora. Es decir, ya la economía de Estados Unidos aumentó el salario mínimo de facto sin necesidad de legislación. Aun así, el último análisis realizado por el Congressional Budget Office (CBO) calculó que se perderían 1.3 millones de empleos y tan reciente como la semana pasada, el Senado federal rechazó incluir el incremento en el proyecto de emergencia.
Entre los análisis que deben realizarse, mencionaron el impacto en el propio gobierno y cómo un gobierno en quiebra se propone pagar aumentos tan dramáticos. La inmensa mayoría de los empleados en los municipios están por debajo de los $15 por hora y las únicas alternativas para cubrir aumentos sería incrementar las contribuciones o recortar servicios.
El grupo cuestionó que se utilicen las ayudas de emergencia para justificar estos aumentos porque se trata de ayuda no recurrente, que viene a compensar una pérdida, por lo que no representa dinero adicional. Además, estas ayudas son inciertas como ha demostrado el proceso luego del huracán María.
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Sobre los argumentos de que el salario mínimo aumentaría el consumo, explicaron que los análisis de la propia Junta de Planificación indican que incrementos en el salario mínimo reducirían el Producto Nacional Bruto y el empleo. Con esto, cualquier aumento en consumo se esfumaría, sin mencionar que nuestra economía lo que necesita es más producción, no más consumo. El consumo en una economía que no produce implica la salida del capital.
Acerca del argumento de que no aplicar el salario mínimo provocaría emigración, recordaron que la emigración ya ocurre por la falta de oportunidades y que, por el contrario, históricamente la gente se ha quedado en la Isla cuando hay desarrollo a pesar de las diferencias salariales que siempre han existido. En todo caso, aclararon que no abogan por salarios bajos, sino que los mismos vayan acorde con nuestra situación económica.
En cuanto al costo de vida, los empresarios responsabilizaron al gobierno por provocar una situación insostenible y querer luego resolverla de manera poco responsable. “El gobierno controla la producción de energía, el agua, los peajes, las contribuciones, etc. y ha venido subiéndolas y resistiendo hacer ajustes para reducirlas o hacerlas más eficientes”, argumentaron.
Benet indicó que la última vez que se aumentó el salario mínimo el cierre de PyMEs fue de un -15.6%, mientras que de empresas grandes fueron un -6.6%. En el caso específico de tiendas de alimentos, desde el 2006 a 2019 se redujeron aproximadamente mil empleos y 400 comercios.
El grupo expresó que la Isla parece ir en la dirección contraria en cuanto a crear las condiciones para minimizar estos impactos con aumentos recientes en electricidad, peajes, 35% en transportación terrestre, 300% en transportación marítima internacional, aumento en las tarifas de los muelles, un previsto aumento en la leche y gas, la amenaza de reversar la Reforma Laboral, la insistencia en el cobro por inspeccionar furgones a pesar de su fracaso, y manteniendo la penalidad por tener inventarios.
El grupo propuso una serie de medidas basadas en estudios y datos. Estos son:
• Basar la discusión en los datos. Para ello, deben actualizarse los estudios disponibles, particularmente el de la Junta de Planificación que proyectaba un decrecimiento en el PNB si se subía el salario a $10 por hora.
• Rechazar la aplicación automáticamente de aumentos a nivel federal a menos que se acerquen ambas economías, lo cual requeriría un plan económico agresivo para;
• Bajar el desempleo de 10 a 5% mientras se sube la tasa de participación laboral de 40 a 60%;
• Lograr una tasa de crecimiento positiva y sostenida por varios años;
• Crear aproximadamente 580,000 empleos netos;
• Si a pesar de lo anterior, el gobierno se mueve en esa dirección debe urgentemente crear las condiciones adecuadas para fomentar crecimiento:
• Bajar el costo de vida y de hacer negocios (utilidades, contribuciones, etc.);
• Debe considerarse regresar a algún análisis por industrias como antes del 1995 cuando existía una Junta de Salario Mínimo. Esto permitiría flexibilidad para que aquellos sectores que pueden sostener el aumento, así lo hagan sin afectar al resto;
• Asegurar créditos y subsidios para compensar el impacto;
• Se debe evaluar convertir ayudas de gobierno en ayudas al empleo – No penalizar a los que quieran trabajar quitándoles los beneficios (PAN, Plan 8, etc.). De esta forma, sería el gobierno quien pagaría parte de los aumentos.