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Pierluisi presenta presupuesto casi $700 millones mayor al de la Junta

La administración de Pedro Pierluisi insistirá en impulsar un aumento de $667 millones

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En lo que podría interpretarse con un desafío a la Junta de Control Fiscal (JCF), el gobierno de Puerto Rico presentó un borrador de presupuesto que excede en casi $700 millones los parámetros establecidos por el organismo para el año fiscal 2022.

En una conferencia de prensa virtual junto al componente fiscal del ejecutivo, el gobernador Pedro Pierluisi propuso un presupuesto con cargo al fondo general de $10,712 millones, una cifra significativamente más elevada de los $10,014 millones que contempla la JCF.

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En síntesis, mientras la JCF dispone que, en comparación al presupuesto vigente, de $10,045 millones, se imponga una reducción de $31 millones, la administración de Pierluisi impulsará un aumento de $667 millones.

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“Es un borrador inicial y ahora comienza un proceso de revisión iterativo, de intercambio de información entre el gobierno y la Junta y que al mismo tiempo se estarán revisando todos los planes fiscales de las entidades del gobierno”, sostuvo Pierluisi.

El primer ejecutivo reconoció que el proceso de elaborar este primer borrador fue uno de apenas tres semanas, llevado a cabo por funcionarios recién estrenados en sus cargos y con las limitaciones que impone la pandemia del Covid-19. El propio Pierluisi, al momento, se encuentra aislado debido a un encuentro reciente con el alcalde sanjuanero, Miguel Romero, quien ayer fue diagnosticado con el virus.

“Pese a todo eso logramos un borrador inicial que incluye las prioridades de mi administración y que entendemos que es una pieza clave para brindarle al pueblo los servicios que necesita”, sostuvo Pierluisi.

Del borrador presentado, en la rueda de prensa se detallaron las partidas presupuestarias para varias iniciativas específicas, entre ellos $50 millones para incrementos salariales en la nómina pública, $127 millones para el Departamento de Transportación y Obras Públicas (mantenimiento de vías públicas), $50 millones para el Negociado de la Policía (tecnología), $17 millones para el Departamento de Justicia (reclutamiento), $15 millones para el Departamento de Corrección y Rehabilitación (ajustes salariales) y $50 millones para la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en caso de que Mayagüez sea elegido como sede.

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Pierluisi, asimismo, propone separar $6 millones para la implementación de la orden ejecutiva que estableció un estado de emergencia por violencia de género, así como $15 millones para un programa de empleo para jóvenes recién graduados, y otros $9 millones para incentivar el empleo de servidores públicos retirados, sin que se afecten sus pensiones.

$1 millón, en tanto, se asignaría a la Oficina del Contralor para la auditoría de la deuda pública.

El secretario de Hacienda, Francisco Parés, destacó que es la primera vez, desde la imposición de la JCF en 2016, que el gobierno presenta un borrador de presupuesto “tan temprano en el juego”. El año fiscal 2022 comienza el 1 de julio, dentro de cinco meses.

“Típicamente al Departamento de Hacienda le corresponde gran parte de recaudar esos fondos para subvencionar el presupuesto. Entendemos que va a haber los fondos suficientes, no tan solo de recaudos, sino de liquidez que nos permitiría subvencionar esto”, añadió el secretario.

Juan Carlos Blanco, quien dirige la Oficina de Gerencia y Presupuesto, indicó por su parte que la propuesta fiscal se hizo de una “manera responsable”.

“Si bien hay que ser fiscalmente responsables, también hay que ser socialmente responsables. Nosotros sabemos que el presupuesto es una herramienta valiosísima no solamente para distribuir fondos, sino para lograr resultados. Es lo que tenemos para impulsar cambios”, esbozó Blanco.

Amplia brecha con la JCF

Al intentar explicar cómo logrará convencer a la JCF, que por cuatro años consecutivos ha impuesto su versión del presupuesto, de que su propuesta es fiscalmente viable, Pierluisi comenzó argumentando que las discrepancias son menores de lo que aparentan a primera vista.

“De entrada hay $125 millones que determinamos que la Junta debió haber incluido al computar el gasto del ‘pay-go’ (pensiones del sector público). De los cerca de $700 millones hay $125 millones que entendemos es un asunto de un mal cálculo. Estamos realmente hablando de alrededor de $570 millones, cerca de un 5% de aumento. Lo podemos justificar de diversas maneras. Los recaudos de Hacienda, al día de hoy exceden por más de $600 millones el estimado que hizo la Junta, y al paso que va es posible que llegue como a $800 millones ese exceso. La cantidad que proponemos es menor al monto que fácilmente podemos estimar que el gobierno tendrá a su disposición de recaudos y otros ingresos”, sostuvo el gobernador.

El gobierno, al momento, estima que el gasto del ‘pay-go’ superará los $2,100 millones en el año fiscal 2022.

En el renglón de fondos federales, Pierluisi señaló que la JCF no estima asignaciones que aún no se hayan legislado en el Congreso, por lo que el gobierno entiende que en la práctica se recibirán al menos $1,000 millones adicionales a los que contempla el ente fiscal. De esa manera, el gobierno calcula que se recibirán $7,257 millones en fondos federales, que unidos al presupuesto de $8,374 millones de fondos especiales y el fondo general, dejarían a Puerto Rico con un presupuesto consolidado de $26,344 millones el próximo año fiscal.

De otro lado, Pierluisi recalcó que su borrador, como había anticipado, congela los fondos que el gobierno central transfiere a la Universidad de Puerto Rico y los municipios, que la JCF propone recortar en $94 millones y $44 millones, respectivamente.

Aunque no se detallaron en la conferencia de prensa, Blanco sí aceptó que la propuesta incluye recortes en múltiples áreas con respecto al año fiscal vigente.

El borrador sí incluye una asignación de $1.35 millones para los esfuerzos proestadidad que impulsa Pierluisi, entre ellos los gastos de la delegación de seis cabilderos que serían escogidos en una elección especial en mayo.

“Estoy obligado moral y legalmente para responder a la mayoría del pueblo de Puerto Rico. Una clara mayoría apoyó la igualdad, la estadidad. Eso es un mandato y lo que van a hacer esos seis delegados es cabildear a favor de ese mandato del pueblo. La justificación y el fin público están ahí”, subrayó Pierluisi, al confirmar que vetará, una vez llegue a su escritorio, la legislación que deroga el estatuto que ordena la elección especial.

El mandatario, aunque no precisó la fecha, aseguró que estará realizando un mensaje de presupuesto ante la Asamblea Legislativa mucho más temprano que sus predecesores Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez, quienes en ocasiones esperaron hasta junio para hacerlo. Pierluisi dio a entender que su mensaje sería antes de abril.

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