La administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) se encaminan a una segunda ronda de mediación ante el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) con el objetivo de finiquitar las enmiendas al convenio colectivo que se vienen negociado desde 2017.
En la mañana de hoy, el asesor de asuntos laborales de La Fortaleza, Yamil Ayala, sostuvo una reunión con el liderato de la Heend, que desde temprano en el día montó un campamento en la intersección de las calles Fortaleza y del Cristo, en un intento de que el gobernador Pedro Pierluisi intervenga con la administración de la UPR y abra la puerta a la firma del convenio.
Ayala, en entrevista con Metro planteó que la intervención de la Mansión Ejecutiva sería limitada, ya que la política pública de la administración de Pierluisi consiste en respetar la autonomía universitaria.
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Dicha autonomía, no obstante, sufre los embates de la Junta de Control Fiscal (JCF), que tan reciente como el 27 de enero enumeró en una misiva sus objeciones a las enmiendas al convenio colectivo que llegaron a acordar hace un año la UPR y la Heend, pero que no han sido ratificadas con la firma de ambas partes.
“Básicamente la intervención nuestra ha sido en el contexto de lograr que las partes se sienten y logren un acuerdo satisfactorio para ellas y se resuelva la controversia. Es en el DTRH donde normalmente se atienden los conflictos obrero patronales en entidades gubernamentales. Mañana se va a llevar a cabo una reunión donde va a estar la UPR y la Hermandad, a fin de que podamos clarificar ciertos puntos y tratar de llegar a unos acuerdos que encaminen a una solución pronta de esa situación y los reclamos de la Hermandad”, expresó Ayala.
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Esta mañana, la presidenta de la Heend, Jannell Santana Andino, argumentó que tanto la Junta de Gobierno como el presidente de la UPR, Jorge Haddock, han utilizado a la JCF como escudo para justificar las acciones en contra de los intereses del gremio.
Un portavoz de Haddock negó categóricamente esa alegación y mostró la carta que la JCF sometió a finales de enero como evidencia de lo contrario.
En la misiva, la JCF recalca que cláusulas como las que conceden exenciones de matrícula a empleados y familiares, garantizan cobertura médica, el pago del bono de Navidad y licencias de enfermedad, vacaciones y maternidad contravienen el plan fiscal certificado de la institución, por lo que solicitan enmiendas para reducir los beneficios.
Santana Andino dijo esta mañana que las exigencias que la JCF ha canalizado a través de la administración universitaria pondrían en riesgo la acreditación de los recintos de la UPR.
“Nuestra exhortación es a que hay que atemperar las realidades de las entidades gubernamentales con las medidas fiscales que la JCF quiere imponer, y la realidad es como dice el dicho, que ‘el dinero no siente ni padece’, padecemos los seres humanos. Sortear esas realidades en ocasiones es un poco complicado. En cuanto a la política pública impuesta por la JCF y el presupuesto y el plan fiscal, que son asuntos que los maneja directamente la UPR con la Junta, no tengo expresión sobre el particular porque le corresponden a la autonomía universitaria”, dijo Ayala.
La oficina de prensa de la UPR, en tanto, indicó que Haddock se sostiene en las expresiones que hiciera hace dos días, en las que planteó como solución sentar a la mesa a la administración universitaria, la Heend y la JCF para llegar a acuerdos sobre los cabos sueltos del convenio.
Santana Andino, sin embargo, ha rechazado esa alternativa.
“La Heend nunca va a buscar esa vía porque quienes tienen la responsabilidad ministerial de defender los derechos de los trabajadores y la UPR son el presidente, para eso se le pagan $240,000 al año, y la Junta de Gobierno, que es el ente rector de la UPR”, sostuvo la líder gremial.