El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitó este jueves, mediante una petición de mandamus contra el Departamento de Salud, la lista desglosada de la distribución de las vacunas de COVID-19 recibidas por el Gobierno de Puerto Rico y el Registro de Vacunación sin los datos de información de individuos, sino con la información demográfica, municipio de residencia, centro y fecha de vacunación, y justificación para la administración de la vacuna.
Unas horas después de que se sometiera la demanda, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan dio cinco días al Gobierno, luego de ser emplazado, para expresarse sobre el recurso legal.
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La lista de la distribución de vacunas de COVID-19, solicitada por múltiples vías desde el 15 de diciembre de 2020, no ha sido entregada a las periodistas del CPI, Omaya Sosa Pascual y Jeniffer Wiscovitch, a pesar de ser información vital para conocer cómo se está atendiendo la crisis del COVID-19 en Puerto Rico y qué criterios se están utilizando para las decisiones y para establecer prioridades.
“Los funcionarios del Departamento de Salud están obligados a proveer todo documento público solicitado, no solo por un medio de comunicación, sino también por cualquier ciudadano. Es evidente que hay una ansiedad muy grande entre nuestra población por lograr acceso a la vacuna, porque puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Este asunto de salud pública amerita la mayor transparencia y el gobierno lleva un mes y medio dándole vueltas a nuestra petición. Por eso acudimos hoy al tribunal”, señaló Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.
“Es frustrante que el Departamento de Salud no pueda o no quiera explicar la forma en que ha estado distribuyendo las vacunas contra la COVID-19. Más aún cuando la confianza del pueblo ha sido minada en tantas ocasiones. Las vacunas deben de ir a los más vulnerables y es nuestro deber como periodistas fiscalizar ese proceso. ¿Qué tienen que esconder?”, sostuvo por su parte Sosa Pascual.
El recurso legal destaca que una resolución sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) sugiere que los Estados “deben otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la información relacionadas con la emergencia de salud pública” y que en las actuales circunstancias “la obligación estatal de proveer acceso a la información pública se expande para exigir el mayor escrutinio posible de las actuaciones estatales en nombre de la emergencia”.
“En el contexto específico de la emergencia de salud pública generada por el COVID-19, la CIDH ha declarado que las circunstancias exigen la mayor apertura posible a la información pública en poder del Estado”, indican en la demanda los representantes legales del CPI, Luis José Torres Asensio y Steven Lausell Recurt, de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
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“El acceso a información pública continúa siendo un gran reto para la ciudadanía y para la prensa y el CPI va a agotar todos los remedios disponibles para lograr que los funcionarios públicos dejen de ignorar este derecho fundamental en un país que aspira a ser democrático”, afirmó la directora de la organización.
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