El representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez anunció hoy, lunes, que presentó una medida legislativa para que se considere delito incumplir con el pago de servicio eléctrico de las agencias.
Desde que se aprobó en el año 2011 la Ley 239, medida de su autoría, la obligación de identificar las partidas y remitir directamente este pago a la AEE corresponde a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Hacienda (DH). La reiterada violación de ley por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Hacienda (DH) con la Ley 239-2011 ha provocado un incremento en las deudas por concepto de pago de servicio eléctrico.
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Según el representante, en el 2011 se aprobó una medida de su autoría la cual eventualmente se convirtió en la Ley 239-2011. Dicha ley dispone que OGP calculará la partida para el pago del servicio de energía eléctrica en aquellas agencias cuyo presupuesto se nutre del Fondo General, para luego coordinar con el DH para que estas partidas sean usadas exclusivamente para ese fin. La ley también establece que una vez calculado por OGP, el pago mensual de energía eléctrica de las agencias será remitida por el DH directamente a la AEE, lo cual eliminaría la posibilidad de que la agencia se endeude por su consumo de energía eléctrica.
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“El propósito de esta medida legislativa es que el funcionario cumpla con su obligación de pago a la AEE o deberá enfrentar las consecuencias legales de su incumplimiento. Es tiempo de establecer mecanismos de rendimiento de cuentas. Los funcionarios de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y/o del Departamento de Hacienda que incumplan con el mandato específico de esta ley se entenderá que incurren en delito contra el ejercicio del cargo público. Es lamentable que tengamos que tipificar como delito la omisión de cumplir con un claro mandato de ley. No obstante, el patrón de incumplimiento ha ocasionado deudas millonarias de las agencias hacia la AEE perjudicando en última instancia al ciudadano.”, sostuvo Navarro Suárez.
Navarro añadió que “La Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda tienen la responsabilidad de cumplir con dicho mandato. El texto de la ley es claro, libre de ambigüedad y no da espacio a interpretaciones administrativas diseñadas con el único propósito de burlar la intención del legislador”., concluyó Navarro Suárez.
