Durante las últimas semanas del gobierno de Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional firmó discretamente acuerdos con al menos cuatro estados que amenazan con descarrilar temporalmente los planes del presidente Joe Biden para deshacer las políticas migratorias de su predecesor.
Tales acuerdos dicen que Arizona, Indiana, Luisiana y Texas tienen derecho a un periodo de consultas de 180 días antes de que entre en vigor cualquier cambio en políticas del poder ejecutivo. El gobierno de Biden rechaza ese argumento sobre la base de que la inmigración es responsabilidad exclusiva del gobierno federal, como señala la Constitución.
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Trump se apoyó fuertemente en su poder ejecutivo para impulsar su agenda migratoria porque fue incapaz de generar suficiente apoyo en el Congreso para sus políticas. Ahora, algunos de sus partidarios dicen que Biden se extralimita al usar la misma estrategia para revertir las medidas.
La primera prueba legal es en Texas, donde el gobernador y el fiscal general estatal están impugnando la moratoria de 100 días ordenada por el presidente demócrata a las deportaciones, que entró en vigor el viernes.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) les dijo a los legisladores poco antes de la investidura de Biden la semana pasada que llegó a nueve acuerdos, la mayoría de ellos con estados, según un funcionario del Congreso que habló a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre información que aún no está disponible públicamente.
El DHS declinó comentar al respecto, bajo el argumento de que hay una demanda en curso. El gobierno de Trump, usualmente ansioso por pregonar sus acciones para controlar la inmigración, guardó silencio sobre los acuerdos, cuya existencia fue reportada en primera instancia por BuzzFeed News.
Los acuerdos de nueve páginas, conocidos como Promulgación de Santuario para los Estadounidenses Primero (SAFE, por sus siglas en inglés), son de amplio calado. Requieren que los gobiernos estatales y locales dispongan de un período de 180 días para comentar sobre cambios en el número de agentes de inmigración y el número de personas puestas en libertad tras estar bajo custodia de las autoridades migratorias, así como las prioridades para aplicación de la ley, los criterios para otorgar asilo y quién cumple los requisitos para recibir estatus legal.
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Sin ofrecer evidencia, los acuerdos señalan que relajar la aplicación de la ley puede afectar la educación, los servicios médicos, la vivienda y los empleos.
El comisario Sam Page del condado Rockingham, Carolina del Norte, en la frontera con Virginia, firmó un acuerdo el 22 de diciembre.
“Cualquier gobierno entrante probablemente haga cambios de políticas”, señaló el sheriff. “Los cambios de políticas a nivel federal nos afectan a nivel local. Estamos esperanzados en que el acuerdo SAFE fomente la comunicación oportuna en torno a cualquier cambio de política significativo en el futuro. Simplemente solicitamos se nos avise de estos cambios”.
El secretario de Justicia de Luisiana, el republicano Jeff Landry, firmó un acuerdo el 15 de diciembre para “poner freno a la ola de inmigración ilegal”, dijo el portavoz Cory Dennis.
“Aunque algunos podrían intentar difuminar las diferencias, hay una diferencia entre la inmigración legal y la ilegal, y es importante reconocerlo”, manifestó. “Nuestra fiscalía seguirá siendo un organismo de vigilancia para cualquier cambio a las políticas de inmigración que pudiera ser perjudicial para el pueblo de Luisiana”.
En Indiana, el exsecretario de Justicia estatal Curtis Hill, también un republicano, firmó el acuerdo el 22 de diciembre. Rachel Hoffmeyer, portavoz del gobernador Eric Holcomb, dijo que se mantendrá vigente tras una primera revisión.
Katie Conner, portavoz del secretario de Justicia de Arizona, Mark Brnovich, confirmó que el estado es signatario del acuerdo, y dijo que éste “tiene numerosos acuerdos de cooperación con agencias policiales a nivel federal, estatal y local, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional”.
Además de la moratoria a las deportaciones, el gobierno de Biden suspendió una política para hacer que los solicitantes de asilo aguarden en México a que los convoquen para audiencias en una corte migratoria estadounidense. Seis de las 17 órdenes ejecutivas que el mandatario promulgó en su primer día en el puesto tenían que ver con la inmigración, tales como suspender los trabajos en el muro fronterizo y cancelar la prohibición a la entrada de personas provenientes de varios países de población predominantemente musulmana.
Hiroshi Motomura, profesor de leyes y políticas migratorias en la Escuela de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles, consideró que los acuerdos son “algo muy inusual, como de último momento”, y dijo que generan interrogantes sobre cómo un gobierno puede atarle las manos a su sucesor. Él cree que una moratoria a la deportación está dentro de las facultades de un presidente.
Steve Legomsky, profesor emérito de la Escuela de Leyes de la Universidad Washington y exabogado en jefe del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, dijo que los acuerdos son una “idea terrible” que podría crear una competencia en la que los estados que se oponen a la inmigración compitan entre sí para ahuyentar a los inmigrantes hacia otra parte.
“Durante toda nuestra historia se ha entendido que la política de inmigración es responsabilidad exclusiva del gobierno federal”, señaló Legomsky.
El mantener la aplicación de las leyes de inmigración dentro de la esfera del gobierno federal le permite a la nación hablar con una sola voz en lo relativo a la política exterior, agregó Legomsky. No “podemos tener 50 juegos de leyes migratorias contrapuestas operando al mismo tiempo”, indicó.
El gobierno de Biden presentó argumentos similares en un documento presentado ante la corte el domingo después de que Texas le pidió a un juez federal que bloqueara la moratoria a la deportación.
Texas, que ha encabezado una impugnación al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia —el cual protege a cientos de miles de jóvenes de la deportación_, alegó que la moratoria viola su acuerdo con el DHS. El estado también argumentó que la moratoria viola los procedimientos federales para elaborar normas.
El juez federal de distrito Drew Tipton en Victoria, Texas, designado al puesto por Trump el año pasado, sostuvo audiencias el viernes y el lunes para examinar la solicitud de Texas.
