Contraloría revela terapista facturó miles de dólares por servicios no brindados a estudiantes de educación especial

La contratista dejó de brindar servicios en dos escuelas de Juana Díaz

Por Metro Puerto Rico

Una investigación de la Contraloría de Puerto Rico reveló que una terapista de habla facturó miles de dólares por servicios que no prestó a estudiantes de educación especial en dos escuelas de Juana Díaz.

La terapista pudo haber cometido los delitos de apropiación ilegal agravada, fraude y falsificación de documentos, informó la Contraloría en un comunicado de prensa.

La investigación reveló que la terapista subcontratada por la compañía contratada por el Departamento de Educación del 2016 al 2017, para ofrecer servicios de audiología, habla-lenguaje, y terapia a estudiantes de educación especial, facturó $3,842, por 251 terapias que no brindó. Además, presentó documentos con firmas alteradas e información falsa en las Certificaciones de Servicios de Terapia, para justificar el cobro de estos.

Del examen de la prueba documental y testifical, la terapista aceptó que ofreció pocas terapias, que anotó un número aproximado de sesiones de terapia en los expedientes, y dijo que la maestra firmaba las certificaciones sin verificarlas. Al respecto, la compañía prescindió de los servicios de la terapista el 6 de mayo de 2017.

Las maestras de educación especial, de las escuelas Dr. Máximo Donoso Sánchez y Juanita Rivera, afirmaron en declaraciones juradas, que no reconocían su firma en las hojas de asistencia ni en las certificaciones de servicios de intervención que le presentaron.

Te recomendamos:

Varios padres de ocho de los nueve estudiantes de educación especial declararon, que tres de sus hijos no habían recibido los servicios y que la terapista los contactaba para firmar los documentos. Una de las madres indicó que se negó a firmar el documento de servicio porque su hija no había recibido la terapia, otra madre no reconoció su firma en una de las certificaciones, y otra comentó que sus hijos le indicaron que la terapista se ausentaba.

Estas situaciones se refirieron a la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación de los Estados Unidos y al Departamento de Justicia el 19 de diciembre de 2019.

Por las acciones de la terapista, se pudo haber configurado, entre otros, los delitos de apropiación ilegal agravada, fraude y falsificación de documentos, tipificados en la Ley 146-2012 del Código Penal de Puerto Rico. Además, el Departamento no se aseguró que la compañía realizara una supervisión efectiva de la terapista y los servicios que esta prestaba.

Loading...
Revisa el siguiente artículo