En la continuación del proceso de transición del gobierno municipal de Vega Alta, se informó que el caso legal que lleva el Municipio contra el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) por la “masacre ambiental” en el Balneario Cerro Gordo acaecida el pasado 25 de septiembre, pasará a ser responsabilidad de la alcaldesa electa, María Vega Pagán.
La entrante alcaldesa novoprogresista ganó las pasadas elecciones por un estrecho margen de 196 votos. Los detalles del caso ambiental los ofreció el actual alcalde Oscar ‘Can’ Santiago Martínez.
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“En vista del cambio de administración municipal, el bufete que atendía este caso dispuso del mismo y el Tribunal y en la vista celebrada el 9 de noviembre pasado, la Jueza concedió 45 días para que se asigne una nueva representación legal. Como recordarán, este es el caso donde ambas agencias del gobierno estatal (DRD/DRNA) autorizaron mediante un contratista, la tala de árboles, palmeras y uveros que superaron las
1,000 unidades, alegando que todas ellas estaban dañadas desde el paso de los huracanes Irma y María. Al finalizar mi término en la alcaldía, mi llamado a la nueva administración municipal es que defienda el patrimonio natural y ecológico de todos los vegalteños y visitantes”, detalló el alcalde.
Algunos de los datos polémicos del caso se extienden a que el Departamento de Recursos Naturales y el de Recreación y Deportes alegaron tener toda la permisología pertinente, lo que fue desmentido por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), que se expresó sobre la masiva tala de árboles y palmas en Cerro Gordo.
Según declaraciones del oficial de asuntos externos de FEMA en Puerto Rico, Juan Andrés Muñoz, el alcance de los trabajos propuestos por el DRD abarcaba la remoción de material vegetativo de solamente 14 ramas colgantes en árboles y 14 árboles inclinados, que el solicitante identificó como dañados por el huracán María. Las declaraciones de Muñiz se emitieron el 28 de septiembre pasado.
“La intención nuestra y de la comunidad que usa dichas facilidades es que se declare la ilegalidad de las actuaciones de ambas agencias estatales, que se prohíba la continuación de la tala y lo más importante: que se establezca un plan de reforestación, con supervisión profesional y la imposición de multas por incumplimiento”, añadió el alcalde.
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