La Contraloría de Puerto Rico emitió el lunes, una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Coamo.
El Informe revela que el Municipio no solicitó cotizaciones de tres proveedores representativos en el mercado del 2017 al 2018, en contratos seleccionados para mejoras eléctricas e instalación de ventanas y puertas, del proyecto de conversión del Velódromo de Coamo a cancha de soccer. El proyecto tuvo un costo total de 811,499 dólares y se realizó mediante la formalización de 16 contratos y 27 enmiendas.
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La auditoría de cuatro hallazgos señala que, una firma de ingeniería solicitó y recibió las cotizaciones, en vez de empleados municipales, para adquirir postes de alumbrado, equipo de grama artificial y accesorios de baño, entre otros. Esta situación pudo restar confiabilidad a los procesos y, propicia el favoritismo y la comisión de irregularidades.
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Los auditores de la Contraloría hallaron que el Municipio desembolsó 2,362 dólares por equipos de baño no instalados en el proyecto de mejoras del Velódromo. Una ayudante especial y el alcalde habían firmado las tres certificaciones de pago del contratista por los trabajos realizados. La ayudante especial certificó, además, que los trabajos se habían realizado según estipulado en la contratación por 26,846 dólares, y el alcalde aceptó el proyecto. El Informe recomienda que se recobre del contratista los 2,362 dólares por equipos no instalados.
De hecho, el Informe comenta que, al 21 de marzo de 2019, el Municipio no había recobrado 185,076 dólares recomendado en el Informe de Auditoría M-17-40 del 1 de junio de 2017.
Contrario a la Ley 81-199 de Municipios Autónomos y a las cláusulas contractuales, los funcionarios no localizaron las fianzas ni las pólizas de responsabilidad pública de cuatro contratos y cuatro enmiendas del proyecto del Velódromo, y para dos contratos no se requirió que estos prestaran las fianzas para garantizar el pago de la mano de obra. Los municipios no pueden suscribir contratos para realizar obras y mejoras públicas hasta que los contratistas evidencien la entrega de fianza para garantizar el pago de mano de obra, el equipo y los materiales (payment bond), y el cumplimiento del contrato (performance bond)
Los auditores identificaron que no se obligaron las asignaciones presupuestarias para el pago de dos contratos y una enmienda por 77,857 dólares, sino hasta dos meses después. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-17-40.
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El Informe comenta que el Municipio mantenía a 32 empleados, el 46 por ciento, como empleados transitorios por hasta ocho años, en exceso del término de un año establecido por ley. Además, el municipio tenía 10 demandas civiles por 1,864,606 dólares pendientes de resolución por los tribunales.
La auditoría recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio cumpla con le Plan de Acción Correctiva establecido por la Contraloría de Puerto Rico.
