La Oficina de Ética Gubernamental informó hoy que los abogados del Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo llegaron a un acuerdo con el exadministrador de la Administración de Servicios Generales (ASG), Miguel Encarnación Correa, de pagar $9 mil por nueve infracciones a la Ley Orgánica de la Oficina (LOOEG) mientras estaba en posición.
En una querella radicada por Ética el pasado 31 de julio, se le acusó a Encarnación Correa de utilizar su puesto para solicitar favores sexuales y autorizar el uso de vehículos oficiales y generadores eléctricos de la agencia para fines privados.
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Según el documento de la querella, el exadministrador usó los vehículos oficiales para su uso personal e incurrió en gastos de gasolina.
Sobre las alegación de acoso sexual, el documento establece que Encarnación Correa solicitó favores de naturaleza sexual a un empleado de ASG y le envió mensajes con contenido explícito.
Dicha conducta “interfirió indebidamente en el desempeño del trabajo” de la persona afectada y “creó un ambiente laboral intimidante, hostil y ofensivo”, dicen los querellantes.
Finalmente, sobre los generadores eléctricos, este habría autorizado el uso personal de las máquinas para llevarse a su residencia.
El exadministrador aceptó los hechos imputados en la querella y la consecuente responsabilidad legal por la violación a la Ley. Sin embargo, esto lo hizo para finalizar el proceso de la OEG y no “representa aceptación de responsabilidad criminal, civil o administrativa alguna”.
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En la querella original se buscaba la imposición de una multa de hasta $20 mil por cada infracción demostrada.
Fue el pasado 28 de octubre que a jueza Gisela Alfonso Fernández del Tribunal de Primera Instancia sentenció a Encarnación Correa a a cuatro años y seis meses de probatoria por 10 cargos presentados por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).
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