La Junta de Control Fiscal puso contra la espada y la pared al gobierno de Puerto Rico al requerirle que para poner en vigor las leyes aprobadas recientemente sobre la ventana de retiro de los empleados públicos tendrían que primero hacer recortes en la cantidad de empleados del gobierno y sus salarios, más allá de lo dispuesto en los planes fiscales certificados.
La determinación del organismo creado por la ley federal PROMESA surge a escasos 8 días para las elecciones generales en Puerto Rico.
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“Si el gobierno sigue comprometido con implementar estos beneficios de retiro adicionales para los empleados del gobierno, tiene que tomar una decisión muy difícil”, dijo la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko en declaraciones escritas.
“El gobierno tendrá que recortar gastos, incluidos recortes a los policías, bomberos y otros empleados del gobierno para pagar por estas leyes”, añadió.
Mencionó que dada la inconsistencia significativa con los Planes Fiscales Certificados, la Junta también informó al gobierno que estas leyes no deben ser implementadas hasta que se demuestre que las reducciones necesarias de personal y salarios pueden y serán alcanzadas sin afectar los servicios esenciales.
La gobernadora promulgó las tres leyes en agosto “sin suficiente análisis de cuánto costarían las leyes y de dónde se derivarían los ahorros para cubrir esos costos incrementales. Incluso, después de repetidos intercambios con la Junta, el análisis del Gobierno sigue estando incompleto. El análisis de la Junta con respecto al impacto de las tres leyes concluyó que, combinadas, podrían aumentar los gastos del Gobierno hasta en 8,300 millones de dólares durante los próximos 30 años”.
Jaresko señaló que para compensar estos gastos adicionales, el gobierno tendrá que imponer recortes sustanciales a los gastos, lo que resultará en reducciones significativas de la plantilla de empleados del gobierno para garantizar la consistencia con el Plan Fiscal Certificado y equilibrar el presupuesto, según lo exige PROMESA. Dijo que gobierno debe proporcionar “un plan realista para compensar los costos sustanciales de cada una de las tres leyes sin perjudicar los servicios esenciales”.
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La directora ejecutiva agregó que “el Plan Fiscal Certificado define un cuidadoso equilibrio entre la responsabilidad fiscal y la eficiencia del gobierno. Los recortes presupuestarios necesarios para compensar el costo incremental de los beneficios provistos por las tres leyes podrían perjudicar los servicios esenciales del gobierno, aumentar los costos a largo plazo y arriesgar la habilidad de implementar las reformas críticas ordenadas en los planes fiscales”.
“La implementación de estas leyes no es compatible con el mejor interés del pueblo de Puerto Rico”, manifestó Jaresko.
La Junta solicitó al gobierno que proporcione un plan sobre cómo se financiarán los costos adicionales para el 28 de octubre y que deje de implementar las leyes hasta que la Junta de Supervisión provea su consentimiento al plan propuesto por el Gobierno para mitigar los costos de estas leyes.
Asimismo, Jaresko instó a los empleados públicos “a ser conscientes de que no deben depender de los beneficios adicionales proporcionados por estas leyes a menos que y hasta que se hayan resuelto los problemas fiscales”.
Explicó que en caso de que el gobierno continúe implementando medidas bajo estas leyes inconsistentes con el Plan Fiscal Certificado y PROMESA, la Junta podría tomar acciones que considere necesarias, de acuerdo con sus poderes bajo PROMESA, para prevenir un daño mayor al futuro financiero de Puerto Rico.
“La Junta continuará trabajando con el Gobierno de Puerto Rico en beneficio del pueblo de Puerto Rico”, concluyó Jaresko.
