La Unión de Trabajadores de las Comunicaciones de Puerto Rico, organización que representa a los trabajadores y trabajadoras del Negociado del Sistema de Emergencia 9-1-1, lamentó este jueves la situación sin precedentes que enfrenta el 9-1-1 debido al cierre de los Centros de Recepción de Llamadas pero responsabilizó al Departamento de Seguridad Pública, a la comisionada del 9-1-1 Yazmín González por la negligencia en preparar un plan adecuado para atender esta pandemia.
También responsabilizó a la gobernadora Wanda Vázquez y la Junta de Control Fiscal por bloquear la Ley 32-2020 que busca proteger los fondos 9-1-1 y el sistema de emergencias.
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“El 9-1-1 recibe cerca de 10,000 llamadas diarias. El personal para atender las mismas es uno certificado y adiestrado para el mismo. Desde marzo de 2020 nuestra organización presentó un plan comprensivo para responder a la pandemia COVID-19, a la administración del 9-1-1. El mismo incluía el acuartelamiento de empleados en las facilidades del 9-1-1 con turnos de 12 horas y pruebas rutinarias de COVID-19 para el respectivo relevo; también sugerimos crear un plan de trabajo remoto con celulares y de compartir con la ciudadanía teléfonos alternos. La Comisionada González tomó estas sugerencias y las ignoró por completo. Ella, es la primera responsable por el desastre en el 9-1-1”, sostuvo Aramis Cruz Domínguez, presidente del Sindicato en comunicación escrita.
La unión también insistió que esta crisis sin precedentes ocurre en las semanas finales de la temporada de huracanes, también ocurre cuando en Puerto Rico existe una ola de violencia sin precedentes, sobre todo hacia la mujer puertorriqueña. Cruz Domínguez, también informó que “muchos desconocen que el 9-1-1 es la línea que activa todo un andamiaje de seguridad y en muchos casos incluye agencias que no son parte del componente de seguridad pública como la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Los telecomunicadores están también adiestrados para manejar crisis y canalizar las emergencias. Los demás componentes de seguridad no lo están, lo que pone en riesgo la atención de emergencias en el país.”
Por otro lado, la unión recordó que llevan semanas en manifestaciones pacíficas en contra de la administración del 9-1-1 pues la gobernadora Wanda Vázquez le solicitó a la Junta de Control Fiscal bloquear la Ley 32-2020, que entre otras cosas buscaba devolverle al 9-1-1 las herramientas que necesita y proteger los fondos del 9-1-1 ya que no se pueden usar para pagar la deuda ni ser transferidos al fondo general como ha ocurrido en los pasados años. Esta ley fue presentada en conjunto por los Senadores Henry Neumann y José Vargas Vidot y fue aprobado por unanimidad en ambos cuerpos legislativos.
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“Es hora de que se acabe esta mala administración del Sistema de Emergencias. Nuestra organización ya se encuentra realizando los debidos referidos a la Federal Communications Commission sobre este asunto pero, exigimos que se le dé paso tanto a la Ley 32-2020 como al plan comprensivo que diseñamos. También exigimos que permitan al personal administrativo del 9-1-1 volver a sus funciones regulares ya que muchos son indispensables para que funcione la agencia. Finalmente, hay que remover al 9-1-1 del Departamento de Seguridad Pública tal como se hizo con el Negociado de Ciencias Forenses”, puntualizó Cruz Domínguez.
El 9-1-1 ha sido vital para el manejo de emergencias en Puerto Rico y desde el 2014 ha sido señalado desviaciones ilegales de fondos 9-1-1 y por contar con un sistema totalmente obsoleto.
