Locales

Insisten en que se revelen los salarios de empleados del Senado

El juez se reservó el fallo luego de escuchar los argumentos de ambas partes.

El juez del Tribunal de Primera Instancia, Anthony Cuevas, se reservó hoy una decisión en torno a si el Senado debe revelar los salarios de los empleados de este cuerpo legislativo por los pasados ocho años, según solicitó la candidata a la Cámara de Representantes del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Eva Prados.

Durante su argumentación ante el juez, el abogado Luis Torres Ascencio insistió en que el Senado debe publicar los salarios de los empleados del Senado y planteó que el país tiene derecho a conocer “cuánto de nuestros fondos públicos se utiliza para el pago de salarios”. “El pueblo de Puerto Rico debe tener la oportunidad de opinar y pasar juicio sobre la compensación que reciben los empleados públicos y si estos son razonables”, sostuvo.

Asimismo, rechazó que exista una expectativa de intimidad por parte de los empleados públicos del Senado a que sus salarios se revelen debido a que estas personas brindan servicios que son subvencionados por la ciudadanía. “Una persona contratada y que pasa a laborar al Senado no puede tener una expectativa razonable de intimidad sobre el descargo de funciones inherentemente públicas”, añadió.

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Por su parte, la representante legal del Senado, la abogada Sheila Torres, se opuso a la solicitud de divulgación y comentó que la parte demandante bien pudiera fiscalizar y obtener la información mediante los gastos de nómina sin que se revele el salario y la identidad de esa persona. Agregó que el Reglamento del Senado califica como confidencial el expediente de personal de estas personas y que al aceptar su nombramiento no renunciaron a esa expectativa de confidencialidad.

“La preocupación del Senado y e reclamo de confidencialidad es el atar específicamente a un empleado el salario de un empleado y que se divulgue”, añadió.

Asimismo, argumentó que en otras ocasiones los tribunales del país han reconocido la confidencialidad de los ingresos de una persona. También mencionó que revelar la información de salarios podría colocar a estos empleados en una situación de vulnerabilidad ya que podrían ser víctimas de un crimen. “No podemos abstraernos de la circunstancia social que existe en el mundo entero y que publicar los nombres de las personas con sus ingreso potencialmente pudiera poner en riesgo a esa personas de ser víctimas de un crimen”, dijo.

Sin embargo, este argumento fue rechazado por el juez Cuevas debido a que el país conoce los salarios de los jueces, fiscales, legisladores, maestros y policías. “Todos estaremos expuestos bajo ese [argumento]”, indicó.

La letrada también intentó argumentar que la parte demandante no había justificado las razones por las cuales quería acceder a la información. Sin embargo, el juez no favoreció el planteamiento de la abogada. “Simple y sencillamente es un ciudadano y tiene derecho a saber qué se hace con el dinero que se paga de contribuciones”, dijo el juez, al tiempo que recordó a la abogada a que la argumentación debía ceñirse en por qué, a base del Reglamento del Senado, la información sobre salarios de empleados debe mantenerse confidencial.

Torres Ascencio, mientras tanto, reiteró en varias ocasiones en que no era la parte demandante quien debía justificar las razones para acceder a la información, sino en este caso el Senado es quien tiene que demostrar con suficiente prueba que existen razones apremiantes para mantener oculta la información de los salarios.

Agregó, a su vez, que la solicitud de conocer los salarios de los empleados del Senado surge en momentos donde se ha cuestionado el esquema de compensación en ambos cuerpos legislativos en recientes investigaciones criminales en el Tribunal Federal.

La controversia judicial surgió luego de que el pasado 29 de septiembre Prados demandó al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para que este divulgue los salarios del personal del cuerpo legislativo por los pasados ocho años. El pasado 13 de octubre, el Senado entregó una lista parcial de los empleados que laboran en el cuerpo legislativo pero no reveló sus salarios.

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