Acusan a matrimonio en Puerto Rico por fraude de $381,419 al Medicare

La pareja emitió un total de 1,002 denuncias falsas desde el año 2015 hasta el presente

Por Metro Puerto Rico

El 24 de septiembre de 2020, un Gran Jurado Federal en el Distrito de Puerto Rico emitió dos acusaciones por separado a Robert Crespo Zamora y Carmen J. Pagán Domínguez de fraude a la atención médica, robo de identidad agravado, conspiración para cometer atención médica. fraude, obstrucción de una investigación criminal relacionada con delitos de atención médica y conspiración de fraude postal, informó el Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.

La Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS-OIG) dirigió la investigación con la colaboración del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS).

Las acusaciones se dieron a conocer hoy tras el arresto de los dos acusados ​​por parte de agentes federales del orden público de HHS-OIG y USPIS.

Una primera acusación alega que, desde noviembre de 2015 o aproximadamente hasta mayo de 2020, los imputados Carmen J. Pagán Domínguez y Robert Crespo Zamora, se enriquecieron al provocar la presentación de al menos mil dos (1.002) denuncias falsas y fraudulentas para estudios cardiovasculares no invasivos a Medicare, por un monto de $259,147.71.

Reclamaciones fraudulentas

Cardiology Medical Group (CMG) y Cardiology Medical Services (CMS) recibieron aproximadamente $132,312.15 por las reclamaciones enviadas de manera fraudulenta. Durante la trama, Carmen J. Pagán Domínguez, propietaria y facturadora de CMG y CMS, y Robert Crespo Zamora, técnico cardiovascular, provocaron la presentación de reclamaciones a Medicare por estudios cardiovasculares no invasivos supuestamente realizados por dos cardiólogos, a pesar de que los servicios no fueron prestados por dichos médicos.

Según una segunda acusación formal, desde enero de 2020 o alrededor de esa fecha, hasta mayo de 2020 o alrededor de esa fecha, los imputados Robert Crespo Zamora y Carmen J. Pagán Domínguez se enriquecieron al provocar la presentación de al menos trescientos (300) casos no invasivos falsos y reclamaciones fraudulentas de estudios cardiovasculares a Medicare por un monto de $439,890.00.

Cardiovascular Prophylaxis & Evolution (CPE) recibió aproximadamente $249,272.00 por las reclamaciones enviadas de manera fraudulenta. Durante el esquema, Robert Crespo Zamora, propietario y técnico cardiovascular de CPE, y Carmen J. Pagán Domínguez, facturadora de CPE, provocaron la presentación de reclamos por pruebas cardiovasculares no invasivas, supuestamente realizadas a beneficiarios de Medicare, aunque los acusados ​​conocían dichas pruebas. Los servicios no eran médicamente necesarios y los resultados de las pruebas nunca fueron interpretados por un cardiólogo, médico autorizado ni ningún otro proveedor de atención médica calificado.

“La presentación de reclamos falsos a los programas federales de beneficios de atención médica es inaceptable y una pérdida de fondos de los contribuyentes”, dijo el fiscal federal W. Stephen Muldrow.

Falta a estándares éticos

"Los profesionales de la salud deben cumplir con un alto estándar de comportamiento ético", dijo Scott J. Lampert, agente especial a cargo del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Oficina del Inspector General de la región de Nueva York ("HHS-OIG") .

"Junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, HHS-OIG continuará asegurándose de que las personas y entidades que facturan los programas federales de atención médica lo hagan de manera honesta", agregó.

“Los inspectores postales de los Estados Unidos continuarán investigando agresivamente a los criminales que usan el USPS y sus productos para obtener ganancias ilegales. Estamos comprometidos a trabajar con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para investigar y llevar ante la justicia a quienes cometen este tipo de delitos, y especialmente el impacto que estos delitos financieros tienen en las personas, las empresas y las agencias gubernamentales por igual ”, dijo James V. Buthorn Inspector a cargo, División de Newark de USPIS, Oficina de campo de San Juan.

Si son declarados culpables, los acusados ​​enfrentan sentencias máximas de: (a) hasta diez años de prisión por cargos relacionados con fraude a la atención médica, conspiración para cometer fraude a la atención médica y conspiración para fraude postal; (b) hasta cinco años de prisión por la obstrucción de una investigación criminal relacionada con delitos contra la salud; y (c) una pena de prisión obligatoria de dos años consecutivos por robo de identidad agravado.

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