El 24 de septiembre de 2020, un Gran Jurado Federal en el Distrito de Puerto Rico emitió dos acusaciones por separado a Robert Crespo Zamora y Carmen J. Pagán Domínguez de fraude a la atención médica, robo de identidad agravado, conspiración para cometer atención médica. fraude, obstrucción de una investigación criminal relacionada con delitos de atención médica y conspiración de fraude postal, informó el Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.
La Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS-OIG) dirigió la investigación con la colaboración del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS).
Las acusaciones se dieron a conocer hoy tras el arresto de los dos acusados por parte de agentes federales del orden público de HHS-OIG y USPIS.
Una primera acusación alega que, desde noviembre de 2015 o aproximadamente hasta mayo de 2020, los imputados Carmen J. Pagán Domínguez y Robert Crespo Zamora, se enriquecieron al provocar la presentación de al menos mil dos (1.002) denuncias falsas y fraudulentas para estudios cardiovasculares no invasivos a Medicare, por un monto de $259,147.71.
Reclamaciones fraudulentas
Cardiology Medical Group (CMG) y Cardiology Medical Services (CMS) recibieron aproximadamente $132,312.15 por las reclamaciones enviadas de manera fraudulenta. Durante la trama, Carmen J. Pagán Domínguez, propietaria y facturadora de CMG y CMS, y Robert Crespo Zamora, técnico cardiovascular, provocaron la presentación de reclamaciones a Medicare por estudios cardiovasculares no invasivos supuestamente realizados por dos cardiólogos, a pesar de que los servicios no fueron prestados por dichos médicos.
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Según una segunda acusación formal, desde enero de 2020 o alrededor de esa fecha, hasta mayo de 2020 o alrededor de esa fecha, los imputados Robert Crespo Zamora y Carmen J. Pagán Domínguez se enriquecieron al provocar la presentación de al menos trescientos (300) casos no invasivos falsos y reclamaciones fraudulentas de estudios cardiovasculares a Medicare por un monto de $439,890.00.
Cardiovascular Prophylaxis & Evolution (CPE) recibió aproximadamente $249,272.00 por las reclamaciones enviadas de manera fraudulenta. Durante el esquema, Robert Crespo Zamora, propietario y técnico cardiovascular de CPE, y Carmen J. Pagán Domínguez, facturadora de CPE, provocaron la presentación de reclamos por pruebas cardiovasculares no invasivas, supuestamente realizadas a beneficiarios de Medicare, aunque los acusados conocían dichas pruebas. Los servicios no eran médicamente necesarios y los resultados de las pruebas nunca fueron interpretados por un cardiólogo, médico autorizado ni ningún otro proveedor de atención médica calificado.
“La presentación de reclamos falsos a los programas federales de beneficios de atención médica es inaceptable y una pérdida de fondos de los contribuyentes”, dijo el fiscal federal W. Stephen Muldrow.
Falta a estándares éticos
“Los profesionales de la salud deben cumplir con un alto estándar de comportamiento ético”, dijo Scott J. Lampert, agente especial a cargo del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Oficina del Inspector General de la región de Nueva York (“HHS-OIG”) .
“Junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, HHS-OIG continuará asegurándose de que las personas y entidades que facturan los programas federales de atención médica lo hagan de manera honesta”, agregó.
“Los inspectores postales de los Estados Unidos continuarán investigando agresivamente a los criminales que usan el USPS y sus productos para obtener ganancias ilegales. Estamos comprometidos a trabajar con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para investigar y llevar ante la justicia a quienes cometen este tipo de delitos, y especialmente el impacto que estos delitos financieros tienen en las personas, las empresas y las agencias gubernamentales por igual ”, dijo James V. Buthorn Inspector a cargo, División de Newark de USPIS, Oficina de campo de San Juan.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan sentencias máximas de: (a) hasta diez años de prisión por cargos relacionados con fraude a la atención médica, conspiración para cometer fraude a la atención médica y conspiración para fraude postal; (b) hasta cinco años de prisión por la obstrucción de una investigación criminal relacionada con delitos contra la salud; y (c) una pena de prisión obligatoria de dos años consecutivos por robo de identidad agravado.