Como parte de la propuesta gubernamental del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), varios candidatos presentaron hoy una propuesta de legislación que titularon “RESCATE” para erradicar la corrupción en el gobierno.
“Tras un cuatrienio plagado de conductas anti-éticas, renuncias y arrestos, la ciudadanía ha perdido la confianza en las instituciones gubernamentales. Nuestro movimiento ha sido enfático en la necesidad de rescatar esas instituciones y hoy presentamos medidas legislativas puntuales para lograrlo”, mencionó José Bernardo Márquez, aspirante por acumulación a la Cámara de Representantes.
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La Reforma Expedita sobre Corrupción, Administración y Transparencia Estatal (RESCATE, por sus siglas), atiende directamente la cultura de inversionismo, amiguismo y clientelismo político a través de medidas para establecer topes salariales en el Gobierno, limitar la cantidad de puestos de confianza y las contrataciones por nepotismo. Del mismo modo, amplía las medidas de transparencia financiera en el Gobierno y designa oficiales de cumplimiento anti-corrupción.
“Es nuestra responsabilidad devolver la confianza en el servicio público. Los ciudadanos y ciudadanas necesitan verse representandos por funcionarios comprometidos y a quienes no les tiemble la mano al momento de tomar acciones contundentes que eliminen de raíz la corrupción del gobierno. Por eso hoy presentamos esta propuesta de RESCATE”, manifestó la candidata a la gobernación por el MVC, Alexandra Lúgaro.
La reforma propuesta incluye sustituir la Oficina de la Primera Dama por la División Interagencial Anticorrupción, que contará con una aplicación que integrará las bases de datos de múltiples agencias y le brindará acceso a las mismas a la ciudadanía. Además, contará con oficiales de cumplimiento anticorrupción para investigar transacciones llevadas a cabo en las agencias. “La participación ciudadana será crucial en nuestro gobierno. Usaremos la tecnología para proveer transparencia a los procesos y poner la información al alcance de todas y todos”, expresó por su parte Eva Prados, candidata a representante por el Distrito 3 de San Juan.
Márquez y Prados presentaron el proyecto de ley que someterán en enero, el cual además: prohibiría el cabildeo por un periodo de cuatro años a exfuncionarios electos y exjefes de agencias, prohibiría como ocurre en la esfera federal, los donativos políticos de parte de contratistas gubernamentales, eliminaría la facultad de los presidentes legislativos de conceder dispensas para contrataciones de familiares en la Legislatura y crearía salas judiciales especializadas en corrupción.
“Ya lo dijimos antes, aquí se acabaron las palas y las puertas giratorias. Puerto Rico tendrá el gobierno que merece, libre de abusos de poder, favores políticos y agendas impuestas por grandes intereses”, añadió Lúgaro.
