Osvaldo Soto García, designado por la gobernadora Wanda Vázquez para dirigir la Oficina del Contralor (OCPR) por la próxima década, defendió sus méritos para ocupar el cargo al insistir que el funcionamiento de esa entidad depende de la capacidad “colectiva” de la entidad para ejercer sus funciones, y no del conocimiento particular de la figura que la encabeza.
En su comparecencia ante la Comisión Especial de Nombramientos de la Cámara de Representantes, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza subrayó que su capacidad “gerencial” le permitiría implementar los cambios tecnológicos y administrativos necesarios para “agilizar” las gestiones de fiscalización inherentes a la OCPR.
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Su inexperiencia en el área de auditorías y finanzas, argumentó Soto García, podría compensarse con la preparación del personal especializado de carrera y por contrato que reclute la OCPR, así como por el Consejo Asesor de Auditoría Institucional creado por reglamento interno.
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Aunque en la vista mencionó que “distingue” a la contralora saliente, Yesmín Valdivieso, Soto García planteó en su ponencia que “se hace imprescindible que ante la gran cantidad de fondos que se han desembolsado en estos años y los que vienen, se tenga un rol más activo de la Oficina del Contralor, con una persona que gerencia un cambio en todo aquello que no ha funcionado”.
A pesar de que a partir de las expresiones públicas de senadores y representantes no se vislumbra que Soto García reciba los votos para ser confirmado, el nominado propuso cinco iniciativas que implementaría de ocupar el cargo: una “transformación tecnológica” que integrara sistemas de inteligencia artificial a los procesos de auditorías; la creación de una división encargada de conseguir fondos federales; conseguir una sede permanente para la OCPR; impulsar sanciones a entidades públicas que sometan información errónea al registro de contratos; y mejorar los procesos colaborativos con otras agencias fiscalizadoras, como el Departamento de Justicia.
Asimismo, recalcó que su “probidad moral”, “verticalidad”, “integridad” y “honestidad” eran suficientes atributos para asumir las riendas de la OCPR.
A lo largo de las casi tres horas que se extendió la vista pública, Soto García se refirió repetidamente al texto de los Estándares Generalmente Aceptados de Auditoría Gubernamental, que según su interpretación no exigen que la cabeza de una entidad encargada de realizar auditorías sea experto en esos procesos, argumento que rebatieron los representantes Antonio “Tony” Soto Torres del Partido Nuevo Progresista, y Rafael “Tatito” Hernández, del Partido Popular Democrático.
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Soto García completó un bachillerato en Ciencias Empresariales de la University of Phoenix y cuenta con un Juris Doctor de la Pontificia Universidad Católica, aunque no cuenta con licencia para ejercer la abogacía. En la vista señaló que pasados contralores, como Basilio Santiago Romero, no eran auditores ni contadores públicos autorizados (CPA).
Santiago, nombrado por el exgobernador Luis A. Ferré, era abogado de profesión.
El secretario de Asuntos Públicos también expuso que, pese a no contar con experiencia alguna en la realización de auditorías, pertenece a la Asociación de Examinadores de Fraude. A preguntas del representante independentista Denis Márquez, Soto García reconoció que para pertenecer a ese grupo no necesita estar certificado como examinador de fraude.
“Para poder certificarse en la Asociación (de Examinadores de Fraude) hay que tomar un examen que no he tomado”, admitió Soto García.
“Me parece que su nombramiento es una horrible irresponsabilidad de la gobernadora”, ripostó Márquez.
Soto Torres, Márquez y el independiente Manuel Natal fueron los legisladores que en la vista indicaron expresamente que le votarían en contra al nombramiento de Soto García.
Durante la vista, Soto García señaló que la Asociación de Auditores y Empleados de la Oficina del Contralor le brindó su endoso para ocupar la contraloría. El presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, cuestionó si una reunión con el liderato fue coordinada por personal de La Fortaleza, lo que Soto García negó, puntualizando que hizo el contacto a través de un abogado de nombre Rodney Hernández.
El representante José Aponte, quien presidió la vista, indicó después de concluida la deposición de Soto García que miembros de esa agrupación escribieron a la Comisión Especial para inquirir sobre el proceso de endoso que presuntamente recibió el nominado.
A preguntas del representante novoprogresista Gabriel Rodríguez Aguiló, Soto García respondió que de momento no tiene compromiso de contratar a ningún compañero de trabajo en La Fortaleza.
Rodríguez Aguiló también cuestionó si en enero Soto García favoreció la postura del ejecutivo de preservar la confidencialidad del informe elaborado por el Negociado de Investigaciones Especiales sobre un almacén de suministros en Ponce. El secretario de Asuntos Públicos replicó que su cargo en La Fortaleza se limita a “comunicar” la posición de la gobernadora y que en su opinión el documento se debió haber divulgado.
Soto García dijo que aunque no ha participado de auditorías, “sí he sido auditado”, en aparente referencia a su desempeño como administrador auxiliar en la Administración de Desarrollo Laboral, donde dijo que manejó un presupuesto de $35 millones federales. Antes de llegar a La Fortaleza, en enero, Soto García trabajaba como secretario de Asuntos Públicos del Senado y en el pasado ha sido consultor a nivel municipal y de consorcios regionales.
Otros deponentes, como el excontralor Manuel Díaz Saldaña, el catedrático de Contabilidad José González Taboada y el Colegio de CPA, se opusieron a la confirmación de Soto García.
La Cámara de Representantes sesiona esta tarde como parte de la sesión extraordinaria convocada por Vázquez para atender decenas de nombramientos y unos 26 proyectos de ley.
