Exigen descuentos en patentes y servicios gubernamentales para negocios cerrados desde marzo

Candidata al Senado envió una carta a la Gobernadora solicitando las ayudas a nombre de la comunidad empresarial.

Por Metro Puerto Rico

La candidata novoprogresista al Senado Nitza Moran solicitó mediante carta a la gobernadora Wanda Vázquez que otorgue exenciones o descuentos "reales" a pequeños y medianos negocios que no han podido abrir ni generar ingresos durante los más de seis meses de cuarentena por COVID-19 "con el fin de salvar el desarrollo económico futuro en la isla".

La candidata por los municipios de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas, afirmó en comunicado de prensa que ha mantenido conversaciones con dueños de negocios y que el Gobierno de Puerto Rico puede ofrecer exenciones y descuentos en el pago de permisos, patentes, licencias y pago de servicios básicos como agua y energía.

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Añadió que las tarifas comerciales en servicios básicos son mucho mayor en comparación con las áreas residenciales y actualmente los comercios reciben una constante presión de las Agencias de Gobierno para que renueven licencias y se mantengan al día con sus pagos. Además, los comercios tienen que invertir en nuevos equipos para poder cumplir con los requisitos de salubridad en caso de que puedan reabrir en un futuro.  "Este tipo de gastos y requisitos les empeora su cuadro económico", lee el comunicado.

Entre algunas de las sugerencias que recomendó incluir como parte de una Orden Ejecutiva o mediante un Proyecto de Ley presentado a la Legislatura están:

  • Crear un descuento significativo al renovar los permisos que autorizan la actividad comercial, en especial para todos aquellos comercios que no han podido abrir desde el mes de marzo del 2020. Esta información puede ser corroborada en las planillas sometidas al Departamento de Hacienda sobre su volumen de ventas y movimiento comercial.
  • En vez de una moratoria, otorgar un descuento real en los servicios básicos que se le pagan al Gobierno a todos los negocios que han permanecido cerrados desde marzo del 2020. Todos conocemos que las tarifas comerciales de estos servicios son sumamente costosas.
  • En vez de posponer la contribución mínima tentativa a corporaciones debería ser un alivio real de minimizar el pago de la misma con un descuento.

“El pueblo de Puerto Rico, en su totalidad, ha tenido que enfrentar estragos financieros a causa de la pandemia del COVID-19. Y entiendo que vivimos una situación novel que nunca habíamos enfrentado. Pero es tiempo de evaluar como podemos ayudar a que no cierren más negocios y recuperar la economía de la  manera mas balanceada posible en términos de programas gubernamentales que realmente ayuden a las PYMES. Con la implantación de estas medidas las agencias de gobierno podrían impactar de manera positiva la crisis económica que viven estos negocios que no gozan de las mismas exenciones de grandes compañías, industrias o megatiendas”, expresó Nitza Moran.

La también empresaria y ex profesora de justicia criminal indicó que la inyección económica a través de las ayudas federales e incentivos a nivel estatal en muchos casos fueron medidas a corto plazo, y quizás en situaciones extremas los préstamos adquiridos por los comercios podrían convertirse en una deuda en el futuro. Además, afirmó que las medidas incluidas en la Ley 57 solo representan un alivio temporero que no ofrecen una ayuda genuina en aliviar la carga económica, sino que la pospone para más adelante.

“Muchos de los negocios que están cerrando lo hacen porque realmente no pueden con la carga económica de pagar patentes, seguros, licencias y renta sin poder abrir, y encima pagar las conexiones comerciales y tarifas estimadas del agua y la luz. Todo sin generar un solo centavo desde el mes de marzo. Y la única opción que otorga la Ley 57 es posponer algunas de esas deudas para el futuro. O sea, cuando vuelvas a correr tu negocio ya tendrás una deuda doble que pagarle al gobierno. La carga será mucho mayor para poder ponerse al día. Hay que ofrecerle alivios reales o tendremos más pueblos fantasmas sin ningún tipo de actividad económica”.

Morán explicó que el Departamento de Hacienda, a través de su programa de SURI puede identificar cuales son esos comercios que no han podido abrir desde el mes de marzo del 2020 a causa del “lockdown.

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