Al menos 63% de los puentes que colapsaron o fueron dañados por el huracán María ya se encontraban en estado crítico de socavación antes de la tormenta por falta de mantenimiento, poniendo a la ciudadanía que los transita en riesgo, reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que requirió incoar una demanda por acceso a la información contra la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).
De los 32 puentes que la ACT informó como parte del litigio que colapsaron o cerraron por el impacto del huracán en septiembre de 2017, 20 estaban clasificados en un estado de socavación crítica, según indica el inventario de puentes de la Administración Federal de Carreteras (FHWA, en inglés) que la ACT entrega anualmente a la agencia federal y que fue cotejado por el CPI.
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La socavación de un puente ocurre cuando el material que rodea sus cimientos, como puede ser el sedimento, se debilita o erosiona, poniendo en riesgo el sostenimiento de la estructura. Aquellos puentes que están sobre ríos con corrientes de flujo rápido son más propensos a socavar debido al impacto que este movimiento acelerado del agua causa sobre las bases de esta infraestructura vial. Un estudio publicado en el Journal of Mechanics and Geotechnical Engineering en 2014, estableció que la socavación es la causa principal del colapso de puentes en los Estados Unidos.
Para el presidente de la Comisión de Terremotos del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), el ingeniero Félix Rivera, el seguimiento a la socavación de puentes debe trabajarse como un aspecto prioritario de seguridad.
“Ya está afectado el puente. Yo diría que si está susceptible a socavación, no sirve. Si está socavado, no sirve. Esos hay que mandarlos a cerrar inmediatamente”, advirtió Rivera luego de que el CPI le mostrara la lista inicial de 22 puentes colapsados que entregó ACT producto de la demanda por información, y la clasificación de socavación crítica de cada uno según se desprende de la base de datos del inventario de puentes de Puerto Rico.
“Cuando ocurrió el huracán María, salí a hacer inspecciones y lo más que vi fueron estructuras sin mantenimiento. El no tener mantenimiento ocasionó un daño mayor”, añadió el ingeniero y portavoz del CIAPR.
Los 20 puentes en estado de socavación crítica previo al huracán estaban ubicados sobre el Río Grande de Arecibo, el Río Canóvanas, el Río Culebrinas en Moca, el Río Grande de Manatí, el Río Hoconuco en San Germán, el Río Duey de Yauco, el Río Viví en Utuado, el Río Tanamá en Arecibo, el Río Bayamón, el Río Chiquito en Utuado, el Río Guaonica en Utuado, el Río Inabón en Juana Díaz, el Río Santiago en Naguabo, así como un canal de riego en Patillas y un arroyo en Moca.
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La lista de 32 de FHWA, además de las 20 estructuras que estaban en estado crítico, presenta dos puentes que no fueron inspeccionados para evaluar su nivel de socavación, ubicados en la avenida Félix sobre el Río Corozal y en la carretera PR 627 sobre el Río Grande de Arecibo.
La mayoría de estos puentes clasificados con un estado crítico de socavación se ubican en municipios que sufrieron mayor devastación tras el huracán. Uno de esos casos es Utuado, municipio en el cual las comunidades tuvieron que improvisar caminos, vados y puentes pequeños.
Desde septiembre de 2019, el CPI solicitó la lista de puentes susceptibles a socavación. Sin embargo, la agencia se negó a entregarla argumentando temor a que el documento cayera en manos de la prensa o de académicos. Tanto el jefe de Gerencia de Inventario de Puentes de la ACT, Manuel Coll, como la directora ejecutiva de la agencia, la ingeniera Rosana Aguilar Zapata presentaron objeciones a la solicitud de divulgación de ese documento público.
“Yo tengo mucho miedo de dártela a ti porque hasta a profesores se la damos y lo que hacen es malinterpretarla. Por ejemplo, esto de ‘susceptible a socavación’”, argumentó el ingeniero Coll, cuando el CPI le solicitó la lista en septiembre 2019.
“Tenemos un público allá afuera que me preocuparía que malinterpretara”, dijo por su parte el ingeniero consultor de la ACT, Ariel Pérez, cuando el CPI le hizo la misma solicitud semanas después. Junto a él, Aguilar Zapata asintió con su cabeza, en aprobación a la objeción.
El 30 de enero, el CPI demandó a la ACT, luego de que esta agencia se negara a entregar: 1) la lista de puentes vulnerables a socavación; 2) la lista de puentes destruidos por el huracán María: y 3) la lista de puentes reabiertos luego de que fueran destruidos por el ciclón de septiembre 2017.
A más de dos años del huracán, la ACT no tenía una lista completa con todos los puentes destruidos por María
Como resultado de la demanda, la agencia presentó una lista original con 22 puentes, y luego de que el CPI presentara evidencia en sala de al menos otros nueve que habían colapsado, la ACT envió una lista ampliada el pasado 2 de julio, en la que aumentó el número de puentes a 32. En la nueva lista se incluyeron no solo los puentes colapsados, sino también aquellos que fueron impactados y cerrados como consecuencia del paso del huracán. El nuevo documento también añadió puentes de jurisdicción municipal, que el CPI había mencionado a la agencia que no estaban en la lista original.
Rivera también cuestionó que la lista de puentes colapsados entregada inicialmente por la ACT solo incluyera 22 de estas estructuras.
“Yo entiendo que deben ser más de 22”, argumentó el ingeniero del CIAPR.
Ejemplo de un puente destruido por María y que no apareció en la lista inicial entregada por la ACT es el puente sobre el Río Santiago en la comunidad Tropical Beach en la carretera PR 3 en Naguabo. Un puente temporero fue inaugurado más de dos años después del huracán, el viernes 13 de diciembre de 2019. Aunque la estructura anterior no colapsó únicamente como resultado del ciclón de 2017, el huracán María sí afectó el puente y eventual cierre, según admitió en junio 2018 uno de los portavoces de prensa de la ACT.
En una vista celebrada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan el 27 de febrero como parte del caso, Coll admitió que la oficina que dirige no tenía toda la información de los puentes destruidos por María y que podrían haber más de los que aparecen en la lista de colapsados que la ACT entregó.
“Yo diría que aquí falta el de Los Filtros (Bayamón) y deben haber otros. Si quieren, yo le añado esos tres (Los Filtros, uno en Maricao y un tercero en la PR 52)”, dijo Coll a los abogados del CPI previo al comienzo de la vista en corte. “Si saben de otros me envían las coordenadas”, añadió el ingeniero de la ACT, comprometiéndose a indagar sobre otros puentes que el CPI le informó que fueron destruidos.
“Nosotros vamos a mirar los municipales independientemente de que sean municipales para añadirlos a la lista’’, puntualizó Coll.
La agencia gubernamental entregó el 2 de julio una lista de 32 puentes colapsados. En cuanto a la lista de puentes vulnerables a socavación, que es distinta a la de puentes colapsados, la ACT nunca entregó al CPI un documento propio con esa información. Solo envió un enlace para acceder al inventario de los 2,325 puentes de Puerto Rico, según está publicado en el portal de FHWA. Dicho documento presenta una columna con información actual sobre nivel de socavación crítica asignada a cada puente luego de su evaluación.
De la lista de los 32 puentes preparada por la ACT, 30 aparecen como que están abiertos luego de las mejoras o la construcción del puente sustituto, en su mayoría temporeros.
Gobierno federal señala irregularidades en solicitud de fondos y otorgación de contratos para puentes en Puerto Rico
La Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) identificó irregularidades en la forma en que la FHWA manejó la solicitud de fondos federales para la reconstrucción de dos puentes afectados por el huracán María.
Según un informe publicado en octubre de 2019, los puentes en la PR-145 en Ciales y en la PR-14 fueron declarados proyectos de reparaciones de emergencia 180 días después del evento que provocó su colapso o daño. La ley federal estipula que aquellos proyectos presentados como reparaciones de emergencia pueden obtener un 100% de financiamiento federal, siempre y cuando se gestionen dentro del período de 180 días.
Un portavoz de GAO explicó que es una práctica común de la FHWA instalar puentes temporeros inmediatamente después de un desastre como medida para restaurar el tráfico esencial y minimizar el daño causado por el fenómeno natural. Sin embargo, estas reparaciones son generalmente hechas dentro del período de 180 días, a partir del día en que ocurrió el evento.
“La proyección para finalizar los puentes temporeros en Puerto Rico fue dentro de un período de más de dos años después del impacto del huracán María. Esto levanta preguntas de si en efecto existía una emergencia que justificara el proyecto para restaurar rápidamente el tráfico esencial”, indicó al CPI el director de la Oficina de Asuntos Públicos de GAO, Chuck Young.
Para el caso del puente en Ciales, El CPI verificó que el contrato se firmó el 23 de marzo de 2018 o 184 días después del huracán María, por lo cual el señalamiento de GAO en la auditoría surge como resultado de un retraso de solo cuatro días. La GAO cuestiona el hecho de que la FHWA no documentó adecuadamente la razón para que se hiciera la gestión luego del periodo que requiere la ley. El informe también cuestionó que se decidiera reducir el número de compañías que pudieran someter propuestas para arreglar el puente. Según GAO, hacer los trabajos y contratos de forma expedita no se justifica posterior al período de emergencia, que se establece en 180 días. Igualmente, cuestionaron la forma en se solicitó dinero para el trabajo de un puente que será temporero.
El contrato para la construcción del puente temporero en Ciales se otorgó a la empresa Santa & Co., según el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor. En el transcurso de 18 meses a partir del día de su firma, se hicieron 11 enmiendas al contrato, y se terminó pagando $4.6 millones, que son $300 mil menos del costo que el Gobierno estimó inicialmente para el proyecto, según aparece en la auditoría de GAO. “La clasificación del proyecto como una reparación de emergencia levanta cuestionamientos sobre si el proyecto fue un uso eficiente de los fondos federales. El puente temporero a un costo de $4.9 millones involucró una construcción considerable como fue el caso de las zapatas de cinco millones de libras de concreto y acero reforzado, y como se dijo previamente, su terminación no será hasta octubre 2019. Los oficiales de FHWA plantearon que esta estructura será demolida dentro del período de dos años y se reemplazará con una estructura permanente a un costo de $6.4 millones”, lee el documento. GAO admitió al CPI que aunque su informe dice que el costo fue de $4.9 millones, esa cifra fue el estimado original, pero que el proyecto realmente costó $4.6 millones.
De la lista de los 32 puentes afectados por el huracán que la ACT le entregó al CPI en julio de este año, 21 fueron sustituidos por estructuras modulares o temporeras, seis se abrieron al tráfico tras reparaciones a la estructura original, dos aguardan por reparaciones municipales, uno tuvo la reconstrucción de la superestructura, uno tuvo la construcción de un puente tipo Ford y solo uno es identificado como que conlleva la construcción de una estructura nueva permanente.
Aunque los señalamientos de GAO en su auditoría son dirigidos a FHWA, el proceso de subasta y contratación para la construcción de estos puentes recae en el Gobierno de Puerto Rico.
El puente en la PR-14 presenta señalamientos similares al puente en Ciales por no cumplir con el período de 180 días. Aunque el documento de la GAO no precisa la ubicación del mismo, el CPI encontró que se trata del Puente de Hierro sobre el Río Descalabrado en el municipio de Coamo.
La GAO indica que no existía justificación para clasificar ese puente como una reparación de emergencia debido a que la estructura continuó operando luego de ser afectada por el huracán. Tras María, la carga de tránsito del puente se redujo de cinco a tres toneladas. Por lo tanto, según el informe, tampoco se justificaba la solicitud de fondos federales para la construcción de un puente sustituto temporero que se proyecta que será demolido dentro del período de dos años, una vez comience su operación.
Pero, contrario a la GAO, el ingeniero Rivera entiende que este caso sí ameritaba clasificarse como una reparación de emergencia.
“Es un puente que está disminuyendo su capacidad. Yo entiendo que sí, que eso requiere fondos de emergencia y que se pueda reparar y llevarlo a su condición original de cinco toneladas”, afirmó el integrante del CIAPR.
Un aspecto que la auditoría federal no menciona es que, previo al evento atmosférico del 2017, ya se llevaba a cabo la construcción de un puente de cemento que sustituiría la estructura original de metal en Coamo.
Rafael R. Díaz Torres es miembro de Report for America
