La División de Integridad Pública del Departamento de Justicia inició hoy a una investigación en torno a todas las irregularidades que provocaron la posposición de las primarias el pasado domingo 9 de agosto.
Metro supo que la agencia, tan temprano como hoy, comenzó a conformar un equipo de fiscales para investigar luego de que el legislador popular Luis Vega Ramos presentó un referido esta mañana al Departamento de Justicia. Vega Ramos, por su parte, confirmó a este medio que la agencia le indicó que sus señalamientos fueron referidos a la División de Integridad Pública para arrancar con el proceso investigativo para comenzar una pesquisa sobre el manejo irregular de las primarias que desembocó con su posposición para el próximo 16 de agosto.
Por su parte, la presidenta del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), Nydia Cotto Vives, indicó a este medio que el organismo aún no ha sido notificado sobre el inicio de esta investigación.
Esta mañana, Vega Ramos sometió un referido en el que le imputa posible conducta criminal al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila. “Estoy refiriéndole y solicitándole formalmente que active el mecanismo especial dispueto en el artículo 12.24 del Código Electoral de 2020 ante la posible conducta delictiva del presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila, por las posibles acciones y omisiones en la ejecución de sus deberes”, señaló Vega Ramos en su referido a Justicia.
El legislador, asimismo, indicó que espera que la agencia realice una pesquisa “completa y contundente”. El legislador también refirió a Dávila a la Oficina de Ética Gubernamental para que evalúe si el funcionario incurrió en violaciones éticas y “negligencia en el cumplimiento del deber”.
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“Resuelto el caos luego de la decisión del Tribunal Supremo, lo que procede es buscar al responsable y responsables de esto y adjudicar si su conducta, particularmente la del presidente de la CEE, fue una negligencia de tal magnitud que se convierte en delictiva. En ese sentido, la Ley Electoral requiere que se le pida [a Justicia] que intervenga”, dijo el legislador a Metro luego de la notificación de Justicia.
Según Vega Ramos, entre las posibles violaciones al Código Electoral están el artículo 3.9 del nuevo Código Electoral, el cual establece la “negligencia crasa en el desempeño de sus funciones como una de las causales para la destitución del Presidente de la CEE. Además, el legislador apuntó que Dávila también pudo haber violentado el artículo 12.1 —sobre violaciones al ordenamiento electoral— y al artículo 12.3 que detalla las penalidades por obstruir las actividades electorales de la CEE.
Asimismo, el referido de Vega Ramos incluyó la posible comisión del delito de negligencia en el cumplimiento del deber, según lo establece el artículo 263 del Código Penal de Puerto Rico.
En la decisión de ayer del Tribunal Supremo de Puerto Rico, aunque se concluyó que el proceso primarista continuará el próximo domingo 16 de agosto, la mayoría de los jueces condenaron el manejo “deficiente”, “irregular” y “mediocre” de la CEE.
La jueza asociada Anabelle Rodríguez no mostró reparos a la hora de objetar el desempeño de Dávila y catalogó el proceso como una “vergüenza”.
“Concluido este proceso, y en atención a la realidad de que quienes lo dirigieron no están capacitados para llevar a cabo las funciones inherentes a sus puestos, resulta indispensable Justiciaque éstos no presidan los procesos en una elección general. El país no aguanta más incertidumbre ni otra afrenta a la democracia”, señaló la veterana jueza en su opinión.
Por su parte, el juez asociado Luis Estrella, en su opinión de conformidad, también tronó contra el desempeño de la CEE y aseguró que los funcionarios “fallaron a su responsabilidad indelegable de supervisar, dirigir y viabilizar la celebración de las primarias, y de garantizar que la misma se realizara conforme a los postulados de nuestro ordenamiento electoral”.
“Sin duda alguna, la institucionalidad falló crasa y negligentemente a sus responsabilidades administrativas al permitir un atraso tan significativo y oneroso en las operaciones electorales”, subrayó el juez asociado.
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