El contralor electoral, Walter Vélez, defendió hoy su decisión de limitar el contenido político partidista en las páginas de candidatos que ocupan cargos públicos luego de que la Asociación de Alcaldes presentó ayer una demanda cuestionando dicha determinación.
“La Determinación objeto de este pleito fue emitida a base a las disposiciones de la Ley 222-2011 para asegurar el cumplimiento con la veda electoral y las disposiciones constitucionales que prohíben el uso de fondos públicos para fines privados, incluyendo campaña político partidista”, indicó Vélez mediante declaraciones escritas.
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Ayer, la Asociación de Alcaldes presentó una demanda contra la Oficina del Contralor Electoral (OCE) para que el Tribunal Federal detenga una determinación de este organismo que ordenó a los funcionarios a mantener separadas las cuentas de redes sociales “oficiales” de aquellas con contenido de campaña. Según estos, la orden contraviene el derecho a la libertad de expresión de los alcaldes y candidatos al amparo de las protecciones que ofrece la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
“Estaremos presentando ante el Tribunal nuestros planteamientos en protección del uso adecuado de los fondos públicos”, añadió el contralor electoral. Ell juez federal Gustavo Gelpí determinó hoy que Vélez tendría hasta mañana a más tardar a las 5:00 p.m. para presentar sus planteamientos y que expusiera las razones por las cuales el Tribunal Federal no debía evitar que dicha orden continuara en vigor.
La decisión Vélez fue emitida el pasado 17 de julio y ordenó a los candidatos —que ocupan cargos públicos— a que revisen sus plataformas digitales y redes sociales “oficiales” -incluyendo las de las agencias- y apliquen los reglamentos y leyes vigentes que prohíben material de campañas y sus modalidades más sutiles como el uso de la combinación de colores propios de un partido político.
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Mientras que la Asociación de Alcaldes —que agrupa a los ejecutivos municipales afiliados al Partido Popular Democrático (PPD)— cuestionaron el dictamen de la OCE ya que representa un límite al derecho de la libertad de expresión.
“Tenemos derecho a una declaración que determine que la propuesta regulación al contenido político en los medios de comunicación personales de los alcaldes, tal y como señala la OCE-DET-2020- 02, violenta las protecciones del derecho a la libertad de expresión al amparo de la Primera Enmienda”, agregó el recurso de los alcaldes, que a su vez solicitaron un interdicto interlocutor y permanente.
