La Asociación de Alcaldes presentó una demanda ayer contra la Oficina del Contralor Electoral (OCE) para que detenga una determinación de este organismo que ordenó a los funcionarios a mantener separadas las cuentas de redes sociales “oficiales” de aquellas con contenido de campaña.
El organismo —el cual agrupa a los ejecutivos municipales del Partido Popular Democrático (PPD)— sostuvo que la decisión del contralor electoral, Walter Vélez, atenta contra los derechos a la libertad de expresión consagrados en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La demanda fue presentada ante el Tribunal Federal.
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“Aquellos que compiten como candidatos en el proceso político no se les debe requerir que renuncien a sus derechos bajo la Primera Enmienda para poder participar en el proceso electoral. Los medios de comunicación electrónicos son herramientas cruciales en las campañas políticas y en el cual los aquí demandados han decidido inexplicablemente interferir con dicho derecho en el último tramo de las elecciones generales pautadas para el 3 de noviembre de 2020”, reza la demanda incoada por el vicepresidente del organismo, Luis Javier Hernández, quien también es alcalde de Villalba.
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El juez federal Gustavo Gelpí, por su parte, ordenó hoy que el contralor electoral, Vélez, tendrá hasta mañana a las 5:00 p.m. a que exponga sus argumentos y explique por qué el tribunal no debe evitar que la orden entre en efecto.
El ejecutivo municipal, en su recurso legal, también alude a que debido a la pandemia del COVID-19, ha imposibilitado a que se realicen campañas políticas en las calles.
La decisión Vélez fue emitida el pasado 17 de julio y ordenó a los candidatos —que ocupan cargos públicos— a que revisen sus plataformas digitales y redes sociales “oficiales” -incluyendo las de las agencias- y apliquen los reglamentos y leyes vigentes que prohíben material de campañas y sus modalidades más sutiles como el uso de la combinación de colores propios de un partido político.
“Tenemos derecho a una declaración que determine que la propuesta regulación al contenido político en los medios de comunicación personales de los alcaldes, tal y como señala la OCE-DET-2020- 02, violenta las protecciones del derecho a la libertad de expresión al amparo de la Primera Enmienda”, agregó el recurso de los alcaldes, que a su vez solicitaron un interdicto interlocutor y permanente.
