Asociación de Alcaldes demanda a Contralor Electoral en el Tribunal Federal

La Asociación de Alcaldes presentó una demanda ayer contra la Oficina del Contralor Electoral (OCE) para que detenga una determinación de este organismo que ordenó a los funcionarios a mantener separadas las cuentas de redes sociales “oficiales” de aquellas con contenido de campaña.

El organismo —el cual agrupa a los ejecutivos municipales del Partido Popular Democrático (PPD)— sostuvo que la decisión del contralor electoral, Walter Vélez, atenta contra los derechos a la libertad de expresión consagrados en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La demanda fue presentada ante el Tribunal Federal.

“Aquellos que compiten como candidatos en el proceso político no se les debe requerir que renuncien a sus derechos bajo la Primera Enmienda para poder participar en el proceso electoral. Los medios de comunicación electrónicos son herramientas cruciales en las campañas políticas y en el cual los aquí demandados han decidido inexplicablemente interferir con dicho derecho en el último tramo de las elecciones generales pautadas para el 3 de noviembre de 2020”, reza la demanda incoada por el vicepresidente del organismo, Luis Javier Hernández, quien también es alcalde de Villalba.

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El juez federal Gustavo Gelpí, por su parte, ordenó hoy que el contralor electoral, Vélez, tendrá hasta mañana a las 5:00 p.m. a que exponga sus argumentos y explique por qué el tribunal no debe evitar que la orden entre en efecto.

El ejecutivo municipal, en su recurso legal, también alude a que debido a la pandemia del COVID-19, ha imposibilitado a que se realicen campañas políticas en las calles.

La decisión Vélez fue emitida el pasado 17 de julio y ordenó a los candidatos —que ocupan cargos públicos—  a que revisen sus plataformas digitales y redes sociales “oficiales” -incluyendo las de las agencias- y apliquen  los reglamentos y leyes vigentes que prohíben material de campañas y sus modalidades más sutiles como el uso de la combinación de colores propios de un partido político.

“Tenemos derecho a una declaración que determine que la propuesta regulación al contenido político en los medios de comunicación personales de los alcaldes, tal y como señala la OCE-DET-2020- 02, violenta las protecciones del derecho a la libertad de expresión al amparo de la Primera Enmienda”, agregó el recurso de los alcaldes, que a su vez solicitaron un interdicto interlocutor y permanente.