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Fiscalía de Bayamón prestará servicios en teletrabajo por protocolo de COVID-19

La mayoría de los funcionarios tuvieron contacto con una persona que dio positivo

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La jefa de Fiscales, Arlene Gardón Rivera, anunció hoy que los servicios de la Fiscalía de Bayamón se ofrecerán mediante teletrabajo debido a que una persona dio positivo al COVID-19.

“Ayer en horas de la tarde, recibimos notificación de que la mayoría de los funcionarios de la Fiscalía de Bayamón tuvieron contacto con alguna persona que dio positivo a la prueba molecular de detección de COVID-19.  Según dispone el Plan de Contingencia del Departamento de Justicia, se identificó el personal en riesgo y se les notificó que debían permanecer en aislamiento preventivo y realizarse la prueba”, expresó Gardón Rivera en declaraciones escritas.

Indicó que “los trabajos y servicios de la Fiscalía de Bayamón continúan prestándose mediante la modalidad de teletrabajo. A esos efectos, los Fiscales comparecerán a los procedimientos judiciales utilizando los mecanismos de videoconferencia de modo que no se interrumpa la prestación del servicio.  En lo que respecta al turno de investigación se informa que éste permanecerá inalterado y será atendido por aquellos funcionarios que no están en aislamiento preventivo”.

Precisó que al momento no tienen ningún caso positivo a COVID-19 en esta jurisdicción.

“Las medidas implementadas de conformidad al Plan de Contingencia tienen el propósito de salvaguardar la salud de todos los participantes del proceso judicial, incluso del personal de la Administración de Tribunales y la ciudadanía”, abundó.

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El Plan de Contingencia del Departamento fue activado en las siguientes jurisdicciones: Aibonito, Aguadilla, Caguas, Fajardo, Guayama y Ponce. Al presente, solo se mantiene vigente el protocolo en la jurisdicción de Bayamón y Fajardo.

El Departamento de Justicia y la Oficina de la Jefa de los Fiscales han mantenido comunicación directa con la Administración de Tribunales para garantizar la salud y seguridad de los funcionarios y la ciudadanía sin que se afecte la prestación de servicios.

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