El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero Díaz informó que evaluarán la demanda que presentó la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre los contratos de compra de pruebas de COVID-19 y alegó el gobierno sí ha producido información al respecto.
“Aunque la JCF no lo menciona en su demanda, el gobierno de Puerto Rico produjo sobre 1,000 páginas y 202 documentos relacionados a las negociaciones de los contratos para las pruebas del COVID-19 y otros equipos o suministros médicos durante el estado de emergencia, decretado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced. Desde el primer día, la AAFAF ha cooperado con la JCF, produciendo documentos a la JCF, solicitando información a las agencias concernidas y ofreciéndole a la JCF la oportunidad de reunirse con funcionarios de las agencias concernidas para explicar la situación y revisar documentos. La JCF se negó a este proceso”, dijo Marrero Díaz en declaraciones escritas.
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El funcionario señaló que la JCF alega que aún falta información por producir y que el Departamento de Salud (DS) solicitó al ente federal una prórroga para identificar y/o corroborar la existencia de los documentos solicitados ante la insistencia de entregar documentos, que ellos ya tienen en su poder. Además, PREMA certificó que entregó toda la información concerniente a este asunto. La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), por su parte, ha entregado múltiples documentos a la JCF.
“Por lo pronto, evaluaremos la demanda, que representa un despilfarro innecesario de fondos públicos por parte de la JCF en momentos en los que Puerto Rico atraviesa una pandemia, que ha provocado un impacto severo en la economía de nuestra isla. A pesar de la cooperación del Gobierno durante los últimos meses en cuanto a este asunto, la JCF ha decidido demandar y provocar un cuestionable gasto de fondos públicos para gastos legales”, expresó el director de AAFAF.
El lunes, la gobernadora Wanda Vázquez Garced no quiso reaccionar el lunes, ante la demanda. “En otro momento”, dijo la gobernadora cuando periodistas le requirieron una reacción sobre el particular.
La JCF anunció que presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico con la intención de obligar al gobierno a entregar documentos relacionados con las adquisiciones y las negociaciones de los contratos para comprar pruebas de COVID-19 y otros suministros médicos durante el estado de emergencia. Con esta acción, la JCF busca información sobre los contratos de cantidades multimillonarias suscritos con Apex General Contractors y 313 LLC, entre otros.
Jaresko explicó que la Junta lleva dos meses tratando de obtener los contratos de compra de las pruebas de COVID-19, así como la información y los documentos del gobierno referentes a las negociaciones y el proceso de compras. Desde entonces, la Junta ha recibido algunos de los contratos, pero no todos los documentos solicitados. Los esfuerzos que ha llevado a cabo la JCF para atender estas deficiencias no han sido respondidos y, en algunos de los casos, ignorados.
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