Aunque cuando en julio de 2018 trascendió la compra de la guagua blindada a un costo de $245,000 se insistió que el entonces gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, desconocía el costo, lo cierto es que desde mediados de enero de ese año los más altos funcionarios de la Mansión Ejecutiva trabajaban en la adquisición del vehículo para el uso de la primera familia.
El 19 de enero de 2018, por ejemplo, el exsecretario de la Gobernación y ahora senador, William Villafañe, escribió al entonces jefe de la Administración de Servicios Generales (ASG), Miguel Encarnación, para autorizar la adquisición de la Chevrolet Suburban “Premier”, que vendría equipada con aditamentos de lujo para la seguridad y comodidad del mandatario.
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“Por medio de la presente, autorizo la adquisición del vehículo de referencia para el Gobierno de Puerto Rico, a través de la Administración de Servicios Generales. Se somete para conocimiento y acción correspondiente”, escribió Villafañe a Encarnación, quien a inicios de este año se declaró culpable de 10 cargos presentados por la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente relacionados con la compra de generadores eléctricos de fondos públicos.
Poco después, el 31 de enero de 2018, el director de la Oficina del Gobernador, Raymond Cruz Hernández, firmó la requisición para la compra del vehículo. Como justificación, el documento señala que la compra era necesaria para la “seguridad del gobernador”.
A pesar de que el vehículo tenía un precio base de $86,950 y con las modificaciones de seguridad y comodidad ascendía a $245,000, en la requisición aparece un costo de $0.00 en la columna de “importe estimado”.
Además de Cruz Hernández, en la requisición aparecen los nombres de Luis Martínez Suárez, entonces administrador de La Fortaleza; Alberto López, como representante autorizado de Finanzas; Alejandro Olmedo, de la Oficina de Compras; y Shaynaarais Rosado, de la Oficina de Propiedad.
Entre los documentos a los que Metro tuvo acceso, también se encuentra una hoja de trámite de la Oficina del Gobernador y Texas Armoring Corporation, la empresa encargada de instalarle todas las especificaciones a la guagua.
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En ese documento, a nombre de la Oficina del Gobernador nuevamente aparece la firma de Cruz Hernández, con fecha del 22 de febrero de 2018. En representación de Texas Armoring y con fecha del 26 de febrero, está la firma de Ronald Trent Kimball, presidente y principal oficial ejecutivo de la compañía.
Esas fechas coinciden con la orden de compra que se tramitó a nombre de la ASG, que según reveló el programa Jay y sus Rayos X en julio de 2018, se generó el 23 de febrero de ese año.
Cruz Hernández, quien además de dirigir la Oficina del Gobernador era considerado de los colaboradores más cercanos a Rosselló Nevares, fue uno de los funcionarios que viajó entre el 8 y 10 de julio de 2018 a la ciudad de San Antonio a inspeccionar el vehículo.
Una carta suministrada ayer por La Fortaleza reveló que Cruz Hernández viajó a Texas acompañado de Jesús Hernández Torres, un empleado del Departamento de Hacienda que en aquel entonces se encontraba destacado en el DSP.
Mediante la misiva, el exsecretario de Seguridad Pública Héctor Pesquera designó a Hernández Torres como representante oficial del DSP “para la inspección del vehículo oficial de seguridad para el Gobierno de PR”. A esa fecha, el vehículo blindado todavía se pensaba adquirir para uso de Rosselló Nevares.
En el referido que el actual secretario del DSP, Pedro Janer, envió a la contralora Yesmín Valdivieso hace una semana, se plantea que personal de Texas Armoring les ha indicado que solo están autorizados a discutir la compraventa con Hernández Torres y Mike Avilés, un empleado que, según Janer, ya se retiró del gobierno.
Ayer, precisamente, Janer indicó que referiría al Departamento de Justicia la información que ya sometió a la contralora, así como “un número adicional de documentos”.
Texas Armoring, entretanto, expresó por escrito que el vehículo será entregado “tan pronto el gobierno de Puerto Rico clarifique las modificaciones a instalarse”. Asimismo, culparon a las autoridades del retraso, al argumentar que el escándalo público que se suscitó hace dos años derivó en cambios en las especificaciones de la guagua blindada, así como en las personas contacto para completar la transacción.
Entre la Oficina del Gobernador y el Negociado de la Policía se llegaron a desembolsar $224,100 por la compra de la guagua, de acuerdo con documentos incluidos en el referido de Janer a Valdivieso.
Aquí una hoja con la descripción del vehículo:
