El Departamento de Seguridad Pública (DSP) confirmó esta tarde que referirá al Departamento de Justicia los documentos que sometió el 29 de mayo a la Oficina de la Contralora, así como información adicional que recopiló en pasados días, en relación a la compra de una guagua blindada que se destinaría a la División de Armas y Tácticas Especiales (SWAT) de la Policía.
El secretario del DSP, Pedro Janer, ha indicado que con la colaboración de Justicia podría determinar el curso a seguir con relación a la transacción para adquirir la Chevrolet Suburban “Premier”, que se compró en febrero de 2018 a un costo original de $245,000 y por la que el gobierno ha desembolsado $224,100.
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“Me propongo referir al Departamento de Justicia los documentos que hemos referido a la Oficina del Contralor, así como un número adicional de documentos. El Departamento de Justicia podrá hacer su propia determinación en cuanto a este asunto. Por mi parte, no estaré haciendo más comentarios”, indicó Janer por escrito.
Ayer, en un programa televisivo, Janer dijo que las opciones de cancelar la compra y solicitar la devolución del dinero, así como proceder con la transacción y exigir a la compañía Texas Armoring la entrega del vehículo son opciones que están sobre la mesa.
La guagua blindada se compró con la intención de que diera servicio al entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Sin embargo, al trascender públicamente la compra y el costo, el exgobernador ordenó que, una vez se recibiera, la guagua fuera utilizada por la Policía.
Sin embargo, a más de año y medio de que la Policía emitiera un pago para complementar el desembolso previo de la Oficina del Gobernador, Texas Armoring no ha entregado el vehículo.
Hoy, en declaraciones escritas, la compañía con base en San Antonio responsabilizó al gobierno del retraso al “filtrar”, hace dos años, los detalles de la compra. Además, dijeron que podrían completar la entrega tan pronto el DSP les informe de las modificaciones que desean para el vehículo.
