La Junta de Control Fiscal (JCF) presentó hoy ante el Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales (CRIM), los municipios de Puerto Rico y el Gobierno de Puerto Rico un plan para que los municipios puedan devolver al Gobierno el dinero correspondiente a los beneficios de retiro pagados a los pensionados municipales.
La anulación de la Ley 29-2019 de Puerto Rico por el Tribunal de Distrito federal de Puerto Rico el 15 de abril restituye la obligación de los municipios de cubrir las pensiones PayGo y los pagos del seguro médico para sus empleados retirados.
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La Junta identificóos ingresos de una sola vez y los ingresos incrementales no presupuestados que utilizarán los municipios para devolver el balance adeudado de $66 millones, y que se desglosan a continuación:
- Las ganancias pendientes de la lotería electrónica desde el año fiscal 2016 al año fiscal 2017
- Los fondos en exceso de la Contribución Adicional Especial (CAE), que es la porción del impuesto de la propiedad recaudado para cubrir las obligaciones de deuda municipal
- Las recaudaciones de impuestos que exceden las cifras presupuestadas, ya que el CRIM pudiera recibir recaudos por impuestos no presupuestados: propiedades nuevas que pagarán impuestos y recaudos por las deudas pendientes por impuestos adeudados
- Los ingresos por la venta de las deudas pendientes por el impuesto de la propiedad sin cobrar -una medida que tendrá un papel destacado en el plan fiscal del CRIM, que se certificara antes de que concluya el año fiscal—.
La Junta revisó las propuestas que compartieron el CRIM y el Gobierno. Sin embargo, presentaron su versión, que a su juicio es la es la más responsable en términos fiscales con el objetivo de resolver la desafortunada situación generada por la aprobación de la Ley 29.
“La Junta de Supervisión está comprometida en ayudar a encontrar soluciones fiscalmente responsables a fin de superar los retos que hoy enfrentan los municipios”, declaró la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión, Natalie Jaresko.
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“Los municipios tienen que pagar lo que deben y el análisis de la Junta de Supervisión demuestra que devolver el dinero al Gobierno es algo manejable para los municipios. Reembolsar el dinero no provocará ninguna crisis municipal y el plan de repago no afecta los presupuestos operacionales”, agregó.
Se quedan cortos por $66 millones
El ente creado por la Ley Promesa precisó que los 78 municipios combinados deben al Gobierno $198 millones en el año fiscal 2020, que se traduce en la suma de los $166 millones en PayGo y los $32 millones en costos de cuidados de salud de la Administración de Seguros Salud de Puerto Rico (ASES).
No obstante, el Plan Fiscal Certificado y el Presupuesto Certificado para el año fiscal 2020 en curso ya incluyeron un pago de $132 millones al fondo de equiparación del CRIM para distribuir a los municipios. Ese dinero no se pagó a los municipios como resultado de la Ley 29 y ahora se puede usar para compensar parte de lo que los municipios deben al gobierno. La cantidad neta que los municipios deben es entonces $66 millones, o el 3% de los $1,970 millones correspondiente al presupuesto de todos los municipios, aunque el impacto varíe de municipio en municipio.
“Por supuesto que los municipios no pueden devolver los $66 millones de la noche a la mañana, pero la Junta de Supervisión trabajará con los municipios y el CRIM para cerciorarse de que el balance adeudado al Gobierno Central se pague de manera responsable”, apuntó Jaresko. “Los ingresos que identificó la Junta de Supervisión deben cubrir ahora más que nunca la obligación de $66 millones que tienen los municipios con el Gobierno”, afirmó.
Propuesta para liquidez a corto plazo
De otra parte, la Junta propuso crear un mecanismo para facilitar liquidez (fondos) a corto plazo de $148 millones ($110 millones en AF2020 y $38 millones en AF2021) a disposición del CRIM -subvencionado por el Gobierno-, con el propósito de cuadrar el déficit del flujo de fondos con las recaudaciones del impuesto de la propiedad aplazadas, debido a la crisis provocada por el COVID- 19.
El mencionado fondo estará disponible hasta el 31 de julio de 2020, y en ningún mes el total de retiros puede exceder los $38 millones. El adelanto se repagará con las recaudaciones de impuestos de los meses de julio, agosto y septiembre de 2020. Para garantizar el éxito del reembolso, el mecanismo de liquidez requerirá pagos del impuesto de la propiedad para que se apliquen al balance del préstamo antes de estar disponibles para el CRIM.
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