Los municipios verán sus finanzas más afectadas en medio del manejo de la crisis que ha causado el COVID-19, luego de que la jueza federal Laura Taylor Swain anulara la Ley 29, que dejaba la responsabilidad del pago de las pensiones de los municipios en el gobierno central.
La ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios (Ley 29 de 2019), también eximía a los municipios de pagar el plan médico de sus empleados.
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El economista José Alameda opinó que los municipios más pobres serán los que tendrán que hacer ajustes como eliminar oficinas de turismo, y servicios. “El problema de esos municipios es que no es viable proveer muchos de los servicios esenciales que proveen”, agregó.
Según Alameda, el cierre del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y las medidas de austeridad ya han mermado los recaudos de los municipios. “Tendrán que prácticamente cerrar muchas divisiones, cerrar servicios a la ciudadanía. Cortarlos o cerrar las oficinas, y quedarse con una estructura del alcalde, Obras Publicas, Manejo de Emergencias”, puntualizó el experto.
Este recalcó que esos cierres de servicios tendrían un efecto negativo en los ciudadanos, ya que los municipios son la primera línea de defensa en una emergencia.
Por su parte, el economista Antonio Rosado expuso que los municipios deben cambiar la forma en que allegan sus ingresos.
“Yo creo que los municipios deben aprender a vivir con su realidad económica, creo que hace falta un cambio dramático en la estructura de financiamiento en Puerto Rico. Los puentes de financiamiento de los municipios son la patente municipal, el impuesto sobre la construcción, el impuesto sobre el inventario, todas esas fuentes son en contra del desarrollo económico, así que hay que reestructurar los municipios”,
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Municipios gastaron $66 millones que se usarían para el pago de pensiones
En una comunicación escrita la Junta de Control Fiscal (JCF) se mostró satisfecha con la decisión de Swain y mencionó que los municipios gastaron el dinero que estaba destinado a las pensiones, al creer que la responsabilidad recaería en el Gobierno Central.
El estimado de gasto neto de los municipios ronda los $66 millones, según la Junta. Sin embargo, su directora ejecutiva Natalie Jaresko aclaró que el déficit creado por esos gastos podría ser mitigado por los desembolsos relacionados con la emergencia de la pandemia y los terremotos.
“El pago de pensiones a los retirados del gobierno debe asegurarse de forma tal que no requiera transferir esta carga al gobierno de Puerto Rico. Los municipios y el gobierno central tienen que presupuestar sus propios pagos para los jubilados de manera responsable y realista”, dijo Jaresko en un comunicado.
Junta asegura el impacto será mínimo en municipios
Jaresko agregó que entiende que la eliminación de la Ley 29 tendría consecuencias mínimas por los fondos asignados a los municipios por los terremotos, entre otros. Jaresko detalló que la Junta había asignado $132 millones en transferencias a los municipios. Pero como resultado de la Ley 29, esta asignación no se ha utilizado y puede utilizarse para contrarrestar la anulación de la Ley 29.
“Los municipios presupuestaron sus contribuciones a la Ley 29, fondos que ahora pueden ser redirigidos al pago de pensiones y los costos de cuidado médico adeudados”, afirmó la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal.
Por su parte, Joe Román, presidente de la Asociación de alcaldes, dijo hoy que unos 40 ejecutivos municipales tendrían que despedir empleados por la derogación de la ley. “Ahora tenemos que sacar $320 millones para pagar el retiro que ya pagamos y para la reforma de salud. Eso dejaría más de 40 municipios inoperantes”, comentó el ejecutivo municipal en entrevista radial con Radio Isla 1320am.
