¿Quiénes componen el Task Force Económico encargado de asesorar al Gobierno de Puerto Rico? ¿Cómo fueron designados o qué mecanismo y datos se utilizaron para proponer y apoyar una reapertura gradual del sector económico tras seis semanas de toque de queda por el COVID-19? Estas son preguntas que surgen ante la rápida acogida que ha proyectado dar el Gobierno a su propuesta.
El Task Force Económico, según la lista oficial enviada por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), está compuesto por cerca de 50 empresarios, tres economistas y un líder sindical. El grupo empresarial es un derivado de una organización privada sin fines de lucro incorporada en junio de 2018, el Puerto Rico Business Emergency Operation Center (BEOC).
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Nuevos integrantes fueron convocados en las últimas tres semanas para unirse al Task Force, luego de que surgieran críticas de entidades que representan a sectores que no figuraban en el grupo y estas pidieran ser incluidas, como es el caso de la Cámara de Comercio del Oeste, la Asociación de Economistas, la Asociación de Detallistas de Gasolina y grupos sindicales entre otros. Uno de los miembros que aparece en la lista entregada por el DDEC aseguró al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que, aunque solicitó a principios de mes ser parte del Task Force Económico, ha recibido algunos correos electrónicos pero nunca se le ha invitado formalmente a participar de alguna reunión presencial o virtual.
Otro supuesto integrante del Task Force, el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, Juan Alicea, dijo al CPI que aunque figura en la lista, nunca ha sido invitado ni participado de reuniones o recibido información.
Lee aquí el reportaje original en el CPI
La presidenta de la Cámara de Comercio del Oeste, Waleska Sánchez, ahora forma parte del grupo luego de reclamar públicamente que su sector no estaba representado. El presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina (ADG), Rafael Mercado, aparece en la lista del Task Force entregada por el DDEC, pero dijo al CPI que no ha sido informado oficialmente de su participación. Mario Pabón, asesor legal de la ADG, explicó que Mercado nunca ha sido invitado ni ha participado de reuniones del grupo. El 6 de abril pasado, este envió una carta solicitando que se le incluyera. Mercado recibió un acuse de recibo de su carta al día siguiente y a partir del 10 de abril, la empresaria Daneris Fernández, quien coordina el Task Force, le ha copiado en correos electrónicos con las tablas de discusión del grupo que atiende la emergencia por el coronavirus.
“Es por esto que se están trayendo a estos otros gremios y sus líderes a incorporarse al proceso de proveer recomendaciones”, indicó Fernández. Pero, esta versión es distinta a la que ofrecen siete fuentes del CPI, que aseguran que nunca fueron consultadas ni invitadas a participar en el grupo.
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Tal es el caso de la Asociación de Economistas de Puerto Rico. Aunque en el Task Force participan los economistas José Joaquín Villamil, Juan Lara y Vicente Feliciano, de acuerdo con su presidente, Heriberto Martínez, la Asociación nunca fue invitada. Martínez aseguró al CPI que al enterarse por los medios de la existencia del Task Force intentó sin éxito comunicarse con las oficinas del DDEC para solicitar ser parte del grupo. “Al no poder comunicarnos, públicamente exhortamos al Gobierno a que nos incluyera en el esfuerzo sin que tuviéramos respuesta”, dijo Martínez.
Tampoco fue invitado el sector sindical, sino que se invitó en particular únicamente al presidente de la Hermandad de Empleados de Oficinas de la Autoridad de los Puertos y de la Autoridad de Transporte Marítimo, Julio Narváez. Narváez dijo al CPI que fue reclutado por el licenciado Carlos Rivera, Asesor de La Fortaleza en Asuntos Laborales. Este enfatizó que su participación en el grupo no es como portavoz de los sindicatos sino para asesorar sobre la visión de los trabajadores.
“Mi función no es como portavoz del movimiento sindical… a mí me incluyen no en el carácter de portavoz de ningún sindicato (ni siquiera de la organización que presido) sino para que dé mi aporte desde la visión de los trabajadores. Mi posición no es como portavoz del sindicato”, puntualizó.
“Es frustrante que se cree la percepción de que se está consultando con los diferentes sectores cuando la realidad es otra. El Task Force Económico ha sido un grupo seleccionado sin consulta alguna y con criterios que nadie conoce. Están trabajando a ciegas, porque no hay consulta formal con los sectores y debemos preguntar si realmente cada miembro representa el sector que se está señalando”, cuestionó Gerson Guzmán, presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT).
El plan de reapertura no fue propuesto ni avalado por todo el Task Force Económico
Al menos cuatro integrantes del Task Force Económico entrevistados al azar por el CPI aseguraron que el plan de reapertura no fue consultado ni avalado por todos los integrantes, sino por un grupo selecto que compone el comité ejecutivo del grupo. Al cierre de esta edición, Colón Zavala no había enviado ni la lista oficial de miembros del BEOC ni quiénes votan finalmente por las propuestas en el Task Force, aunque se había comprometido con el CPI a ofrecer dicha información.
Las propuestas contenidas en el plan son recomendaciones que deberán ser avaladas por la gobernadora Wanda Vázquez Garced.
La propuesta de reabrir las industrias y negocios de forma escalonada en Puerto Rico ha sido objeto de amplio debate principalmente debido a que el Gobierno no ha podido producir datos confiables sobre el estado de la epidemia en el país en cuanto a contagios y muertes. El Centro para la Nueva Economía reseñó este viernes que Puerto Rico se encuentra entre los países menos preparados para reducir su toque de queda, según el Blavatnik School of Government de la Universidad de Oxford, porque aunque a la Isla le está yendo bien en fomentar que la comunidad entienda la situación, a la vez, demuestra un desempeño pobre en cuanto al control de casos, así como las pruebas, el rastreo y el aislamiento
Antecedentes del Task Force Económico
Tras el huracán María, los reclamos del sector privado de que el Gobierno no coordinaba efectivamente para atender sus problemas, como el ataponamiento en los muelles y la falta de combustible, el entonces secretario de Estado, Luis Rivera Marín, convocó a una Mesa de Diálogo Permanente del Sector Privado. En abril de 2018, Rivera Marín presentó el Business Emergency Operation Center como un comité de trabajo del sector privado, que replicaba comités similares creados en Estados Unidos para activarse en casos de desastre. De ahí, Rivera Marín saltó a llamar al BEOC una “alianza público-privada” y en junio se incorporó una entidad sin fines de lucro, por una abogada pagada por el Departamento de Estado: el Puerto Rico Business Emergency Operation Center (BEOC).
Originalmente, este grupo estaba compuesto por representantes de 16 áreas críticas en casos de emergencia, que según las prácticas establecidas por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA en inglés) son: energía, comunicaciones, infraestructura, sistemas de transporte, servicios financieros, química, manufactura crítica, salud, alimentación, tecnología de la información, agricultura, turismo, agua, aguas residuales, gestión de desechos y gestión de desechos nucleares. Sin embargo, al menos cuatro fuentes vinculadas al sector privado que participan en el Task Force dijeron al CPI que nunca han estado claros los parámetros utilizados para designar miembros ni conocen quién decidió quién representaría a cada sector dentro del grupo.
Dos fuentes vinculadas al sector privado y al Gobierno confirmaron al CPI que hubo tirantez entre los funcionarios del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y BEOC durante la emergencia por los terremotos en el sur a principios de 2020, ya que el NMEAD había determinado que BEOC no estaría a cargo de representar al sector privado tras la aprobación final del Plan Conjunto de Emergencias. En agosto de 2019, el NMEAD envió una comunicación al sector privado (incluyendo las organizaciones sin fines de lucro) en la que les informaba que el BEOC no representaba a todo el sector privado en caso de una emergencia, sino que sería un participante más entre las empresas que estuvieran interesadas en participar, como parte de un grupo más amplio y representativo de todos los sectores.
De acuerdo con el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado, el BEOC fue incorporado por Jeanelle Alemar Escabí, de la entidad Doing Business Puerto Rico. Esta dijo al CPI que incorporó a BEOC como abogada de DBPR Legal, LLC., firma a la que le fue encomendada la gestión por el Departamento de Estado, agencia con la que mantuvo contratos hasta el 30 de junio de 2019. Informó que tramitó la incorporación de la entidad, que tenía como gerente de proyecto a la empresaria Daneris Fernández. Alemar Escabí fue parte del comité de transición de Ricardo Rosselló e integrante del grupo del Plan para Puerto Rico. Ha estado ligada en distintos roles a una red de empresas cuyo propietario está acusado por fraude millonario por la Securities and Exchange Commission (SEC).
¿Por qué se incorporó como entidad sin fines de lucro, dándole permanencia, a una agrupación que en su origen fue convocada solo como un grupo colaborativo del sector privado para desastres y para participar en discusiones estratégicas sobre emergencias junto al Gobierno? Fernández indicó que “se determinó” incorporar al BEOC para crear una “entidad”, sin especificar quién lo decidió ni el porqué.
El CPI tuvo acceso al acta de una reunión de la “Mesa Permanente del Sector Privado” en la que se presentó la iniciativa de crear el BEOC como ”un comité” y no una corporación privada. Dos documentos posteriores presentados a la Mesa Permanente describen al BEOC como una “alianza público-privada” con el Departamento de Estado, cuya estructura tendría un portal virtual abierto para hacer la información accesible a todas las compañías que desearan registrarse, lo que nunca se hizo.
“No es algo que se inventó en Puerto Rico. ¿Qué se estructuró bajo una corporación? Sí, obviamente para crear una entidad, pero corre a nivel nacional [de Estados Unidos]”, sostuvo Fernández, e hizo referencia a que su creación se dio bajo los sectores de infraestructura crítica definidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y posteriormente identificados por FEMA para incluir al sector privado en las Funciones de Apoyo en Emergencias (ESF).
“El Centro de Operaciones de Emergencia de Negocios de Puerto Rico (PR-BEOC) se estableció en 2017 después del paso del huracán María y esto no era un requisito de FEMA”, dijo al CPI la Oficina de Asuntos Externos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Fue inicialmente estructurado para alinearse con los 16 Sectores de Infraestructura Crítica del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las líneas de apoyo a la comunidad de FEMA.
Desde su incorporación a esta fecha, BEOC no ha sometido los informes anuales que toda corporación está obligada a presentar en el Departamento de Estado. No aparecen en el registro ni tienen página web que divulgue los nombres de quiénes forman parte de la junta directiva de la corporación, que en la práctica tiene como coordinadora a la empresaria Daneris Fernández, ejecutiva principal de su propia empresa, DGF Consulting Group, y Cónsul Honoraria de Costa Rica en Puerto Rico. Fernández, quien ha sido ejecutiva de farmacéuticas gran parte de su vida profesional, ofrece servicios de consultoría estratégica en el área de desarrollo de negocios y de apoyo técnico y regulatorio para la industria biofarmacéutica y la industria de la salud. Es integrante de Invest Puerto Rico y de Foundation for Puerto Rico, y fue parte del CAREF, el Comité Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal establecido por el exgobernador Luis Fortuño con representantes del sector privado que recomendó el despido de empleados públicos, entre otras propuestas a la crisis fiscal. Fernández no explicó las razones para no haber sometido los informes ni tampoco envió los estatutos y reglamentos de la corporación con la lista completa de sus miembros y junta de directores, solicitados por el CPI.
Documentos que pudo ver el CPI y que han sido circulados entre el Task Force Económico están identificados con el logo de BEOC. Fernández insistió en entrevista que son dos cosas distintas, y no respondió la pregunta de por qué el logo de su empresa privada se usa en esos documentos. Por su parte, el ingeniero Emilio Colón Zavala, que asumió la presidencia del grupo hace un mes, dijo que supo por el CPI que BEOC no ha cumplido en someter los informes anuales, por lo que trabaja para que se rindan los mismos. Aunque admitió desconocer el porqué se determinó incorporar al grupo en el 2018, Colón Zavala señaló que debió ser porque esa es la forma en que se manejan las organizaciones cuando son de voluntariado. Aunque no hay documentos económicos de la corporación en el Departamento de Estado, este dijo que hubo una actividad de recaudación de fondos en “algún momento del 2019”, pero no tenía más detalles. Al igual que Fernández, quien fue descrita por Colón Zavala como una asesora de BEOC, insistió en que esta entidad es una figura distinta al Task Force Económico creado para trabajar la emergencia por el coronavirus.
Varios miembros de organizaciones del sector privado dijeron al CPI que BEOC se reactivó a principios del 2020 luego de los terremotos y más recientemente tras el establecimiento del toque de queda decretado por el coronavirus.
De una pequeña estructura de unos alrededor de una docena de miembros que había antes de que se decretara el primer toque de queda por el coronavirus el 15 de marzo, el Task Force se ha ampliado en las últimas tres semanas a unos 50 integrantes de diversas áreas del sector privado, aunque no se consultó a las organizaciones que representan estos sectores, según confirmaron siete fuentes en entrevistas separadas. Los primeros 12 integrantes de BEOC (y miembros de su junta de directores, que recién evolucionaron a ser parte del Task Force económico, además de su coordinadora, Daneris Fernández) eran:
Emilio Colón Zavala – presidente de la junta, del sector de Infraestructura crítica
Jaime Fonalledas – Agricultura
Ramón González – Energía
Waleska Rivera – Manufactura crítica
Wendy Perry – Industria química
Zoimé Álvarez – Servicios financieros
Eduardo Pagán – Transportación
Enrique Ortiz – Telecomunicaciones
Alberto de la Cruz – Alimentos
Alicia Lamboy – Comercial
Rick Neuman – Turismo
Awilda Broco – Salud
Fernández dijo que a los miembros de la junta directiva de BEOC, que está compuesta por los doce representantes de los sectores de infraestructura crítica, se sumaron otros cuatro sectores: educación, inversión, comunidad foránea y medios de comunicación para conformar el grupo.
“El BEOC no es el Task Force Económico. ¿Por qué te digo esto? Sí se usa la gobernanza del BEOC para manejar el Task Force Económico. Aunque todos los miembros del BEOC son parte del Task Force Económico, lo contrario no es cierto. Hay miembros del Task Force Económico que no son miembros del BEOC”, dijo Colón Zavala tras indicar que se utilizan documentos del BEOC dentro del Task Force como una cuestión “estrictamente procesal”.
Fernández sostuvo que la estructura de BEOC está asociada a infraestructura crítica “según lo define el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)” pero que en este periodo del COVID-19 se han incorporado otros integrantes porque al tratarse de una pandemia hay otros sectores de la economía que se ven afectados y que no necesariamente clasifican bajo infraestructura crítica según lo define el gobierno federal.
La recomendación del Task Force Económico es que el Gobierno permita la reapertura por sectores económicos con controles adecuados, según sus criterios, para no afectar la capacidad del sistema de Salud de Puerto Rico. Esa reapertura por fases tendría unos periodos de evaluación y monitoreo cada 14 días, que se fundamentan en que la cantidad de camas de cuidado intensivo y ventiladores disponibles no pase el umbral de 25%. De aumentar ese porcentaje, se detendría la reapertura o se evaluaría incluso cerrar nuevamente por otro periodo de 14 días.
La recomendación va acompañada de una guía de seguridad y protección que los patronos deberían haber adoptado al momento de que autorice su reapertura. Esta Guía para la Reactivación del Sector Privado por COVID fue confeccionada por DGF Consulting Group, empresa de Fernández, quien aseguró que su negocio personal no ha cobrado por elaborar ni ese ni ningún documento, aunque el mismo lleva el logo de DGF. “A mí nadie me paga… No tengo ni un contrato, no tengo nada de eso”, afirmó.
Este reportaje que se publica en Metro gracias a una alianza con el CPI. Puede acceder la nota en periodismoinvestigativo.com
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