Juan Dalmau y Denis Márquez presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia una demanda contra la gobernadora Wanda Vázquez por alegado exceso de poder.
Los legisladores del Partido Independentista de Puerto Rico (PIP), solicitaron al tribunal que decrete que la gobernadora “configuró una actuación ejecutiva que excede los poderes constitucionalmente delegados a la Rama Ejecutiva.”
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Dalmau y Márquez manifestaron que en la Orden Ejecutiva que firmó la gobernadora que otorga inmunidad a los hospitales privados durante la pandemia, Vázquez excede las facultades reconocidas por la Constitución al Poder Ejecutivo. “Y usurpa aquellas reservadas para el Poder Legislativo”,
“Al decretar la imposibilidad de reclamar daños sufridos por un caso de impericia médica o por la negligencia en la que pudieran incurrir facilidades y profesionales de salud involucrados en el tratamiento y cuidado de la salud de pacientes durante el estado de emergencia, la Orden Ejecutiva tiene el efecto de enmendar la legislación vigente al amparo de la cual se presentan dichas reclamaciones”, alegaron los legisladores.
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En tanto, el portavoz del PIP en la Cámara de Representantes, Denis Márquez Lebrón, expresó que “con esta Orden se sigue usando el estado de emergencia y el sufrimiento del pueblo para garantizar los privilegios de unos cuantos: las empresas amigas, así se dediquen a construcción, venden suministros médicos, y el que sí se dedica a los servicios médicos no tiene que responder por los daños que cause. Para esa gente, la pandemia es otra piñata.”
“Hay quienes creen que el gobierno es un juego de cartas y confunden la realidad con la fantasía. El arte de gobernar es muy serio y real y debe estar enfocado en defender la vida y derechos de todos, no el lucro de unos pocos poderoso”, dijo Dalmau.
Por su parte la vicepresidente y aspirante al Senado por acumulación del PIP, María de Lourdes Santiago, manifestó que la Orden Ejecutiva no es para proteger a las y los trabajadores de Salud que están en primera línea. “Lo que busca es darle impunidad a las aseguradoras y hospitales privados que niegan servicios, que no han admitido pacientes de COVID que llegan hasta sus puertas, y que en medio de una pandemia tiran a la calle a cientos de médicos enfermeras, terapistas y técnicos. Es, de nuevo, un toallazo al fracaso de la privatización de la salud”, sentenció.
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