Un proyecto de ley para legalizar el aborto en Argentina, largamente reclamado por el movimiento de mujeres, y una exhaustiva investigación sobre el origen y destino de la deuda externa fueron los puntos sobresalientes del primer discurso anual del presidente de centro-izquierda Alberto Fernández ante el Congreso.
“Dentro de los próximos 10 días presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar”, anunció el mandatario en la apertura del período 138° de sesiones ordinarias del Congreso.
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El anuncio recibió el aplauso de pie de decenas de legisladoras que portaban el pañuelo verde que identifica a la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Fernández, quien asumió el 10 de diciembre pasado, es el primer presidente en la historia del país sudamericano que impulsa un proyecto para la interrupción legal del embarazo.
En Argentina es legal interrumpir una gestación cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer o si el embarazo fue resultado de una violación. Para estos casos, el Ministerio de Salud cuenta con una guía para el personal médico de instituciones públicas y privadas, pero varias provincias –cuya población tiene un fuerte componente conservador– se han negado a aplicar ese protocolo, así como la educación sexual en los colegios, que también está reglamentada por ley.
Fernández, un abogado especializado en derecho penal, recordó que “la legislación vigente en materia de aborto no es efectiva… ha condenado a muchas mujeres, de escasos recursos, a recurrir a prácticas abortivas clandestinas poniendo en riesgo su salud y muchas veces la vida”.
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Las organizaciones feministas, que convocaron a multitudinarias manifestaciones en los últimos años, presentaron al menos ocho proyectos para despenalizar el aborto. Uno de ellos se debatió en 2018, durante el anterior gobierno del conservador Mauricio Macri, pero la iniciativa –que fue aprobada por la Cámara de Diputados– no pudo avanzar por el rechazo de los senadores en medio de una fuerte presión de la Iglesia Católica y sectores conservadores.
En lo que se interpretó como un gesto hacia estos últimos, Fernández también anunció el “Plan de los 1000 días” para garantizar la atención y el cuidado de la mujer embarazada y sus hijos en los primeros años de vida.
En 2016 el Ministerio de Salud estimó que en el país se realizaban hasta medio millón de abortos clandestinos cada año. La cifra no se ha actualizado desde entonces.
La Ciudad de México, el estado mexicano de Oaxaca, Cuba y Uruguay son los únicos lugares en la región donde el aborto está permitido. En Puerto Rico, las Antillas y Guayana Francesa también está autorizado atendiendo a las legislaciones de Estados Unidos y Francia, respectivamente.
“En el siglo XXI toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos”, afirmó Fernández, quien también anunció un nuevo programa de educación sexual integral y prevención del embarazo no deseado.
Por otra parte, el mandatario no brindó detalles sobre la marcha de las negociaciones para reestructurar una deuda externa de unos 100.000 millones de dólares para evitar una nueva cesación de pagos en menos de dos décadas.
Sin embargo, reveló que el Banco Central de la República Argentina “se encuentra analizando de modo pormenorizado la manera en que nuestro país recibió divisas en concepto de préstamos y el destino que los mismos merecieron”.
“Debemos saber lo que pasó, quiénes permitieron que ello suceda y quiénes se beneficiaron con esas prácticas”, advirtió el presidente, quien estuvo sentado junto a Cristina Fernández de Kirchner, la exmandataria entre 2007-2015 y actual vicepresidenta.
Al mismo tiempo, el presidente argentino agradeció a su compatriota el papa Francisco y a los líderes de Israel, España, Francia, Italia y Alemania por “su predisposición a acompañar la voluntad argentina de encarar una salida sostenible a la encrucijada del endeudamiento externo”.
“Lo más importante es que lleguemos a un acuerdo sostenible con los acreedores”, enfatizó Fernández, quien durante poco más de una hora de discurso también adelantó el envío al parlamento de reformas de la justicia federal y de la agencia de inteligencia.
