Un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió el viernes por unanimidad una orden que había emitido horas antes para bloquear una disposición crucial de una política del gobierno del presidente Trump que obliga a solicitantes de asilo a esperar en México mientras sus casos se resuelven en tribunales en Estados Unidos.
El panel de tres jueces ha indicado al gobierno que presente argumentos escritos a más tardar el lunes y a los demandantes que respondan a más tardar el martes.
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El Departamento de Justicia dijo que al menos 25.000 solicitantes de asilo a los que abarca esa política esperan en la actualidad en México y manifestó sus “preocupaciones enormes e irreversibles de seguridad nacional sobre la seguridad pública”.
Los abogados del gobierno dijeron que los abogados de inmigración habían comenzado a exigir que se permita a los solicitantes de asilo permanecer en Estados Unidos. Uno había insistido en que se autorice a 1.000 personas ingresar por una sola parte.
“El restablecimiento de la orden de restricción por parte de la corte causa a la ciudadanía y al gobierno de Estados Unidos perjuicios importantes e irreparables a la seguridad fronteriza, la seguridad pública, la salud pública, y las relaciones diplomáticas”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia.
Aduanas y Protección Fronteriza había comenzado a dejar de procesar a las personas en conformidad con la política.
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito asestó el revés al gobierno, aunque podría ser temporal si este impugna el fallo ante la Corte Suprema federal, que ha apoyado sistemáticamente las políticas de inmigración y seguridad fronteriza del mandatario. Chad Wolf, secretario interino de Seguridad Nacional, dijo que se coordinaba con el Departamento de Justicia para “apelar de manera expedita esta inexplicable decisión”.
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El programa “Permanecer en México”, llamado oficialmente “Protocolos de Protección a Migrantes”, entró en vigor en enero de 2019 en San Diego y gradualmente se ha extendido a lo largo de la frontera sur. Casi 60.000 personas han sido regresadas para que aguarden una audiencia, y las autoridades creen que es una razón de peso por la que los cruces fronterizos ilegales disminuyeron aproximadamente 80% en comparación con los detectados en mayo, cuando registraron su nivel máximo en 13 años.
Los activistas y los abogados de inmigrantes, que llevan meses forcejeando con el gobierno por un programa que consideran un desastre humanitario que somete a cientos de migrantes a la violencia, secuestros y extorsiones en ciudades fronterizas peligrosas en México, reaccionaron rápidamente a la decisión. Cientos más han estado viviendo en campamentos miserables justo al otro lado de la frontera mientras aguardan su fecha para comparecer ante la corte.
Los activistas planeaban que los migrantes cruzaran el viernes la frontera inmediatamente y presentaran el fallo de la corte a las autoridades fronterizas, y que el grupo Human Rights First entregue una copia a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en un puente que conecta Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, México. Los abogados prevén que sus clientes se presenten ante jueces de la corte migratoria en Estados Unidos.
Debido al fallo, algunos casos se han frenado en la corte. El juez de inmigración Philip Law, en San Diego, aplazó hasta el 17 de abril una última audiencia sobre un caso de asilo de un hondureño porque una abogada del gobierno no pudo responderle sus preguntas sobre los alcances del fallo, el cual deja temporalmente sin efecto la política durante las apelaciones. La abogada del gobierno dijo haber consultado a su supervisor cómo se atendería el fallo y que él tampoco supo qué hacer.
En El Paso, un administrador se presentó a informar del fallo a un juez que veía el caso de una madre centroamericana y su pareja. El hombre y la mujer lloraron al enterarse que podrían entrar en Estados Unidos sin restricciones. La pareja y sus dos hijos chicos quedarán bajo detención del gobierno y no tendrán que regresar a Ciudad Juárez, México.
“¿Ustedes entienden eso?”, preguntó Herbert mediante un intérprete. “Hubo un cambio bastante significativo en la ley mientras ustedes daban su testimonio”.
El Departamento de Justicia arremetió contra el fallo y señaló que “no sólo ignora la autoridad constitucional del Congreso y el gobierno en cuanto a una política que ha estado vigente más de un año, sino que además extiende la asistencia a más allá de las partes ante la corte”. Wolf, secretario interino de Seguridad Nacional, dijo que la decisión era “grave e irresponsable”.
El juez William Fletcher, quien escribió la opinión de la mayoría, dio la razón a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y a otros grupos activistas, los cuales argumentan que la política viola las obligaciones de tratados internacionales contra el envío de personas de regreso a un país en donde probablemente sean perseguidas o torturadas por motivos de raza, religión, etnia, creencias políticas o pertenencia a un grupo social particular.
Fletcher estuvo de acuerdo en que el gobierno se los puso demasiado difícil a las personas que desean obtener asilo para que persuadan a los agentes de que deberían quedar exentos de la política, y no proporcionó suficiente tiempo para que ellos se prepararan para las entrevistas o consultaran a abogados. Los jueces dijeron que el gobierno también erró al solicitar que las personas que desean asilo expresaran su temor de regresar a México para que fueran tomados en cuenta para una excepción, en lugar de preguntarles espontáneamente.
Fletcher mencionó una larga lista de personas que solicitan asilo que dijeron haber sido atacadas y victimizadas en México, diciendo que era “suficiente… de hecho, más que suficiente” para socavar los argumentos del gobierno.
El juez Richard Paez coincidió con Fletcher, ambos designados por el presidente Bill Clinton. El juez Ferdinand Fernandez, nombrado por el presidente George H.W. Bush, estuvo en desacuerdo.
“La corte rechazó enérgicamente la aseveración del gobierno de Trump de que podía dejar varadas en México a personas que solicitan asilo y exponerlas a grave peligro”, dijo Judy Rabinovitz, abogada de la ACLU. “Es hora de que el gobierno cumpla con la ley y deje de poner en peligro a las personas que solicitan asilo”.
Rabinovitz dijo que funcionarios del Departamento de Justicia informaron a la ACLU que solicitarán a la Corte Suprema que restituya la política y que el máximo tribunal de la nación podría intervenir “muy pronto”. Hasta entonces, dijo ella, nadie debe ser regresado a México conforme a la política. Se desconoce cuándo podrían volver a Estados Unidos las personas que permanecen en México y cuyos casos continúan en proceso, pero podría ser cuando crucen para sus próximas audiencias.
La corte de apelaciones en San Francisco también decidió mantener en suspenso otra disposición importante de la política de Trump, una que niega asilo a todos los que ingresan a Estados Unidos sin autorización desde México.
Sin embargo, la Corte Suprema ha autorizado a Trump transferir recursos del Departamento de Defensa para la construcción de un muro en la frontera, apoyado reglas que descalifican a las personas para que obtengan sus tarjetas de residencia si utilizan prestaciones del gobierno y confirmado una prohibición para viajar que afecta a diversos países islámicos.
El impacto del fallo será mitigado, al menos parcialmente, por la expansión de otras políticas que fueron introducidas en respuesta al aumento sin precedentes de familias que solicitan asilo el año pasado, muchas de ellas de Guatemala, Honduras y El Salvador.
En noviembre, el gobierno comenzó a enviar a Guatemala a las personas que desean asilo provenientes de Honduras y El Salvador, negándoles la oportunidad en Estados Unidos y, en su lugar, invitándolas a solicitarlo en el país centroamericano, afectado por la pobreza y crisis de corrupción política. Acuerdos similares con Honduras y El Salvador entrarán pronto en vigor.
Según otra política nueva, los mexicanos y centroamericanos que no aprueben un examen inicial son deportados rápidamente sin que salgan de las estaciones de la Patrulla Fronteriza. La entrevista del examen está diseñada para realizarse en un día, y cualquier apelación ante un juez de inmigración debe hacerse en los siguientes 10 días. A las personas que piden asilo se les da un máximo de 90 minutos para contactar a un abogado.
La otra medida con consecuencias de gran alcance niega asilo a cualquiera que pase a través de otro país en su camino a la frontera de Estados Unidos con México sin primero buscar protección ahí. Esa política entró en vigor en septiembre y está siendo impugnada en otra demanda.
Los que apoyan la política “Permanecer en México” señalan que ha evitado que las personas que desean asilo sean liberadas en Estados Unidos con citatorios para comparecer ante la corte, lo cual consideran un gran incentivo para que las personas arriben al país.
La política exenta a los mexicanos y también los menores no acompañados.
De los 35.000 casos correspondientes al programa Permanecer en México sobre los que se ha tomado una decisión, a menos del 1% le han otorgado asilo. Sólo 5% son representados por abogados, muchos de los cuales se muestran renuentes a visitar a sus clientes en México.
