La Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico (OCS) tiene actualmente 11 investigaciones en curso en torno a posibles actos ilegales cometidos por múltiples firmas de ajustadores públicos durante la emergencia del huracán María en septiembre de 2017.
La inmensa mayoría de las estas investigaciones involucran a entidades que vinieron de los Estados Unidos luego del desastre ocasionado por María. Así afirmó el miércoles, el licenciado Alexander Adams de la OSC en una vista pública de la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la Cámara de Representantes, presidida por la representante Yashira Lebrón Rodríguez, y celebrada esta mañana.
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Entre las firmas bajo investigación de la OSC se encuentran la empresa Scott M. Favre Public Adjuster, LLC, así como empresas que vinieron de estados como Mississippi, Texas y Florida, entre otros.
La presidenta de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico, Iraelia Pernas, también confirmó las pesquisas.
“La mayoría de las reclamaciones post María que aún están dilucidando no se han podido resolver debido a los patrones indebidos de conducta de los ajustadores públicos”, afirmó Pernas en su ponencia.
“No cabe la menor duda que ante la emergencia de María algunas firmas de ajustadores públicos, muchas de las cuales no son de Puerto Rico, vinieron aquí, no a ayudar al pueblo, pero a enriquecerse de la desgracia de nuestra gente. En total, la OCS emitió unos 98 permisos especiales de Ajustador Independiente de Emergencia a personas no residentes de la Isla. De estas, son muchas las que están bajo investigación por malas prácticas comerciales. Eso es algo que no vamos a permitir que suceda ahora, con las reclamaciones de los terremotos de enero’, comentó la representante Maricarmen Mas Rodríguez, autora de la Resolución de la Cámara 1094, radicada en el 2018 y la cual ordena a la antes mencionada Comisión hacer una investigación sobre las prácticas de los ajustadores públicos en la Isla.
Mas Rodríguez, quien representa el Distrito 19 de Mayagüez y San Germán, increpó a Adams sobre las reclamaciones aún pendientes que involucran ajustadores foráneos bajo investigación, a lo que el funcionario indicó que la mayoría eran facilidades de los gobiernos estatales y municipales.
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En el caso de Scott Favre este logró su primer contrato con el gobierno apenas cuatro días después de haber incorporado la empresa en Puerto Rico.
Según se desprende del Registro de Comerciantes del Departamento de Estado, la empresa en cuestión, con sede en el estado de Mississippi, fue autorizada hacer negocios en la Isla el 14 de noviembre de 2017. Para el 18 de ese mismo mes ya tenía un contrato (2018-000080) con la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empelados del Gobierno.
Lebrón Rodríguez añadió que “la Oficina del Comisionado de Seguros nos dijo que de las 293,000 reclamaciones asociadas a daños del huracán María, unas 3,000 todavía están en litigio y que muchas de estas están en litigio por estimados de ajustador públicos poco responsables. Esta es una práctica que no se puede permitir que continúe, menos ahora.
Las legisladoras adelantaron que estarán haciendo un importante anuncio sobre medidas que establecer más controles a la práctica del ajustador, así como topes a las comisiones que estos reciben y mayores dientes al momento de sancionar a estas firmas.
