El representante independentista Denis Márquez describió como “un juego de tenis de mesa” las discrepancias entre los testimonios que han ofrecido el secretario designado de Estado, Elmer Román, y el excomisionado de Manejo de Emergencias Carlos Acevedo sobre la forma en que el gobierno gerenció la emergencia provocada por los terremotos.
Tras escuchar el testimonio de Acevedo en una vista ejecutiva de la comisión especial que investiga el manejo de la emergencia, el legislador señaló que el exfuncionario afirmó que Román lo “degradó”, quitándole la responsabilidad primaria de dirigir los esfuerzos gubernamentales luego del terremoto del magnitud 6.4 el 7 de enero.
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En una vista pública hace varias semanas, el propio Román había colocado sobre los hombros de Acevedo la responsabilidad por la respuesta gubernamental, incluyendo el manejo del almacén en el área de La Guancha en Ponce, cuyo descubrimiento por un grupo de ciudadanos derivó en el despido del exjefe del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead).
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“Aquí lo que se demuestra es dónde están las luchas de poder dentro del PNP (Partido Nuevo Progresista) y se refleja en cada una de las posiciones en donde cada uno adjudica las responsabilidades. Aquí lo que hay es que todos, todos han sido responsables del desastre en el manejo de emergencias en la zona sur de Puerto Rico”, indicó Márquez al culminar su turno de preguntas en la vista a puerta cerrada.
“Esto es ahora un juego de tenis de mesa, lanzándole la bola uno al otro diciendo quién es el responsable del manejo en toda la zona sur de Puerto Rico. Todo se reduce a que no se cumplió con el plan de suministros, a que no se cumplió con el Plan Operacional (Conjunto para atender Catástrofes). La gente de carne y hueso de este país está sometida a la burocracia y las luchas internas del PNP”, agregó el representante.
El presidente de la comisión especial, Gabriel Rodríguez Aguiló, indicó que en la vista ejecutiva Acevedo presentó el plan de distribución de suministros que se le hizo llegar a las agencias pertinentes el 9 de septiembre de 2019. En ese plan, según el documento que mostró el representante, se establece que el centro de La Guancha, en Ponce, uno de los dos que pertenece al Nmead, era un almacén “alterno”.
De acuerdo con el plan de distribución, los almacenes primarios, a los que los municipios debían recurrir en primera instancia durante una emergencia, pertenecen a otras agencias de gobierno. En Ponce, por ejemplo, ubica un almacén primario propiedad del Departamento de Educación, y suple a varios de los municipios aledaños.
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En un encuentro con la prensa tras culminar la vista ejecutiva, de cerca de dos horas de duración, Rodríguez Aguiló subrayó que Román no le presentó el documentó a la comisión cuando declaró el pasado 30 de enero.
“Ese documento todos los municipios lo tienen, todas las agencias lo tienen. El documento lo tenía Elmer Román, nunca habló de él en la vista. Todos tienen acceso, incluyendo a la gobernadora”, puntualizó Rodríguez Aguiló.
Román, hasta el pasado 20 de diciembre, fungió como secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), al que está adscrito Nmead.
Asimismo, según el también portavoz de la mayoría cameral, Acevedo les indicó que durante la emergencia fue asignado a Ponce, en lugar de a la sede del Centro de Operaciones de Emergencias, en San Juan, donde, alegó, era Román quien coordinaba la respuesta a nivel central.
A juicio del legislador, ese “disloque” en las funciones asignadas a cada funcionario permitió que se creara una “estructura paralela”, mediante la cual algunas solicitudes de suministros de parte de los municipios se realizaban de manera informal, y no a través del llamado formulario 113.
Tras el terremoto del 7 de enero, la gobernadora Wanda Vázquez designó a Román como el ‘state coordinating officer’ para el manejo de la emergencia, lo que significa, en teoría, que podía impartir instrucciones por encima de Acevedo y del secretario desginado de Seguridad Pública, Pedro Janer.
A su salida de la vista, la abogada de Acevedo, Mayra López Mulero, indicó que su cliente está dispuesto a declarar en una futura vista abierta al público, si la comisión así lo requiere. El excomisionado Acevedo no hizo declaraciones a la prensa.
Según Márquez, ante las contradicciones en las declaraciones presentadas ante la comisión, es evidente que al menos algunos de los testigos han cometido perjurio.
“En este momento puedo decir que aquí se está mintiendo bajo juramento. Eso es perjurio. Quién (está mintiendo) finalmente, se adjudicará. Pero yo estoy convencido de que aquí hay una negligencia institucional y responsabilidad oficial y personal en cada uno e estos funcionarios en el manejo de la emergencia”, sostuvo Márquez.
Por su parte, la representante novoprogresista María Milagros “Tata” Charbonier afirmó que, dada la larga trayectoria en el servicio público de Acevedo, se inclina a confiar en su testimonio.
“Siempre le he creído. Porque sé que es un buen funcionario público. Lo ha sido por 27 años. (Román) tendrá que explicar si mintió. Pero las personas son completamente diferentes”, dijo la legisladora.
Entre los que han declarado ante la comisión cameral se encuentran la secretaria de Justicia, Dennise Longo, el comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales, Héctor López Sánchez, el secretario del DSP, Janer, el exsecretario de Vivienda Fernando Gil y la exjefa de Familia Glorimar Andújar.
El 18 de enero, cuando transcendió la existencia del almacén del Nmead en La Guancha, Vázquez despidió a Acevedo y ordenó una investigación administrativa que realizó el NIE y fue entregada dos días después. Los hallazgos fueron referidos al Departamento de Justicia y, hasta la fecha, tanto esa agencia como el NIE se han negado a entregar el documento a la legislatura, amparados en la confidencialidad de las investigaciones en curso.
