Un juez federal en Maryland prohibió a las autoridades migratorias arrestar, detener o deportar a inmigrantes que buscan obtener estatus legal por la vía del matrimonio con un ciudadano estadounidense.
El juez George J. Hazel emitió su orden el viernes después de que seis parejas acusaron a las autoridades migratorias de citar a las parejas para entrevistas en Baltimore a fin de detener a la persona migrante para deportarla. Hazel también le ordenó al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) dejar en libertad a inmigrantes que se casaron con ciudadanos estadounidenses pero que no habían completado el proceso para obtener la residencia.
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Las leyes permiten que los ciudadanos estadounidenses legalicen el estatus de su cónyuge en caso de que se encuentre en el país sin permiso legal, incluso si tienen órdenes de deportación en su contra. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que representa a las parejas de Maryland, denunció que agentes de inmigración han deportado “cruelmente” a cónyuges tras las entrevistas en pareja.
La primera etapa del proceso para normalizar el estatus de una persona en esos casos usualmente tarda meses, y busca determinar que se están casando legítimamente. Si la pareja pasa la entrevista y obtiene otras certificaciones, el cónyuge inmigrante debe salir del país para una entrevista en un consulado en el exterior. Sólo una vez que reciben la visa pueden regresar legalmente a Estados Unidos.
No queda claro cuántas personas han conseguido la residencia legal estadounidense en base a esas normas aprobadas bajo la presidencia de Barack Obama, y creadas para minimizar el tiempo que la pareja está separada.
“Esta orden es en el interés público porque requiere que los responsables acaten sus propias normas y regulaciones, prohíbe acciones arbitrarias contra comunidades inmigrantes vulnerables y minimiza el impacto emocional y financiero sobre las familias participantes”, escribió Hazel.
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El ICE no respondió de inmediato a una solicitud de comentario. El año pasado, el gobierno respondió a la demanda afirmando que ese tribunal no tenía jurisdicción sobre el tema y que las denuncias “probablemente no prosperarán”.
El fallo abarca sólo a los residentes de Maryland, pero la ACLU está presentando una denuncia similar en Massachusetts.
