Ante la negativa del Departamento de Justicia y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) de entregar el informe preliminar sobre el manejo del almacén de suministros en Ponce, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, presidente de la comisión cameral que investiga la respuesta del gobierno a la emergencia por terremotos, adelantó que el cuerpo legislativo recurrirá a los tribunales para obtener el documento.
En una vista pública de la Comisión Especial para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia, la secretaria de Justicia, Dennise Longo, insistió que el informe preliminar realizado por el NIE, y completado el pasado 20 de enero, forma parte del “sumario fiscal” de la investigación que tiene a cargo la División de Integridad Pública y, como tal, no puede ser divulgado.
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Por su parte, el comisionado del NIE, Héctor López Sánchez, señaló que su dependencia otorgará “deferencia” al Departamento de Justicia sobre la posibilidad de revelar el contenido del informe.
Durante su turno de preguntas, Rodríguez Aguiló sostuvo que la comisión requerirá, so pena de desacato, el documento, que fue el resultado de una investigación que la gobernadora Wanda Vázquez ordenó el 18 de enero, fecha en que ciudadanos descubrieron un almacén de suministros en Ponce que, presuntamente, no estaba siendo utilizado debidamente por el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead)como parte de la respuesta al desastre provocado por la actividad sísmica en el sur.
Al trascender el hallazgo del almacén, Vázquez despidió al entonces comisionado de Nmead, Carlos Acevedo.
Según Rodríguez Aguiló, el reclamo de confidencialidad de Justicia y el NIE es una “invitación” a que la Legislatura presente un recurso legal que obligue a las agencias a proveer el informe.
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En su ponencia, Longo se amparó en un artículo de la ley orgánica del Departamento de Justicia, en la que se establece que “la información obtenida como resultado de la investigación realizada es confidencial y debe mantenerse en un expediente investigativo, el cual no puede ser objeto de inspección, examen ni divulgación mientras se conduce la investigación”.
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El presidente de la comisión, asimismo, cuestionó la afirmación que realizó ayer Longo, a los efectos de que la investigación sobre el manejo de suministros podría demorar de “dos a tres años”.
“Se da la impresión de que va a ocurrir lo mismo que con los furgones y suministros luego del huracán María. (Las irregularidades) generaron primeras planas y luego (las investigaciones) quedaron en nada. Eso es lo que queremos evitar”, dijo el representante novoprogresista.
Longo subrayó que sus expresiones no necesariamente representaban una expectativa sobre el periodo que podría tomar esta investigación en particular.
“Todas las investigaciones tienen su ritmo”, dijo Longo, al agregar que, desde el día que el informe preliminar fue referido a Justicia, los fiscales han trabajado “arduamente para tener esto con premura”.
Aunque la investigación sobre el manejo de suministros ha sido caracterizada como “administrativa”, tanto Longo como López Sánchez recalcaron que las dependencias no hacen una distinción entre pesquisas administrativas o criminales durante el proceso de recabar información.
El representante independentista Denis Márquez cuestionó por qué las agencias del ejecutivo se negaban a ofrecer información sobre el informe preliminar, cuando ya el nominado secretario de Estado, Elmer Román, había suministrado a la comisión una carta en la que informaba a la gobernadora que coincidía con la recomendación del NIE de referir los resultados a la Justicia.
Según Márquez, al proveer copia de la misiva, Román “hizo interpretaciones del informe públicamente”.
El legislador también puntualizó que López Sánchez, como jefe del NIE, no responde al Departamento de Justicia y, por lo tanto, no debía tener impedimento para proveer directamente copia del informe.
Sin embargo, López Sánchez alegó que la ley que creo el Departamento de Seguridad Pública –al cual se adscribe el NIE– sí impone ciertas restricciones en el manejo de la información producto de investigaciones.
El portavoz del Partido Popular Democrático en la comisión, Rafael “Tatito” Hernández, argumentó que López Sánchez violentó las órdenes de Vázquez al remitir el informe a Román, además de referirlo a Justicia. Antes de ser nominado a la secretaría de Estado, Román, fue secretario del DSP, que supervisa las labores del Nmead.
López Sánchez planteó que la mandataria había designado a Román como el encargado de supervisar la investigación, que debía completarse en un plazo de 48 horas.
