SANTIAGO, Chile – La Cámara de Diputados de Chile votaba el miércoles un proyecto para permitir a los chilenos expresarse en un plebiscito para reemplazar la Constitución legada por la dictadura militar, uno de los logros de un poderoso movimiento social que desde hace dos meses convulsiona el país.
Presionado por las protestas, el gobierno centroderechista de Sebastián Piñera mejoró levemente las pensiones de los ancianos más pobres y ajustó en 16% los ingresos mínimos de unos 400.000 trabajadores. También ofreció ajustes que están en discusión en el Congreso.
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La revuelta del 18 de octubre, que dañó la mayoría de las estaciones del subterráneo, unos 300 grandes supermercados, decenas de farmacias y que, en las semanas siguientes, afectó a unos 15.000 pequeños comercios, llevó a Piñera a implementar un estado de emergencia y toque de queda que abarcó la mayoría del país y se prolongó por nueve días. Luego, el control del orden público volvió a la policía.
“En medio de esta ola de violencia surgió en Chile… el mayor movimiento social de nuestra historia reciente”, escribió Piñera en una columna publicada el miércoles por The New York Times. Las protestas, dijo el mandatario, se expresan “legítimamente contra las desigualdades excesivas, las bajas pensiones, la calidad y el costo de los servicios públicos, los abusos en el suministro de bienes y servicios y otros problemas que se venían acumulando desde hace décadas”.
Enumeró también su agenda social, que contiene mejoras para las pequeñas y medianas empresas, reducciones en precios de medicamentos, estabilización en los precios de los pasajes del transporte público, agua y electricidad, aumento a un impuesto de quienes ganan sobre 10.500 dólares mensuales y una rebaja simbólica temporal de los altos ingresos de los 198 parlamentarios.
Claudia Muñoz, vendedora de 43 años, dijo a The Associated Press que “las mejoras son un parche, no ayudan a la clase media, seguimos tan mal como antes”.
“Gran parte de los pocos logros, de las pocas respuestas que el mundo político ha podido dar en este tiempo no provienen precisamente de La Moneda (el palacio de gobierno), más bien han provenido del Congreso”, criticó el presidente del Senado, el opositor Jaime Quintana, en alusión al trabajo parlamentario nunca visto desde la reapertura del Congreso, en 1990, que permaneció cerrado desde el golpe militar de septiembre de 1973.
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El presidente de los empleados públicos, José Pérez, señaló que “el gobierno sigue sin oír el clamor que está expresado en cuestiones súper concretas”, como cambios estructurales al sistema primado de pensiones y a la salud pública, que atiende a 80% de los 18 millones de chilenos.
Quintana recordó además “los serios reproches que pesan sobre Chile por las violaciones a los derechos humanas registradas durante los últimos dos meses”.
Piñera afirmó en su columna que “nuestro gobierno tomó todas las medidas y precauciones necesarias para garantizar el máximo respeto de los derechos humanos de todos”. Sin embargo, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras sendas visitas a Chile, afirmaron que desde el 18 de octubre se han registrado graves violaciones a los derechos humanos que incluyen miles de detenidos y heridos, abusos sexuales, amenazas de desaparición y 352 personas afectadas en sus ojos por lesiones o traumas en medio de una severa represión policial a las protestas multitudinarias.
Felipe Guevara, intendente (gobernador) de Santiago, anunció la víspera que, “tendremos tolerancia cero con manifestaciones no autorizadas en bienes nacionales de uso público”. Las protestas terminan con una severa represión policial.
El movimiento social, que carece de voceros, no pide permiso para manifestarse en una céntrica plaza de la capital chilena que en las últimas semanas han bajado en magnitud, aunque reviven cada viernes. El viernes 25 de octubre se reunieron más de 1,2 millones de personas, y decenas de miles el viernes último.
