Crisis del gas natural podría costarles más de $80 millones a los consumidores entre diésel y cargos a New Fortress

La audiencia técnica ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para determinar el impacto de la crisis del gas natural expuso conflictos estructurales, deficiencias en la supervisión y la posibilidad de que los consumidores paguen dos veces: una por combustible de emergencia y otra por gas que nunca llegó.

Genera PR confirmó que la interrupción en el suministro de gas natural, que atribuyó a una orden de los prácticos de la Bahía de San Juan y a una orden judicial federal que impide la entrada del buque Amur River, ya ha requerido compras de emergencia para satisfacer la necesidad de 95,000 barriles de diésel y combustible tipo C para mantener operativas las unidades generadoras. José Carrasco, del equipo de combustibles de Genera, declaró que el cambio podría representar un costo adicional de aproximadamente 14 millones de dólares, pero la empresa aún no puede estimar el impacto total debido a que se desconoce la duración de la escasez de gas.

El Negociado de Energía cuestionó a los operadores sobre lo que denominó una “contradicción estructural”. Puerto Rico está pagando más por el diésel debido a la escasez de gas natural, pero el contrato con New Fortress Energy sigue acumulando cargos por el gas no consumido. Según el acuerdo, New Fortress tiene garantizado el pago por un volumen mínimo anual de gas natural, independientemente de si el combustible se entrega o se utiliza. Si el sistema de generación eléctrica de Puerto Rico no alcanza el volumen mínimo de 40 TBtu en un año determinado, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) está obligada contractualmente a pagar por ese umbral.

Funcionarios de LUMA reconocieron que, según los patrones de generación actuales y la disponibilidad de unidades, el déficit podría alcanzar los 5.7 TBtu para fin de año. Raphael Gignac, vicepresidente de operaciones de LUMA, estimó que el cargo resultante podría ascender a unos 67 millones de dólares a los precios actuales del mercado. “Esto se basa en la información que tenemos hasta ahora”, afirmó, señalando que la cifra refleja los cálculos internos de LUMA con datos proporcionados por Genera.

El presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés Deliz, subrayó la contradicción: “Por un lado, no tenemos gas para las plantas… y por otro, están acumulando… 63 millones”, dijo, refiriéndose a la estimación del cargo. Advirtió que los reguladores deben determinar si el público debe asumir esos costos, especialmente si el incumplimiento de los niveles mínimos de consumo se debe a deficiencias operativas.

La audiencia también aclaró el papel de la 3PPO, la Oficina Independiente de Adquisiciones, que es la administradora formal del contrato de New Fortress. La 3PPO es responsable de verificar los volúmenes de gas, coordinar las entregas y garantizar el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. “La administradora del contrato es la 3PPO”, dijo el director ejecutivo de la AAPP, Josué Colón, enfatizando que ni Genera ni New Fortress deberían ser responsables de validar los datos de entrega de combustible de la otra.

Avilés Deliz expresó su preocupación por la participación de Genera, subsidiaria de New Fortress Energy, en la verificación de las transacciones de combustible del proveedor. Advirtió que este acuerdo genera un conflicto de intereses inherente, y afirmó que el Negociado solicitaría auditorías de todos los registros de transferencia de combustible. También solicitó la verificación periódica por parte de terceros de la calibración de los medidores y las mediciones de combustible para prevenir errores o manipulaciones. “Es necesario contar con un tercero que garantice que lo que se paga es lo que corresponde”, declaró.

Colón señaló que las transferencias de gas se miden mediante medidores certificados, no con lecturas manuales, pero coincidió en que la verificación independiente debería incorporarse a las auditorías de cumplimiento. Añadió que Genera tiene la obligación contractual de mantener las unidades de gas disponibles para cumplir con los niveles mínimos de consumo. Si las unidades estuvieran fuera de servicio debido a fallas atribuibles a Genera, indicó, los consumidores no deberían asumir el costo de ningún cargo por incumplimiento del mínimo.

LUMA explicó que los contratos de generación renovable exigen que los recursos solares y eólicos se despachen primero, lo que limita las horas disponibles para las unidades de gas. Aun así, LUMA afirmó que las decisiones de despacho se basan en la disponibilidad y el costo de las unidades, y que las unidades de gas se incorporan siempre que sea posible. La empresa reconoció haber realizado análisis sobre si se pueden cumplir los niveles mínimos de consumo, pero recalcó que el despacho no puede anular las obligaciones contractuales.

Los funcionarios también brindaron una explicación detallada del acuerdo de tolling y la cláusula take-or-pay. Colón describió la tarifa de tolling como el cargo por usar la infraestructura de gas natural licuado de New Fortress, desde la descarga de buques y la regasificación hasta el almacenamiento criogénico.