El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez aseguró el lunes que el gobierno de Wanda Vázquez Garced es la continuidad del gobierno que dejó Ricardo Rosselló.
“La credibilidad del gobierno de Puerto Rico está lacerada a un nivel antes visto. Reestablecerla y sanearla va a tomar mucho tiempo, disciplina y esfuerzo conjunto para que los señalamientos por corrupción, la renuncia de funcionarios en medio de investigaciones federales, la contratación desproporcionada de hijos de políticos y miembros del gabinete, entre tantos ejemplos, no sea lo que rija la administración del país”, señaló Tatito Hernández en conferencia de prensa.
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“Estamos ante un momento en que cada poder constitucional tiene que hacer su parte: alcaldes, judicatura, ejecutivo y legislativo. Por eso, nosotros desde la Legislatura proponemos los siguiente:
– Realizar talleres integrados sobre las comisiones de delito desde el punto de vista electoral, laboral, ético y criminal. Es importante que se adiestre al funcionario electo y los aspirantes.
– Establecer un plan de retribución y clasificación que se utilice como guía en la Asamblea Legislativa para la estructura administrativa de las oficinas, que incluya recomendaciones prudentes del promedio de salarios.
– Prohibir los contratos por servicios profesionales para funciones administrativas.
– Que el registro de cabilderos incluya los clientes que representa.
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– Publicar mensualmente en internet las facturas de los contratistas.
– Que las querellas y situaciones contra representantes vayan directamente a la Comisión de Ética sin investigación previa o intervención”, expresó el representante.
El legislador hizo un recuento de las últimas renuncias de funcionarios, destacando que bajo el mandato de Rosselló hubo 59 renuncias en un periodo de 32 meses y que la administración de Vázquez Garced lleva cinco bajas en un periodo de tres meses, que equivalen a más de 1.5 por ciento de bajas al mes.
Estas bajas son: Tania Vázquez, ex secretaria del Departamento de Recursos Naturales, quien es investigada por las autoridades federales; Ricardo Llerandi, exdirector ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación, quien además de formar parte del inmoral chat del exgobernador, también quedó grabado para récord pidiendo donativos para la campaña electoral de Rosselló; de igual forma, el despido del exjefe del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Erick Rolón, por serias irregularidades en los procesos de subastas y la sospechosa muerte de varios confinados; y el despido de la excomisionada del Negociado de Ciencias Forenses, Beatriz Zayas, luego que esta no explicara las razones por la que unos vehículos adquiridos por el negociado no estuvieran funcionando por falta de marbetes, tablillas y permisos de la Administración de Servicios Generales.
“Vemos cómo se repite el patrón de funcionarios señalados e investigados por diferentes irregularidades administrativas, sin embargo, se ha dado la impresión que con sus renuncias o despidos estas investigaciones quedaron en el limbo, y al día de hoy, no conocemos el estatus de las mismas”, expresó Hernández Montañez.
De otra parte, el representante cuestionó la contratación de varios hijos e hijas de políticos y miembros del gabinete. “Ejemplo de esto son las contrataciones del hijo de la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy y las hijas de la propia Gobernadora”. Asimismo, dijo que “las prioridades de administración se han centrado en adelantar la causa ideológica de la estadidad por encima de las verdaderas necesidades que tienen los puertorriqueños”, acotó.
“Wanda Vázquez le ha fallado al país. La delegación del PPD y el pueblo le dieron el espacio para desvincularse de la terrible política pública de Rosselló y la inestabilidad que creó Pedro Pierluisi; también, se le brindó la oportunidad para que reconstruyera la maltrecha credibilidad del Gobierno, pero estos datos evidencian que el patrón continúa”, manifestó el legislador popular.
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“Lo que estamos exigiendo hoy es que la Legislatura tome acciones correctivas, que las investigaciones legislativas o judiciales terminen y que no se dé paso a la impunidad. Si la Legislatura decide colgar los guantes, el aparato de Justicia tiene que cumplir con su deber. Los señalamientos por corrupción no pueden quedar en el aire por el hecho de que los funcionarios hayan renunciado, estos deben pasar por el proceso y rendir cuentas a Justicia estatal o federal. Entre tanto, nosotros cumpliremos con el deber al que fuimos llamados, a trabajar para garantizar una sana administración pública y devolverle a Puerto Rico su credibilidad”, culminó.
