En medio de la discusión judicial en torno a la validez de los nombramientos a la Junta de Control Fiscal, un grupo de ciudadanos se manifestó hoy para pedirle al Tribunal Supremo federal que anule las decisiones que ha tomado el ente federal hasta el momento.
La vista de argumentaciones orales se celebró hoy a las 10:00 a.m. y duró unos 80 minutos. Los demandantes, encabezados por la abogada Jessica Méndez en representación de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego (Utier), argumentarían que el máximo foro judicial debe reiterar la inconstitucionalidad de los nombramientos a la JCF y que anule las decisiones del ente fiscal. En febrero, el Tribunal de Apelaciones en Boston decidió que los nombramientos de los integrantes de la JCF fueron inconstitucionales debido a que sus designaciones no siguieron la cláusula de nombramientos de la Constitución de Estados Unidos, que requiere el nombramiento del presidente y luego la confirmación del Senado.
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La manifestación —liderada por la Utier— comenzó alrededor de las 11:00 a.m. frente a las instalaciones del Tribunal Federal en Hato Rey e insistieron en su pedido de que los nueve jueces del foro judicial federal declare inconstitucional los nombramientos de los siete integrante de la JCF. Fredison Martínez, vicepresidente de la Utier, se mostró confiado en que la colectividad prevalezca en el Tribunal Supremo federal. La empresa Aurelius Investment —representados por el abogado Theodore Olsen— también figura como demandante en el pleito y aboga por la inconstitucionalidad de las designaciones.
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“Estamos perfectamente confiados de prevalecer [en el caso]. Tenemos los argumentos, tenemos los abogados muy bien preparados…Si ya la Junta fue declarada ilegal, un error de hecho no da derechos, por lo tanto, todas las decisiones de la Junta deben declararse nulas”, planteó el líder obrero.
Opinó, además, que los acuerdos y decisiones tomadas hasta el momento por la Junta no han favorecido a la clase trabajadora del país ya que ha significado los recortes en pensiones y otros beneficios para empleados públicos. “Lo que se negoció es nefasto y simplemente esto hay que sacar del medio a Promesa y a la JCF, y empezar de nuevo a trabajar con esto”, indicó.
Previo a las vistas orales, el gobierno federal y el de Puerto Rico, defendieron la constitucionalidad de los nombramientos y advirtieron que un resultado adverso podría significar que el gobernador y los legisladores necesiten ser confirmados y ratificados por el Senado federal. En agosto, el Gobierno de Puerto Rico planteó que no se puede aplicar esa cláusula en la designación de los integrantes de la JCF debido a que son oficiales “territoriales” y no oficiales “federales”.
El Gobierno argumentó, además, que la Ley Promesa no extendió poderes federales al ente fiscal.
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“La Cláusula de Nombramientos no gobierna a los nombramientos de los integrantes de la Junta debido a que el Congreso solo les otorgó poderes de naturaleza territorial. Bajo Promesa, los integrantes de la Junta no son oficiales de Estados Unidos, sino oficiales del Gobierno territorial de Puerto Rico”, reza la demanda.
Asimismo, alegaron que, de confirmarse que los nombramientos fueron inconstitucionales, se podría cuestionar la legitimidad del propio Gobierno electo de Puerto Rico y otros territorios, como el Distrito de Columbia, la capital federal.
El Tribunal Supremo federal está compuesto por la juez de origen puertorriqueño, Sonia Sotomayor y los jueces Stephen G. Breyer, Clarence Thomas, John G. Roberts, Jr., Ruth Bader Ginsburg, Samuel A. Alito, Elena Kagan, Neil M. Gorsuch y Brett M. Kavanaugh. Estos últimos dos fueron nombrados por el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
