Colectivo pide a Gobernadora que detenga fusión de navieras

Junte de Voluntades pidió una reunión con Vázquez Garced a fin de discutir la fusión de las empresas Puerto Rico Terminals (PRT) y Luis Ayala Colón (LAC)

Por Metro Puerto Rico

El licenciado Mark Anthony Bimbela, portavoz del colectivo Junte de Voluntades, emplazó hoy a la gobernadora Wanda Vázquez Garced a  que desautorice al director de la Autoridad de los Puertos, Anthony Maceira, en el acuerdo que fusionaría las empresas de transporte marítimo Puerto Rico Terminals (PRT) y Luis Ayala Colón (LAC), bajo el nombre de Puerto Nuevo Terminals (PNT), y le concedería a esta la operación total de los muelles de San Juan.

El grupo aseguró que, bajo este nuevo acuerdo, conocido como el “Agreement No. 201292”, PNT manejaría aproximadamente el 80% de la carga marítima que llega al puerto en contenedores, y 11 de las 14 grúas en el Puerto de San Juan. Mientras,  Crowley se quedaría con el restante 20% y sólo tres grúas. A ambas empresas, se les ha señalado por ponerse de acuerdo para fijar precios y oferta en la carga marítima doméstica.

“Siendo Puerto Rico una isla que depende del transporte marítimo para todo su comercio y su viabilidad económica y alimentaria, resulta un escándalo bochornoso el que la Autoridad de los Puertos haya convenido el control del 100% de los muelles en San Juan precisamente, con varias empresas navieras que luego del paso del huracán María se opusieron a que barcos con bandera internacional trajeran mercancías a Puerto Rico”, expresó Bimbela durante una conferencia de prensa, celebrada en la sede del Colegio de Abogados y Abogadas, en Miramar.

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“Es inverosímil que, después de semejante historial de abuso, la Autoridad de los Puertos les recompense con en el control absoluto del Puerto de San Juan”, indicó por su parte, Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA).

Asimismo, el grupo detalló que en Puerto Rico, la operación de los terminales portuarios, contaba con cuatro empresas: Intership, Tote Maritime y Crowley, y Luis Ayala Colón (LAC), que da servicio a barcos internacionales y otras navieras más pequeñas. En el 2016, Tote se hizo del control de la parte del muelle de Puerto Nuevo que operaba la empresa Intership mediante acuerdo colaborativo bajo el nombre de PR Terminals.

Ahora, Tote continúa su expansión suscribiendo el “Agreement 201292”, por parte de Puerto Rico Terminals (PRT) y Luis Ayala Colón (LAC), en virtud del cual se crea la Puerto Nuevo Terminals (PNT) para operar la totalidad de los terminales portuarios y almacenaje de “containers” en el área de Puerto Nuevo. Esto reduce el número de operadores de terminales en San Juan a dos, uno operando los muelles en la zona de Puerto Nuevo y otro, Crowley, operando los muelles localizados en la zona aledaña a la isleta de San Juan.

Piden transparencia

Ambos argumentaron que con dos transacciones carentes de transparencia o discusión pública, la Autoridad de los Puertos está entregando el futuro económico de la isla a las mismas empresas que además admitieron haber violado las leyes de monopolio para hacer daño a la economía local y consumidores entre 2011 y 2012.

Por tratarse de una transacción que a su juicio es monopolística, el acuerdo fue sometido por las empresas participantes ante la Comisión Marítima Federal (CMF) para que determinase si le aplicaba alguna de las excepciones que la ley marítima federal otorga a ciertas prácticas, que de otra forma, serían violaciones a las leyes de monopolio. El organismo expresó la semana pasada tener “serias preocupaciones” por los efectos del acuerdo, y sus comisionados no se pudieron poner de acuerdo en si la agencia tenía jurisdicción.

“Esto no debe interpretarse como una aprobación, y resulta alarmante que lo que tanto le preocupa a la CMF, sea ignorado por el Gobierno de PR”, expresó Reyes.

Asimismo, el expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico destacó que los terrenos donde ubicarán las operaciones de estas dos empresas son propiedad del pueblo de Puerto Rico, así como parte de la infraestructura que allí se encuentra. “Este hecho le permite al Gobierno de Puerto Rico, en lugar de allanar el camino a este acuerdo, levantar su voz en contra, además de lo que ya han establecido o puedan establecer agencias federales”, recalcó.

Piden acción

El grupo -que reúne a personas y organizaciones de la sociedad civil opuestas a la aplicación en Puerto Rico de las leyes de cabotaje de Estados Unidos- solicitó a la gobernadora que investigue las expresiones de Maceira en torno a una supuesta inversión en los muelles, a realizarse por la nueva empresa, y que no está incluida en los documentos de esta transacción.

Igualmente, hicieron un llamado al Gobierno a que, como dueño de los terrenos, detenga toda cesión o enajenación de espacios portuarios hasta que la gobernadora tenga la oportunidad de evaluar las transacciones, que vienen desde antes de su llegada a La Fortaleza.

“Confiamos en sus expresiones exigiendo y prometiendo transparencia gubernamental, y esperamos nos otorgue una reunión urgente. Esta controversia presenta una excelente oportunidad para que la gobernadora demuestre su palabra con acción”, sostuvo Bimbela.

Exigieron además que el Departamento de Justicia y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) lleven un recurso de interdicto preliminar inmediato para detener la transacción mientras culmina la investigación que realiza la Oficina de Asuntos Monopolísticos.

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