Presentan demanda para que retiren inmediatamente escoltas de Rosselló

Un abogado argumenta que la designación de los agentes fue inconstitucional

Por Metro PR

El abogado Orlando José Aponte Delgado presentó una demanda para que se retiren inmediatamente las escoltas a Ricardo Rosselló Nevares, quien el pasado 2 de agosto renunció a la gobernación.

De acuerdo al ciudadano, al declararse inconstitucional la juramentación de Pedro Pierluisi como primer mandatario, todas sus decisiones son nulas, incluyendo la designación de varios agentes para brindar seguridad a Rosselló Nevares en los Estados Unidos.

De ordinario, el gobierno no otorga servicios de escoltas a los exgobernadores que se encuentren fuera de la isla. Según la demanda, esto está contenido en la Orden General de la Policía de Puerto Rico, documento que establece los parámetros para que la Oficina de Seguridad y Protección provea escolta a los funcionarios de alta jerarquía del que han sido autorizados por el Superintendente. De acuerdo al recurso legal, en esas normas se expresa categóricamente que: “No se proveerá escolta fuera de la jurisdicción de Puerto Rico.

Ante unas supuestas amenazas contra Rosselló Nevares, Pierluisi firmó una orden para avalar que Henry Escalera, comisionado del Negociado de la Policía, asignara agentes para velar por su seguridad.

“La actuación unilateral y ultra vires del Lcdo. Pierluisi Urrutia al impartirle instrucciones al Comisionado de la Policía Henry Escalera Rivera para que provea escolta al gobernador renunciante Rosselló Nevares fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, sin cumplir con los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios representan una clara violación a la sección 9 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, cita el documento presentado ante el Tribunal de San Juan.

De la misma forma, el abogado sostuvo en su demanda que Rosselló Nevares no cualifica para los beneficios que concede la Ley que creó la Oficina de Servicios a Ex Gobernadores, porque dimitió a su cargo y no cumplió su término de cuatro años en el cargo.

El demandante argumentó que es “un ciudadano afectado por el reciente cierre de diferentes Cuarteles de la Policía, muy particularmente el Destacamento del Hayales en la línea divisoria de Coamo y Barranquitas, y como tal está interesado en la ejecución y protección del derecho e interés público. Es su intención, deseo y propósito que se hagan cumplir las Leyes de Puerto Rico, así como su Constitución”.

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