La presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, reafirmó ayer que no tiene ningún tipo de injerencia en los contratos que desde el 2011 ha mantenido su esposo con el Departamento de Educación, y confirmó, además, que su hija y su hermana también han tenido contratos con la agencia.
No obstante, Díaz puntualizó que considera que no hay conflictos porque ella no ha tenido injerencia en las contrataciones.
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A preguntas de Metro, la presidenta del sindicato magisterial confirmó: “En una ocasión, una hermana que yo tengo había tenido [contratos] hace años”. También dijo que su hija “tuvo un contrato en Fondos Federales, pero hace muchos años, por unos meses”.
De acuerdo con el Registro de la Oficina del Contralor, su hija Yarimir Rodríguez Díaz tuvo un contrato de servicios de consultoría administrativa con Educación por $124,000 desde el 4 de agosto de 2014 hasta el 30 de junio de 2015.
En conferencia de prensa, Díaz sostuvo: “Se ha querido hacer ver que hay un conflicto porque mi esposo tiene una compañía que da asesoría, prepara propuestas y corre propuestas. Siempre ha sido la política nuestra y de la Asociación que los dineros de fondos federales que vienen para correr propuestas deben ser administrados y dirigidos por los mismos maestros”.
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Añadió que su esposo tiene una maestría en Administración y Supervisión Escolar, ha sido recurso para acreditar escuelas, para hacer propuestas e hizo una compañía luego de vender su propio colegio.
La líder sindical reaccionó a la publicación de Metro ayer en la que se reseñó que la empresa de su esposo, Eusebio Rodríguez, de nombre Iniciativa para el Desarrollo Educativo y Aprendizaje, ha mantenido por ocho años contratos con el Departamento de Educación, que en total suman $4.7 millones.
Aseguró que el salario de su esposo como parte de la propuesta más reciente fue de $26,180 por 119 días de servicio.
“Yo no intervengo en esa compañía. Esa compañía la corre mi esposo con su hijo, hijo de otro matrimonio. Yo no sé ni siquiera los nombres de las personas que trabajan allí, como dije ayer”, planteó Díaz. Incluso, mostró ante cámaras sus chequeras personales, al identificar que son cuentas diferentes. “No uso un centavo de esto, y él no puede usar un centavo de lo mío, a menos que esté enfermo y lo necesite”, alegó. Explicó que Rodríguez es miembro de la Asociación, “viene aquí, pero no corre ningún puesto dentro de la Asociación, no usa fondos de la Asociación ni mucho menos”.
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Expuso que los contratos —que han sido otorgados por ocho años y han variado entre los $250,000 hasta $622,000— se dan en la modalidad de que la entidad tiene que gastar el dinero y la Oficina de Fondos Federales del DE reembolsa el dinero.
Detalló que la propuesta va dirigida a sacar escuelas de la lista de plan de mejoramiento, y que una vez logra el objetivo, se mueve a otra escuela en la que se identifique la necesidad. A la vez, mencionó los pasos por los que atraviesan las propuestas antes de la firma del secretario o secretaria de Educación, por lo que —indicó—la injerencia del titular de la agencia es mínima. Precisó que los contratos son auditados por personal del Departamento de Educación a través de la Oficina de Asuntos Federales. Aseguró que nunca le ha mencionado a secretario o secretaria del DE alguno que su esposo tiene contratos con la agencia.
La presidenta de la AMPR dijo que no renunciará, al asegurar que eso es lo que busca una persona cuya identidad se negó a revelar. “Han tirado esto al medio para, sencillamente, desviar la atención de lo que es importante en estos momentos”, sostuvo.
Educación detalla contratos
El secretario de Educación, Eligio Hernández, detalló que muchas propuestas bajo Título IV Parte B, cuentan con fondos de continuidad, como la que obtuvo Eusebio Rodríguez, por lo que sería renovada para este año.
“Este tipo de proyectos esencialmente es para brindar servicios en horario extendido, asistencia académica, área deportiva o artes, que ayuden al estudiante académicamente”. Explicó que los fondos se brindan a través de dos adelantos y la última partida se ofrece por reembolso.
Como único el DE cancelaría contratos sería por violación a normas establecidas, incumplimiento con cánones del contrato o que haya sido convicto en foro federal o estatal. Indicó que las evaluaciones del DE a la empresa de Rodríguez siempre han sido satisfactorias.
Aseguró que la figura del secretariado de Educación tiene poca injerencia en el proceso de adjudicación.
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