Ante las incesantes protestas y reclamos de que el gobernador Ricardo Rosselló renuncie, ayer el Departamento de Justicia diligenció órdenes de registro contra los funcionarios que participaron en el chat de Telegram. Incluso, el celular del primer ejecutivo fue revisado por oficiales, según confirmó Fortaleza.
La jueza Yazdel Ramos ordenó ayer so pena de desacato que los integrantes del chat de la red de mensajería Telegram del gobernador Ricardo Rosselló Nevares entreguen sus teléfonos.
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“Se confirma que ayer el tribunal autorizó ordenes de registro y hoy se están diligenciando. Por ser una investigación en curso, no se emitirán comentarios adicionales”, indicó la portavoz del Departamento de Justicia, Mariana Cobián Rodríguez.
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Mientras tanto, aunque la portavoz de prensa de La Fortaleza, Michelle de la Cruz, confirmó a Metro que el celular del gobernador fue revisado, pero no precisó cuándo ni qué agentes realizaron la investigación.
Sin embargo, este medio obtuvo la orden de registro diligenciada a Raúl Maldonado, exsecretario de Hacienda, en la que especifica que la División de Crímenes Cibernéticos solicitó a la jueza Yazdel Ramos que emitiera una orden de registro y allanamiento.
“A través de este “chat”, funcionarios públicos transmitieron información oficial y privilegiada a personas privadas, en posible contravención a las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental”, reza la declaración jurada de la agente Edna Cruz del Negociado de Investigaciones Especiales y citada por la jueza Ramos en su orden de allanamiento.
La agente Cruz indicó que no ha solicitado una orden de allanamiento contra la empresa Telegram —para que entreguen el contenido de la conversaciones— ya que resultaría en una respuesta negativa.
La semana pasada, el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi Cruz entregó el teléfono a los funcionarios de la División de Integridad Pública. Además, comparecieron Alfonso Orona y Ramón Rosario Cortés. El exsecretario de Hacienda, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y principal oficial financiero Raúl Maldonado Gautier a través de su abogada Mayra López Mulero rechazó entregar el teléfono y cuestionó la validez de la pesquisa.
