La Asociación Pro-Derechos del Confinado (Ñeta) expresaron el miércoles su preocupación ante la reducción impuesta por la Junta de Control Fiscal (JCF) al presupuesto del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DRC) por el efecto que tendrá sobre los servicios de salud de los confinados.
“La reducción impuesta al presupuesto del Departamento de Corrección y Rehabilitación para el año fiscal 2019-2020 y los ahorros requeridos por la Junta de Supervisión Fiscal afectará nuestros derechos humanos más básicos, en especial el Derecho a la salud, física y mental”, dijo la organización en un comunicado de prensa.
El grupo de confinados indicó que JCF ordenó recortar el 50 por ciento del presupuesto destinado al Programa de Salud Correccional, que representan unos 13 millones de dólares, que se suman a otros ocho millones de dólares que hubo que ahorrar el pasado año fiscal.
Explicaron que el costo promedio actual de los servicios de salud por confinado es de 6,000 dólares y que la Junta requiere que se reduzca a 3,000 dólares.
“En el mejor interés de la población, es vital conocer cuál es plan de Physician HMO para cumplir con los $3,000 que requiere la Junta sin que se afecten los servicios’, indicó la organización al señalar que los medicamentos para pacientes con HIV, condiciones serias de salud mental y condiciones crónicas como asma y diabetes no pueden verse afectados.
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La Asociación dijo que de acuerdo con Correctional Health Services, cerca del 70 por ciento del costo de todos los medicamentos que se dispensan en el sistema de salud correccional son destinados a fármacos antirretrovirales y psicotrópicos, medicamentos altos en costo; por lo cual controlarlos es difícil.
“Los problemas de salud mental representan sobre un 53 por ciento de la prevalencia en las condiciones de salud del confinado”, dijo la organización en el comunicado donde indican que juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Luis Estrella, denunció en una reciente opinión disidente, Pueblo v. Jorge Luis Moreau, 2019 TSPR 23, cómo la ausencia de servicios adecuados que sufren las personas sujetas a una evaluación de procesabilidad (Regla 240 de Proc. Crim.), violenta importantes Derechos constitucionales.
La organización dijo que el Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene una obligación indelegable de atender las necesidades de la población que tiene bajo su custodia y que una disminución en el presupuesto de esa envergadura colocaría al Estado en incumplimiento con las guías mínimas establecidas en el Medical and Mental Health Care Plan estipulado en el pleito de clase Morales Feliciano.
“No solicitamos lujos, lo que exigimos son condiciones de vida que no lesionen nuestra dignidad”, dijo la organización en su comunicado.
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